El Gobierno nacional presentó en el Senado una reforma legal que endurece el Código Procesal Penal con cambios que pretenden restringir las excarcelaciones, hacer efectivas las condenas desde el momento en que se imponen y dejar detenidos a los acusados, incluso de corrupción, si es que no aparece el dinero del delito.

Estas reformas serán retroactivas, por tratarse de cambios procesales, y desde el Ejecutivo se estima que podrían ser aplicadas en las causas en que ex funcionarios, como la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, están siendo investigados por corrupción.

La iniciativa se conoce en el marco de una convocatoria el próximo 11 de octubre, a las 18, frente al Congreso, impulsada por familiares de víctimas de delitos y apoyada por el ministro de Justicia, Germán Garavano.

Garavano giró el proyecto a la Cámara alta, el cual cambia artículos del Código Procesal Penal impulsado por el kirchnerismo, pero aún no vigente.

En la propuesta del Gobierno se mantiene el espíritu de la norma anterior. Es decir, la puesta en marcha de un código acusatorio, en el que los fiscales serán los protagonistas de la investigación. Sin embargo, en este proyecto se contemplan nuevas facultades para los jueces.

Dentro de las modificaciones, se prevé un paquete de más de 30 artículos destinados a introducir nuevas medidas de investigación contra los delitos complejos; se establece que un condenado por un delito con penas de más de tres años queda preso desde los estrados del tribunal, no importa si el fallo no está firme; se indica que el fiscal puede elegir no perseguir delitos menores o cuando el imputado tuvo consecuencias graves físicas o morales por ese crimen que cometió.

Además, se amplían las causas para mantener a alguien detenido. Hasta ahora las establecidas eran el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación como razones por las cuales un juez podía dejar a alguien preso durante el proceso y hasta la condena. Con este cambio se incorpora que quien oculte el dinero del delito no puede quedar libre, y tampoco quien enfrente causas similares o su expectativa de pena sea de prisión.

En cuanto a las excarcelaciones, se fijan pautas para limitarlas, como por ejemplo las amenazas a testigos, que retenga el dinero del delito, detenciones previas o intentos de fuga. También, se pauta que el fiscal puede negociar información con uno de los cómplices y, si es eficaz, se le puede reducir la pena.

En otros aspectos, se regla la vigilancia electrónica a distancia, la audiovisual, la intercepción de las comunicaciones y la extracción remota de datos de una computadora de investigados. Incluso la utilización de programas espías para hackear las máquinas de imputados.