La titular de la Oficina Anticorrupción consideró que la norma implicará mayor control ciudadano sobre el Estado y mayor efectividad en la lucha contra la corrupción.
La Oficina Anticorrupción (OA), que dirige Laura Alonso, celebró la promulgación de la ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública, de la que participó en su elaboración junto con la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.
La ley tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública y promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.
La iniciativa promulgada -que en el capítulo de transparencia activa de la ley obliga al Estado a publicar información de manera proactiva y actualizada- detalla que “el derecho de acceso a la información pública comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información“.
Además, establece que “toda solicitud de información pública requerida en los términos de la presente ley debe ser satisfecha en un plazo no mayor de 15 días hábiles”, y aclara que “el plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros 15 días hábiles de mediar circunstancias que hagan razonablemente difícil reunir la información solicitada”.
Los organismos a los que la ley obliga a brindar información son: Administración Pública Nacional; Poder Legislativo; Poder Judicial de la Nación; Ministerio Público Fiscal de la Nación; Ministerio Público de la Defensa; Consejo de la Magistratura; empresas y sociedades del Estado; concesionarios y licenciatarios de servicios públicos; organizaciones empresariales, partidos políticos, universidades y cualquier entidad privada a la que se le hayan otorgado fondos públicos; instituciones administradas por el Estado; personas jurídicas públicas no estatales; fideicomisos constituidos con recursos del Estado nacional; entes cooperadores; Banco Central de la República Argentina; entes interjurisdiccionales en los que el Estado nacional tenga representación o participación; y concesionarios, explotadores, administradores y operadores de juegos de azar y apuestas.
Al respecto, la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso, sostuvo que “la promulgación de la Ley de Acceso a la Información es un hecho histórico que pone a la Argentina en la senda de la transparencia y la rendición de cuentas para construir un camino hacia el desarrollo sustentable”.
“La ley marca una nueva era y conlleva un cambio esencial que impactará positivamente en un mayor control ciudadano sobre las instituciones del Estado y que redundará en una mayor efectividad de políticas preventivas y de detección de la corrupción”, concluyó Alonso.
