Con la participación del ministro de Producción, Francisco Cabrera, el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, y el jefe de la bancada Pro, Nicolás Massot, los diputados de Cambiemos Elisa Carrió (CC-ARI) y Mario Negri (UCR) brindaron una conferencia de prensa en la que anunciaron una reforma de la Ley de Defensa de la Competencia, que apunta a combatir la formación de monopolios y la cartelización.

La intención de Cambiemos es avanzar con un proyecto consensuado entre iniciativas de Carrió y Negri, e impulsar su tratamiento en un plenario de las comisiones de Defensa del Consumidor, Comercio, Legislación Penal y Presupuesto.

Al abrir el encuentro, Negri detalló la iniciativa y aseguró que esta propuesta “no es en contra de, sino a favor”. “Esto lo digo para los que piensan que el Gobierno está armando leyes para asustar”, sostuvo y aseguró que la ley beneficiará a los consumidores, que son los que siempre “lo terminan pagando”.

La jefa de la Coalición Cívica calificó al proyecto como un “adelanto enorme” y recordó que en la gestión kirchnerista nunca se abordó el tema. Carrió señaló que debe haber una “competencia clara y transparente entre las pymes”, y agregó: “Es cierto que hay concentraciones económicas que se van a terminar”.

“La Argentina con competencia es una Argentina que puede exportar, bajar los precios y subir la calidad”, expresó la legisladora y consideró que el apoyo del Poder Ejecutivo a esta ley es porque “hay diálogo, pluralismo, democracia y cooperación”.

Por su parte, Cabrera dijo que para el Gobierno nacional esta ley “es muy importante”. Además, destacó que hay que beneficiar a las pymes porque son ellas “las que generan empleo”.

“No vamos a poder generar empleo si no liberamos la cancha y permitimos que las pymes puedan competir”, manifestó el funcionario, quien además precisó: “Tenemos un plan productivo que tiene que ver con hacer más eficiente la economía y uno de los ejes es fomentar la competencia”.

Mediante la iniciativa se crea la Autoridad Nacional de la Competencia, un organismo descentralizado e independiente, en el ámbito del Poder Ejecutivo. La Autoridad estaría conformada por el Tribunal de Defensa de la Competencia, el titular de la Secretaría de Instrucción de Conductas y el titular de la Secretaria de Concentraciones Económicas.

A su vez, el Tribunal de Defensa de la Competencia estaría conformado por cinco miembros, de los cuales dos por lo menos deberían ser abogados y otros dos licenciados o con posgrados en Ciencias Económicas.

Con la propuesta de ley se prohíben todos los actos o conductas que distorsionen o influyan negativamente en las condiciones de mercado.

Sin embargo, se prevé un “Programa de Clemencia” para detectar carteles, esto es, un beneficio de exención o reducción de sanciones administrativas y civiles para las empresas que adhieran a este programa, en la medida en que aporten pruebas que permitan sancionar a los miembros del cartel.

Para la primer empresa que adhiera, se propone la exención total de la sanción, mientras que para las siguientes se promueve una reducción parcial.

Por otra parte, la iniciativa crea la Subsecretaría de Fomento a la Competencia, en el ámbito de la Secretaria de Comercio de la Nación, que debería administrar un “Fondo de Fomento de la Competencia, destinado a financiar programas de capacitación, proyectos y la mejora de sistemas burocráticos del Estado con el objetivo de mejorar las condiciones de competencia.