Con el arribo del Presupuesto 2017 se pondrá sobre la mesa de discusión el reparto de distintos cargos estratégicos en el organigrama provincial. Se trata de puestos clave en el orden institucional, que el gobierno de María Eugenia Vidal analiza utilizarlos como herramienta de negociación para conseguir el número necesario para sancionar la ley de leyes.

Las dos primeras vacantes que surgen son las del defensor del Pueblo y la de la Suprema Corte, máximo órgano del Poder Judicial de la provincia.

El primero de esos puestos actualmente está en manos del dirigente de origen radical Marcelo Honores (foto), quien asumió provisoriamente en reemplazo de Carlos Bonicatto, cuyo mandato culminó el 25 de febrero de 2015. Hasta el momento, Honores había suplido esa ausencia sin sobresaltos, pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso en duda su “legitimidad”.

Esta situación hizo acelerar los plazos y el oficialismo sabe que deberá “entregar” ese cargo a la oposición. La cuestión pasa por saber a qué sector.

En cuanto a su elección, el artículo 2º de la Ley 13.834 detalla que una Comisión Bicameral integrada por siete senadores y siete diputados elaborará una nómina con los candidatos a ocupar el cargo.

Tras un proceso de observaciones, esa comisión deberá proponer a las cámaras de uno a tres candidatos para ocupar el cargo. Y dentro de los 30 días, cada Cámara elegirá, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, a uno de los candidatos propuestos. Si en la primera votación ningún candidato obtiene la mayoría requerida, debe repetirse la votación hasta alcanzarse la misma.

En lo que respecta a la Corte, el Gobierno provincial deberá promover el reemplazo de Juan Carlos Hitters, el ministro de la Suprema Corte que acaba de jubilarse. Ahora el alto tribunal está funcionando con seis miembros y hay quienes interpretan que esa situación podría acarrear algún inconveniente a su funcionamiento.

Sin embargo, en esta vacante el Ejecutivo pareciera no estar apurado por postular algún nombre. Un alto dirigente de Cambiemos, con acceso a las reuniones de gabinete, anticipó que “la postulación puede darse este año o recién en 2017”.

A su vez en la cúspide del Poder Judicial bonaerense se estaría por producir otra vacante. Tras un proceso de desgaste público, la procuradora María del Carmen Falbo inició el trámite administrativo para retirarse y se especula con que esa decisión podría acelerarse. En los últimos días la relación de Falbo con el oficialismo entró en una tregua, posiblemente para buscar una salida elegante.

Los nombres que elija Vidal para ocupar el cargo en la Corte y eventualmente en la Procuración deberán pasar el filtro del Senado, dado que ese cuerpo tiene que validar con dos tercios de los votos la propuesta del Poder Ejecutivo. Pero Cambiemos sólo cuenta con 16 de los 46 senadores que integran la Cámara alta provincial. Por este motivo el oficialismo se verá obligado a negociar con la oposición.

A esta mesa de negociación podría sumársele la situación del Tribunal de Cuentas, órgano clave encargado de verificar los gastos del gobierno bonaerense como municipales. Al desprestigio público que sufrió su titular, Eduardo Grinberg, se le suma la vacante por el fallecimiento de la vocal Cecilia Fernández. Ese y otros puestos también podrían ser prendas de negociación con los bloques opositores.