Por Juan Carlos Díaz Roig. El diputado sostiene que la magnitud de los juicios de jubilados no es tal como sugirió el Gobierno como argumento para aprobar la Ley de Reparación Histórica.
La llamada “litigiosidad previsional” fue una de las excusas para la sanción de la mal llamada “ley de reparación histórica”, que como ya he demostrado varias veces, sólo buscaba la excusa para justificar el blanqueo de capitales y la venta de las acciones de empresas privadas, de las que es titular el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la Seguridad Social (FGS).
La última información oficial del 2015, recibida en la Bicameral de Control de dichos fondos, indicaba que existían 50 mil juicios que en el 2016 iban a tener sentencia firme. Por ello, previmos 12.500 millones de pesos en el presupuesto 2016, teniendo en cuenta que en el 2015 se pagaron 50 mil juicios con 10 mil millones de pesos.
Además, manejábamos el número de la existencia de 280 mil juicios más en trámite sin sentencia firme.
También se nos informó que de cada 4 juicios iniciados contra la Anses, uno finalizaba sin aumentarles los haberes a los jubilados, ni reconocerles retroactividad. Es decir que, existiendo 6.600.000 jubilados, la tasa de litigiosidad era inferior al 5%.
A mayor abundamiento, en los últimos años, por impacto de la fórmula de la ley de movilidad jubilatoria, la litigiosidad descendió hasta casi desaparecer.
Mitjans y Lescano, en su libro “Sistema Previsional Argentino. Mitos y Verdades”, pagina 154, informan que de “los 333.141 nuevos jubilados en 2013, sólo 772 iniciaron juicios, es decir, el 0,2 %, es decir el dos por mil.
Mientras cierta prensa les miente a los argentinos, afirmando que los 6 millones de jubilados están en juicio, la verdad es muy diferente. Amén de señalar que todos los juicios son por determinaciones de haber, anteriores al gobierno de los Kirchner.
En cuatro años, pagando a razón de 50 mil sentencias por año, la litigiosidad terminaba.
La afirmación que había más de 400 mil juicios, nunca se correspondió con un listado o prueba de los mismos. Hasta hoy, el gobierno de Macri, y Basabilvaso, no nos ha brindado los datos que le pedimos.
Mientras tanto afirman que hay 2.800.000 jubilados que no hicieron reclamos a los que le correspondería el reajuste, y los envían a realizar un trámite por el cual, primero van a la Anses a consultar si les corresponde, luego al banco a registrar su pulgar, vuelven a la Anses, donde deben firmar un acuerdo con la asistencia de un abogado; luego, se deben presentar a la justicia para homologar el acuerdo.
Es decir, que para resolver la litigiosidad, debemos iniciar 2.800.000 nuevos juicios. Obviamente, la justicia de la seguridad social, colapsará.
Cuestión aparte, son los honorarios. Se fijaron primero $500 por expediente. Luego los colegios de profesionales exigieron $1000; además los colegios de capital y provincia tienen un jus mínimo al parecer de $1250.
Es decir que para resolver el problema de los jubilados, antes de que cobren, debemos pagarles más de 4.000 millones de pesos a los abogados.
La excusa de la litigiosidad, además de ser mentira, sólo sirve para fomentar la industria del juicio, y configura una nueva estafa a los jubilados.
Para resolver la litigiosidad de 400 mil juicios, vamos a iniciar 2.800.000 nuevos juicios.
Sinceramente hay que tener mucho talento para engañar una vez más al pueblo argentino.
*Diputado nacional FpV-Formosa.
