El diputado Alejandro Grandinetti (UNA) presentó un proyecto de ley que promueve modificar la ley de impuesto al valor agregado para la venta de gas, energía eléctrica y agua, llevando la alícuota a un tope del 10,5 %. Según la iniciativa del legislador massista, se busca “paliar el fuerte impacto que produce la suba de las tarifas, y que el Gobierno nacional reduzca sus márgenes de recaudación impositiva para acompañar el esfuerzo de la gente”.

El vicepresidente del bloque explicó que “dado el fuerte incremento que sufrieron las tarifas de los servicios públicos, la idea es que el Estado también haga un esfuerzo y retrotraiga la alícuota del IVA a la mitad en todos los casos, para atenuar parte del impacto que padecen los argentinos”.

En ese sentido, el diputado por Santa Fe detalló: “en el caso de las pymes, casi 3 de cada 10 pesos que se pagan por cada factura son en concepto del Impuesto al Valor Agregado y quedan para el fisco nacional”, y agregó que “si las tarifas van a subir hasta un 400 % no es lógico que la recaudación del Estado también crezca en esos niveles”.

La propuesta impulsa que “no sólo sean los trabajadores, los comerciantes o los empresarios quienes tengan que afrontar el sinceramiento de las tarifas de los servicios públicos, sino que el Gobierno nacional también reduzca sus ingresos por recaudación para sumarse al esfuerzo que le pide al pueblo”.

La tasa aplicable del IVA sufrió muchas variaciones a lo largo de toda la historia argentina: con la reforma introducida en el año 1986 se unificó la alícuota general en el 18%, pero en 1990 descendió hasta el 13% para volver a subir hasta el 18% en 1992. A partir de abril de 1995 se incrementó la tasa hasta el 21% vigente hasta hoy.

Grandinetti resaltó que en la actualidad ya existen distintas actividades a las que se le aplica el 10,5 %, como ser intereses y comisiones de préstamos para Responsables Inscriptos, venta e importación de obras de arte, los servicios de transporte de pasajeros terrestres, aéreos y acuáticos realizados en el país cuyo recorrido en viaje exceda los 100 kilómetros, etc.

El legislador afirmó que esa retracción “no le quitaría recursos a las empresas, ni alteraría sus proyectos de sostener una tarifa acorde a las inversiones necesarias para cumplir con el nivel de capitalización e inversiones requeridas para continuar con la concesión del servicio público prestado”.

Según detalla el escrito del proyecto, dicha iniciativa “se constituye en un paliativo a todos los usuarios de los servicios públicos, considerando lo importante que resulta en este contexto de alta inflación, con lo recientes ajustes tarifarios, perjudicando directamente el bolsillo de los asalariados, y de igual forma al sector productivo de todas las micro, pequeñas y medianas empresas que ven casi inviables sus actividades debido a este brusco ajuste de costos”.

Para finalizar, solicitó a sus pares el urgente tratamiento de la iniciativa porque consideró: “es necesario, además de retractar los criterios de aplicación de las nuevas tarifas, ayudar en este proceso con cambios impositivos, en beneficio de la gente”.