La Cámara de Diputados aprobó con cambios el proyecto del programa “Argentina sin Narcotráfico”, que recibió 142 votos a favor y 59 en contra. Además, convirtió en ley el Consejo Federal de Precursores Químicos. Legisladores de distintos bloques reclamaron la legalización del Cannabis medicinal y una reforma integral de la Ley de Estupefacientes.
El frente Cambiemos consiguió aprobar con cambios en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que modifica la Ley de Estupefacientes y penaliza el desvío de precursores químicos, cuya suerte se definirá ahora en el Senado.
La iniciativa, que forma parte del programa “Argentina sin Narcotráfico”, obtuvo este miércoles 142 votos a favor, 59 en contra y 4 abstenciones, tras un debate donde diputados de distintos bloques de la oposición reclamaron por la legalización del uso medicinal del Cannabis.
En paralelo, la Cámara baja convirtió en ley un proyecto de la senadora Sigrid Kunath (FpV) que crea el Consejo Federal de Precursores Químicos, como órgano asesor de aplicación del Registro Nacional de Precursores Químicos.
La aprobación del proyecto principal se produce días después de que fuera desbaratada una banda dedicada a producir cuatro toneladas de cocaína, que operaba en un laboratorio en el partido bonaerense de José C. Paz.
La iniciativa establece penas de prisión y multas de distintos grados para quienes cultiven plantas con el fin de producir estupefacientes, o comercien o distribuyan precursores químicos con el mismo objetivo, entre otros casos.
El rechazo más férreo provino del Frente para la Victoria y de la izquierda, mientras que el bloque Justicialista y el Frente Renovador acompañaron a Cambiemos en la votación en general.
En la apertura del debate, el titular de la Comisión de Seguridad Interior, Luis Petri (UCR-Cambiemos), advirtió que en la actualidad hay una “grave omisión del Congreso a la hora de legislar en materia de estupefaciente y precursores químicos”, las sustancias que por sus características pueden servir para la elaboración de estupefacientes.
En relación al proyecto que penaliza el desvió de estas sustancias, señaló que sus dos pilares son “la penalización expresa en el tipo penal de los precursores químicos, y, por otro lado, el mejoramiento de la fiscalización que desde este año lleva el Ministerio de Seguridad”, ya que antes la efectuaba la Sedronar.
En este marco, denunció que la iniciativa, impulsada por la exsenadora Sonia Escudero, “se cajoneó por una nota del entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández”, mientras, aseguró, el país “se estaba transformando en un polvo de efedrina”.
Por el Frente para la Victoria, Diana Conti reclamó enérgicamente debatir sobre la legalización del Cannabis medicinal. “No se está contemplando la realidad argentina”, sostuvo.
“Los consumos problemáticos son llamados así cuando se trata de clases bajas que son criminalizadas por pequeñas dosis de drogas, pero no son consumos problemáticos cuando en Recoleta los barrios pobres huelen cocaína y otras drogas más duras”, ironizó.
Conti, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, aseguró que “la puerta de entrada a las drogas duras son los dealers, los que comercian, los que trafican, y tildó a Petri de “demagógico” y “poco dialoguista”.
La exministra de Defensa Nilda Garré recordó que, según el artículo 19 de la Constitución Nacional, que las acciones privadas de los hombres quedan exentas de la autoridad de los magistrados, el principal argumento de quienes reclaman la legalización del consumo individual de marihuana.
“Estamos manteniendo la política de sanción al consumidor, que es la victima de todo este proceso”, analizó Garré, y agregó que “este es el momento para tratar el uso terapéutico del Cannabis para muchas personas que lo necesitan para resolver serios problemas de salud”.
En el mismo sentido se expresó la socialista Gabriela Troiano: “Los Estados más avanzados ya han incorporado el uso medicinal del Cannabis”, indicó.
Desde el Frente Renovador, Mónica Litza advirtió que “Argentina sangra por los delitos vinculados directa o indirectamente al consumo de drogas, sin respetar edades ni status económicos”.
“Desde 2013 venimos advirtiendo el avance del narcotráfico y la necesidad de prohibir la circulación y comercialización del uso indebido de precursores”, recordó la legisladora, y, si bien manifestó el acompañamiento de su bloque, exigió “soluciones rápidas” por parte del Ejecutivo.
A su vez, el massista Felipe Solá consideró que “el problema son las drogas sintéticas del futuro”, y acusó al oficialismo de pronunciar “discursos altisonantes” mientras “siguen permitiendo las fiestas electrónicas en lugares cerrados”.
El exgobernador bonaerense ejemplificó que los partidos de fútbol y los recitales de rock “se podrían hacer sin marihuana, en cambio las fiestas electrónicas no pueden existir si no hay drogas sintéticas”, y alertó que “este gobierno ya lleva seis muertos” por esta causa.
En representación del bloque Justicialista, Rubén Miranda sostuvo que “es necesario un plan integral”. “Muchas veces el Estado está alejado de las tareas de granjas e instituciones que trabajan con drogadependientes. Hay que ser rigurosos en el combate de las drogas sintéticas”, dijo.
Por su parte, Victoria Donda (Libres del Sur) sostuvo que “hay ausencia de un plan centralizado en contra del narcotráfico”. “Hasta que no discutamos una reforma integral a la Ley de Estupefacientes, todo el maquillaje que le hagamos a esa ley es insuficiente”, lamentó.
La legisladora sentenció que “la puerta de entrada al consumo de estupefacientes no es la marihuana, es el alcohol”.
En tanto, Pablo López, del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, denunció que “se ratifica la persecución al consumidor, que en muchos casos tiene problemas de adicciones y termina siendo perseguido por la fuerza pública y la Justicia”.
Además, aseguró que el proyecto “es un claro obstáculo a la posibilidad de que se incorpore al sistema de salud el Cannabis medicinal, un reclamo masivo”.
Sin embargo, Petri aclaró que “la aprobación de este proyecto no va a ser obstáculo ni óbice para el tratamiento” de esa ley, y finalmente anunció que la misma será debatida en un plenario de comisiones el próximo jueves 13 de octubre.
Al principio de la sesión, el jefe del bloque del FpV, Héctor Recalde, había pedido postergar una vez más el tratamiento del proyecto sobre precursores, al advertir que “no se logró conseguir el consenso para satisfacer las necesidades de la sociedad en pleno”, pero su propuesta no fue aceptada.
Dado que el texto original recibió alrededor de una decena de cambios en comisiones, ahora regresó al Senado, que podrá aceptar esas modificaciones o insistir en la redacción original.
Según el proyecto aprobado, el Poder Ejecutivo nacional deberá elaborar y actualizar periódicamente listados de precursores, sustancias y productos químicos que puedan ser utilizados en la elaboración de estupefacientes.
De acuerdo a un cambio introducido este miércoles en el recinto, la confección de ese listado tendrá que ser por decreto del presidente, de modo que no quede delegada a un funcionario de menor rango.
Las “personas físicas o jurídicas que produzcan, fabriquen, preparen, elaboren, reenvasen, distribuyan, comercialicen por mayor o menor, almacenen, importen, exporten, transporten, transborden o realicen cualquier otro tipo de transacción” con los precursores incluidos en el listado, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Precursores Químicos.
Igual obligación tendrán “las personas físicas o jurídicas que fabriquen, enajenen, adquieran, importen, exporten o almacenen máquinas para elaborar cápsulas, tabletas o comprimidos”.
