El proyecto limita el mandato del procurador a cinco años, pero no aclara la situación de Gils Carbó. La oposición criticó las amplias facultades de control que tendrá la comisión bicameral. El debate en el recinto será el miércoles 26.
Con numerosos y profundos cambios sobre la versión original, obtuvo dictamen este martes el proyecto que reforma la Ley del Ministerio Público, con el que Cambiemos busca acotar el mandato del procurador general –cargo que hoy ocupa Alejandra Gils Carbó- y dar amplias facultades de control a una bicameral del Congreso.
La iniciativa fue avalada al cabo de un plenario de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo logró destrabar el debate gracias a un acuerdo alcanzado con el Frente Renovador de Sergio Massa.
De esta manera, el proyecto sería votado en el recinto de la Cámara baja el próximo miércoles 26, mientras que el Senado se prepara para discutirlo en comisiones una semana después, según la agenda que elaboró el oficialismo a poco del cierre del período ordinario de sesiones.
El dictamen de reforma del Ministerio Público fue acompañado por el massismo y rechazado con énfasis por la izquierda y el Frente para la Victoria, al tiempo que recibió algunas objeciones por parte del bloque Justicialista de Oscar Romero y Diego Bossio.
El titular de la Comisión de Justicia de la Cámara baja, Diego Mestre (UCR), explicó una a una –tal como adelantó parlamentario.com– las modificaciones que sufrió el proyecto enviado en abril por el Poder Ejecutivo, y defendido por el ministro del área, Germán Garavano.
En primer lugar, el radical destacó que, por pedido de toda la oposición, se eliminó la figura de los cuatro subprocuradores, con los cuales el Ejecutivo pretendía descentralizar el poder que hoy ostenta Gils Carbó.
De esa forma, resaltó el diputado, “se devolvieron al procurador las facultades plenas de conducción del Ministerio Público Fiscal y la conducción de la política criminal”.
Además, reconoció que en el dictamen “se le dieron muchas funciones a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público”, que se constituyó el 13 de septiembre bajo la presidencia de la jefa del bloque massista, Graciela Camaño.
Mestre señaló que “no sólo se legitimaron las facultades de la bicameral, sino que va a tener participación en cuanto a los traslados de fiscales y la creación de procuradurías especializadas”, dos de las acciones que deberán ser aprobadas por la comisión.
El legislador también informó que “se modificó el proceso de remoción del procurador”, dado que “el proyecto original preveía la posibilidad de que se iniciara con un decreto del PEN”, algo que fue eliminado.
El proyecto facilita la fase de acusación del juicio político, ya que Diputados podrá superarla de oficio y con mayoría simple, aunque luego el Senado –como cámara juzgadora- deberá convalidar el proceso con las dos terceras partes de los miembros.
El mandato del procurador general durará cinco años –con posibilidad de una reelección por el mismo período-, pero en ninguna de las cinco cláusulas transitorias del dictamen se aclara qué sucederá con Gils Carbó, un tema que podría terminar en la Justicia.
Las críticas de la oposición
La primera en cuestionar el proyecto fue Myriam Bregman (PTS), quien pidió volver a discutirlo en asesores porque “este proyecto es muy distinto al que se trató y al que escuchamos opinar en las reuniones” donde asistieron funcionarios judiciales y especialistas.
La legisladora criticó que se cree una Procuraduría de Terrorismo y sugirió que el Gobierno podría valerse de la ley para “criminalizar la protesta social”, pero el macrista Pablo Tonelli le salió al cruce y recordó que “en Argentina el terrorismo no es una entelequia, no es un fantasma”, al poner como ejemplo el atentado a la AMIA.
Por el Frente para la Victoria, Emilia Soria exhibió ante los legisladores un ejemplar de la Constitución, para graficar que los principios de “división de poderes” y “autonomía y arquitectura del Ministerio Público” resultan “absolutamente desconocidos”, e ironizó que la Carta Magna “se consigue en cualquier kiosco”.
Soria consideró que “cinco años es un plazo insuficiente para llevar a cabo la política criminal” y apuntó que su bloque proponía fijar ese plazo en siete años, a la vez que criticó las “facultades exorbitantes” que se le otorgan a la comisión bicameral.
“Si Gils Carbó tiene tantas falencias, ¿por qué no avanzamos en un juicio político?”, se preguntó la rionegrina en referencia a la jefa de los fiscales designada por el gobierno kirchnerista en reemplazo de Esteban Righi.
Minutos después, la líder del GEN, Margarita Stolbizer, recogió el guante y afirmó entre aplausos que “muchos años antes de que (Soria) naciera, muchos fueron perseguidos por defender la Constitución”. “Ese kiosquito del que habla la diputada debió abrirse hace tres meses, porque en doce años no se acordaron de defender la Constitución”, remató.
Sin embargo, Stolbizer coincidió en que “hay un exceso de atribuciones a la bicameral” presidida por Camaño, que “en algunos casos va mucho más allá de lo razonable”.
En este sentido, el kirchnerista Rodolfo Tailhade lamentó que “el Frente Renovador ha impuesto las condiciones” para garantizar la aprobación de la ley, y asimismo se preguntó “por qué no hay una cláusula transitoria sobre la situación de la procuradora”.
Pablo Kosiner, del bloque Justicialista, opinó que “sería una mala señal debatir este proyecto en el marco de un eventual interés del Gobierno de desplazar a la procuradora”, y opinó a su vez que “fue un gran error suspender la vigencia del Código Procesal Penal” porque “la sociedad argentina demanda mejores herramientas para la sanción de los delitos”.
La respuesta de Camaño
Casi al final de la reunión, Camaño respondió a sus pares de la oposición y aseguró que “se dicen demasiadas pavadas” en torno a su rol en la conducción de la bicameral.
“La bicameral ha sido una vieja deuda de la primera ley, que ya establecía la necesidad de que el Congreso estuviera”, recordó la diputada del Frente Renovador, aunque reconoció que “no faltaron las especulaciones”.
Y concluyó: “Cuando pensamos en una institución no tenemos que pensar en poner a nuestros amigos; tenemos que pensarlas para siempre. Tenemos que tener la Procuración más allá de un procurador o una procuradora”.
