El diputado Alfredo Olmedo (Salta somos Todos) presentó un proyecto de ley para que se implemente la “Baja de Imputabilidad a Menores” a partir de los 14 años de edad.

En este sentido, el legislador explicó que la propuesta pide que “el menor que haya delinquido y tenga 14 años cumplidos, sea reprimido con pena privativa de la libertad en Centros de Reinserción Social Juvenil o la que correspondiere según la gravedad del delito cometido”.

Además, la iniciativa establece que los adolescentes sean sometidos a juzgamiento por tribunales de menores fuera de los establecidos para los mayores de 18 años.

Para Olmedo, el objetivo de este proyecto es “atender la realidad de nuestro país y que afecta a todos los habitantes, como son los delitos cometidos por menores”.

Según estadísticas aportadas por el diputado, el año pasado en la provincia de Buenos Aires adolescentes cometieron al menos 27 delitos contra la propiedad por día y se registraron 431 homicidios perpetrados por menores de edad, (consumados y en grado de tentativa) de los cuales 13 fueron en ocasión de robo y 27 culposos, es decir, accidentales.

“Sin lugar a dudas, estos y otros números son una muestra de lo que ocurre en toda la Argentina”, opinó y dijo que por esto “se deben re adecuar las normativas vigentes y que el menor que delinque tenga como todo ciudadano el derecho al debido proceso y las garantías constitucionales”.

Sin embargo, advirtió: “es necesario resaltar lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño, a la cual nuestro país adhirió mediante Ley Nº 23.849”, para que al menor a quien se acuse o declare culpable de haber infringido leyes, sea tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.

En ese aspecto, el legislador salteño informó que la ley propuesta contempla entre otras garantías especiales que “para la determinación de la sanción aplicable el tribunal analizará la racionalidad y proporcionalidad de la sanción elegida respecto del hecho cometido, la edad de la persona imputada y la comprensión del hecho dañoso, los esfuerzos que hubiere realizado para reparar los daños ocasionados y la capacidad para cumplir la sanción”.

También explicó que “para facilitar la adopción de una decisión justa, antes de ser dispuesta la sanción, el juez deberá contar con informes del equipo interdisciplinario sobre el medio social, las condiciones en que se desarrolla la vida de la persona menor de 18 años, su estado general de salud y sobre las circunstancias que resulten pertinentes según los casos”.