La norma busca regular el proceso de transferencia entre el gobierno saliente y el gobierno electo. Obtuvo 56 votos positivos, 1 negativo y 2 abstenciones.
El Parlamento porteño sancionó una ley que tiene como objetivo establecer una serie de condiciones en el proceso de traspaso entre dos gobiernos.
La iniciativa, de autoría del diputado Maximiliano Ferarro (CC-ARI), fue aprobada en la sesión de este jueves con 56 votos a favor, 1 en contra de Fernando Vilardo (AyL) y 2 abstenciones de Marcelo Ramal (FIT) y Patricio Del Corro (PTS).
Como principio establece que “los funcionarios del gobierno saliente y los representantes del gobierno electo cumplirán los pasos legales pertinentes de manera ordenada y eficaz, absteniéndose de generar acciones que obstaculicen el proceso de transición gubernamental o perturben la normalidad de la gestión de los actos de gobierno”.
A partir de la ley se crea un equipo de transición en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, conformado por el jefe de Gabinete, el Síndico General de la Ciudad y representantes del gobierno saliente y entrante.
Además, obliga a las autoridades salientes a asistir a reuniones de transición, realizar informes de interés de las autoridades entrantes y suministrar toda la información pertinente sobre el estado de la administración central. Para estas reuniones se deberá crear un grupo de representantes y, en caso que no lo haga, la ley prevé una conformación automática.
También se establece la existencia de tres tipos de informes: los informes de gestión que son exigibles para todos los funcionarios de los primeros niveles de la Administración Central y organismos centralizados y descentralizados; los informes complementarios o ad hoc sobre temas específicos que requieran las autoridades entrantes; y un informe final de transición realizado por las nuevas autoridades dentro de los 3 meses posteriores a la finalización del proceso de transición cuyo contenido evaluará el proceso en sí y la herencia recibida.
Asimismo, define temporalmente el período de transición que se inicia a las cero hora del día siguiente de emitida el acta de proclamación de autoridades por la autoridad electoral competente y finaliza con la jura de asunción de las autoridades entrantes.
Uno de los apartados obliga al jefe de Gabinete a cumplir con los actos simbólicos y protocolares de entrega de mando, de conformidad con los usos, costumbres y/o reglamentos vigentes.
Finalmente, se expresa que “los funcionarios obligados que no cumplieran con las disposiciones de la presente ley incurrirán en falta grave conforme el régimen laboral administrativo, sin perjuicio de las sanciones civiles y/o penales que pudieren corresponder”.
En los fundamentos del proyecto se detalla que se han tomado como fuentes diversos informes de investigación, doctrina y legislación de países que ya regularon sus transiciones, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Brasil y Bolivia.
Ferraro, autor de la ley, sostuvo que la norma “contribuye a la calidad institucional y al principio republicano que esta Ciudad defiende y, a su vez, se inscribe en un paquete de leyes, que esperamos a corto plazo estemos votando, como la ley de acceso a la información y la modificación a la ley de ética pública. También, que logremos establecer nuestro Código electoral, el debate público obligatorio de candidatos a jefe de gobierno de la Ciudad, y que avancemos en la transparencia para funcionarios judiciales y policiales en la presentación de declaraciones juradas conforme lo hacemos todos los funcionaros de la ciudad y de esta Legislatura”.
