Mujeres referentes del Movimiento Evita solicitaron una audiencia con el ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, tras la decisión del juez federal Claudio Bonadío, quien resolvió que sea esa cartera la que disponga el futuro de los elementos que conformaban el kit Qunita.

En la nota enviada al funcionario, las mujeres firmantes ponen a disposición organizaciones e instituciones de sus provincias dedicadas al trabajo territorial con madres de los sectores más vulnerables, y técnicos de universidades para conformar un equipo interdisciplinario que establezca en el corto plazo la existencia o no de un potencial riesgo en la utilización de los kits hoy cuestionados.

Las legisladoras manifestaron su apoyo al Plan Qunita y solicitaron la continuidad del enfoque y de la inversión del Estado nacional, al entender que el programa en cuestión “constituye una herramienta de acompañamiento para la madre y el recién nacido tendiente a revertir una situación de inequidad”.

“La mortalidad materno infantil es un indicador que refiere directamente a la desigualdad social y sanitaria que padecen principalmente las madres y niños pobres de nuestro país”, sostuvieron en la misiva la senadora por La Rioja, Teresita Luna, las diputadas nacionales Lucila De Ponti, Silvia Horne y Araceli Ferreyra, y la exlegisladora Adela Segarra.

Las legisladoras instaron a la justicia a continuar y profundizar la investigación con respecto a cualquier delito que pudiera haberse cometido en perjuicio del Estado, castigando a sus responsables de comprobarse la concurrencia de los mismos, pero rechazaron rotundamente la actual situación de quietud respecto a la utilización de los kits, “teniendo en cuenta que no existen denuncias de madres beneficiarias que hayan informado daño alguno en sus niños en una distribución de 74.000 kits en 289 maternidades de todo el país y de las opiniones de prestigiosos neonotólogos que han pedido se revierta la decisión de Bonadío”.