Por María Paula Lopardo. A propósito de un nuevo incidente en la mina Veladero, la diputada nacional valora las respuestas de los estados nacional y provincial y reclama una “explotación cuidadosa” de parte de la empresa.
La empresa canadiense Barrick Argentina volvió a las primeras planas por una nueva falla en la seguridad de la explotación que lleva adelante en la mina Veladero, de San Juan. Hace un año, entre el 12 y 13 de septiembre, la misma empresa fue responsable del derrame de 1.000.000 de litros de agua contaminada en el río Blanco.
En esta oportunidad el ministro de Medio Ambiente, rabino Sergio Bergman, respondió a la situación enviando inmediatamente una delegación de expertos para que se realice in situ una ponderación del daño del desacople de un ducto. Por otra parte, el propio partido del Gobierno, en Diputados, ha pedido que el ministro informe sobre lo ocurrido.
En principio hay dos puntos iniciales que son importantes considerar en este asunto que requerirá tiempo para establecer las responsabilidades y actuar en consecuencia.
En primer término: La celeridad con que ha reaccionado el Gobierno Nacional y el provincial contrasta con las actitudes que se asumieron en la anterior administración nacional y provincial.
En segundo lugar: Las generaciones futuras merecen que toda explotación de los recursos naturales se realice en forma responsable, con la mejor tecnología disponible y de manera que la riqueza generada tenga una consecuencia en el progreso sustentable.
En el caso que nos ocupa, el Estado Argentino ha permitido que se explote la minería en el emprendimiento Veladero ubicado al noroeste de la provincia de San Juan, bajo la premisa de que dicha explotación se haría dentro de los cuidados necesarios, pero la empresa Barrick Argentina no lo ha hecho en dos oportunidades. Esta negligencia empresaria no invalida que en el mundo hay ejemplos notables de explotación minera responsable.
No rechazamos la actividad minera. Sí exigimos que esta actividad se realice en cumplimiento con la normativa que protege nuestro ambiente y la salud de nuestra gente. La realización de audiencias públicas en el marco de la evaluación de impacto ambiental, donde se garantice la participación ciudadana y el acceso a la información en debido tiempo y forma, el cumplimiento con los protocolos, planes de monitoreo y planes de contingencia, como algunas de las obligaciones que impone la ley de Residuos Peligrosos, no son una opción. Son una obligación. En estas cuestiones, en que está en juego nuestro ambiente, el aire que respiramos y el agua que consumimos, es mejor prevenir que curar. Por eso la enorme importancia de los recaudos a adoptar, del apego a las normas, de la legitimación de la voz de los ciudadanos y de la absoluta preminencia del principio de prevención en esta materia.
Es en este contexto que no se puede admitir que la compañía Barrick siga sin extremar todos los recaudos para asegurar una explotación cuidadosa, mientras esperamos que el peso de la Ley caiga sobre los responsables de los derrames en forma clara, rápida y ejemplar.
El daño emergente que sin dudas se ha sufrido no es sólo el potencial deterioro del ambiente humano, lo cual es gravísimo en sí mismo, sino la destrucción de la confianza de que es posible realizar una explotación minera en forma responsable y eficiente.
Los representantes del pueblo estamos preocupados. La reacción del Gobierno ha sido la adecuada y se esperan resultados e información.
*La autora es diputada nacional (Unión-PRO), por Capital Federal, especialista en Derecho Ambiental e integrante de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.
