El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, se presentó ante la Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, para exponer en torno al proyecto de modificación de dicho Código, y en ese marco se le planteó de entrada la inquietud de los legisladores respecto de la necesidad de compatibilizar los proyectos enviados por el ejecutivo y los que ya se manejan en el seno de ambas cámaras.

Garavano habló de “la difícil transición entre dos procesos”, por cuanto “el Gobierno sigue una política de Estado que es avanzar hacia un sistema acusatorio”. El objetivo es, dijo, que las reformas se hagan “bien”, tratando de “generar un sistema penal que de respuestas a las demandas de la población sin afectar los sistemas de garantías”.

El ministro señaló que “nuestra impresión es que el Código estaba pensado más para la lógica de la Ciudad de Buenos Aires y uno de los desafíos era tratar de que sirva para la justicia federal de todo el país”, que tiene variantes según los distritos. Garavano señaló que “desde el Ministerio de Justicia tenemos un proyecto muy ambicioso y preferimos optar por cambios específicos”, respecto a lo cual pidió que los senadores “se incorporen al debate” planteando sugerencias. “Queremos hacer la menor cantidad de retoques posibles (…) si uno modifica mucho un Código puede hacer perder la lógica, y es algo que ha pasado mucho cuando se empiezan a hacer parches”.

“Tenemos una oportunidad histórica, que inició el Gobierno anterior, de empezar a hacer modificaciones necesarias”, admitió y contó que las reformas al Código avanzan en reformas como la del juicio abreviado, las excarcelaciones, respecto de lo cual señaló que “hemos tratado de establecer pautas objetivas para establecer cuando estamos ante entorpecimientos de la justicia”. Al respecto se establece que aquellos jueces que condenan a una persona a prisión efectiva, más de 3 años, puedan a requerimiento del fiscal disponer la prisión preventiva o el arresto domiciliario, para asegurar que esas sentencias puedan aplicarse.

Otro tema que destacó con relación al nuevo Código es “fortalecer el rol de la víctima”, el rol de la querella, cuál sería el rol de los tribunales, y también se reguló el tema que tiene que ver con la responsabilidad de las personas jurídicas. “Hemos avanzado en normas procesales que permitan avanzar” en ese sentido, señaló, aclarando que a su juicio es algo que faltaba.

Asimismo se analizan las medidas especiales de investigación. “Lo que nosotros vemos -dijo- es por un lado que el proyecto incorpora el último dictamen de la comisión respectiva, al pie de la letra, para tratar de generar esta coherencia, y respecto de la ley especial aprobada por Diputados entendemos que es una ley de transición, necesaria, pero que en algún momento va a ser reemplazada si es que se aprueban estas reformas”.

Agregó que hay que tener en cuenta cuánto tiempo va a demorar la implementación del Código Procesal Federal. Detalló que en la Ciudad se tardó más de 3 años, y destacó los casos de otros países, en todos los cuales demandó muchos años. “Vamos a tener un lapso muy largo de tiempo en el cual vamos a tener que convivir”, aclaró. Al respecto, señaló que “nosotros estamos muy involucrados en tratar de que esta implementación sea exitosa; está el compromiso del PEN de acompañar a la Comisión Bicameral en todo lo que corresponda”, y agregó que en paralelo el Ministerio de Justicia hizo un relevamiento muy detallado entre el Norte y el Sur, con todos los actores del Poder Judicial. “El éxito de estas implementaciones es lo que nos va a asegurar que el Código vaya avanzando”, remarcó.

Respecto de la reforma de la ley de flagrancia, señaló que puede servir para resolver los casos rápidos, y se circunscribe a la “lógica del nuevo sistema acusatorio”, y en esa línea “convocamos a una reunión interpoderes, entre la Corte, el Consejo de la Magistratura, las cámaras, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el Congreso, para revisar todas las cuestiones necesarias para hacer una implementación eficaz”. Asimismo se le pidió a la Secretaría Legal de la Presidencia que demore unos días para hacer los ajustes correspondientes para su implementación.

Garavano destacó que “si ustedes relevan los edificios judiciales, muchas veces los mejores lugares están ocupados por papeles”. Tras poner ejemplos puntuales, el ministro señaló que muchos de los expedientes se han digitalizado ahora, despejando lugares como los que describió. El Consejo de la Magistratura ha relevado todos los espacios que están llenos de expedientes viejos para que “podamos reemplazar papeles por personas”.