La Legislatura porteña sancionó, con votos 41 a favor y 19 abstenciones, una ley para prohibir el trabajo de las alternadoras. Además, no se renovarán las habilitaciones de los locales denominados “Clase A”.
La Legislatura porteña aprobó este jueves una ley que prohíbe el trabajo de las “coperas” y ordena cerrar los locales que las emplean. Impulsada desde hace dos años por el diputado Gustavo Vera (Bien Común), la iniciativa contó esta vez con el apoyo del oficialismo, con la coautoría de la vicepresidenta primera, Carmen Polledo, y el legislador Omar Abboud.
La ley cosechó 41 votos positivos y 19 abstenciones de los bloques de la izquierda, el PSA, el Frente para la Victoria y SUMA+.
Mediante la norma se modifica el Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad, y se deroga la figura de las alternadoras, más conocidas como coperas o bailarinas. Asimismo, se cerrarán los locales de categoría “Clase A”, llamados usualmente como whiskerías.
El argumento de la ley es que detrás de las alternadoras se encubre la trata de personas y la explotación sexual. El Código de Habilitaciones se basa en una ordenanza del año 1976, la 33.266. Desde entonces, se determinó que los locales de baile clase A pueden tener “empleadas contratadas para alternar o bailar con los concurrentes”.
El proyecto estima terminar con la figura de la alternadora, y además incluye una cláusula transitoria que ordena que, pasados 90 días de la publicación de la ley en el Boletín Oficial, caducarán definitivamente las habilitaciones otorgadas según la ordenanza 33.266, de todos los locales donde se promueva, facilite, desarrolle o se obtenga provecho “de cualquier forma de explotación de la prostitución ajena o de otras formas de explotación sexual o se verifique alguno de los supuestos de trata de personas”.
Quien abrió el debate fue la vicepresidenta primera, Carmen Polledo, quien señaló que esta ley “se enmarca en el compromiso del Gobierno de la Ciudad para combatir el flagelo de la trata”.
Enfatizó en la “obligación” de “dar batalla en todos los frentes” porque las mafias buscan los vacíos que “dejan abiertos la legislación”. Y sostuvo que detrás de las alternadoras “podrían ocultarse situaciones vinculadas a la trata de personas”.
Para Roy Cortina (PS) esta normativa permitía “cosificar a la mujer” y consideró que la figura de alternadoras “es anacrónica”. “Estos lugares son una fachada”, expresó respecto de los locales.
El legislador Pablo Ferreyra justificó la abstención del Frente para la Victoria y afirmó que “se está legislando sobre el eslabón más débil de una red de trata”. “Ser prostituta no es sinónimo de ser alternadora”, manifestó. Y precisó que no solamente en los locales de “Clase A” pueden existir la trata de personas.
Por su parte, Fernando Vilardo (AyL) aseguró: “creemos que no es una solución pero repudiamos al proxeneta”. En tanto, Adrián Camps (PSA) pidió “buscar una solución para las personas que no van a poder ejercer más su trabajo”. “Esta ley es insuficiente aunque coincido con su espíritu”, añadió.
En el cierre del debate, el autor del proyecto, Gustavo Vera, agradeció al oficialismo y denunció la presión de Juan José Gómez Centurión a los diputados del Pro, cuando era titular de la AGC y se había presentado la propuesta.
“Estamos derogando normas que le permiten al dueño del local ser un rufián, un proxeneta”, dijo. El titular de La Alameda resaltó que “las alternadoras no trabajan, sino que están siendo explotadas”, y reconoció que “por supuesto que tenemos que avanzar mucho más”, en aspectos como la reutilización de bienes provenientes del crimen organizado y el cupo laboral para las víctimas de trata.
“Este proyecto es un triunfo multipartidario del siglo XXI que cambia la vida a toda la ciudadanía esté o no en el tema. Y lo es por la sencilla razón que pone en alto la dignidad y libertad humana ahora mismo. Porque la trata y la explotación son verdaderos crímenes de lesa humanidad que deben ser reconocidos como tales por todos los líderes religiosos, políticos y sociales”, completó.
En el recinto estuvieron presentes representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que conduce Germán Garavano, y la fiscal Anti-Trata, Alejandra Mangano.
