Por Brenda Lis Austin. La diputada nacional del radicalismo cordobés analiza el Operativo Nacional Aprender 2016 y justifica la necesidad de evaluar a los alumnos.
Estos días han circulado muchos comentarios, opiniones y visiones acerca del Operativo Nacional de Evaluación Aprender, una prueba censal para los alumnos de 6to grado de primaria y 6to año de la escuela secundaria.
La Ley de Educación Nacional, sancionada en el año 2006 con amplio consenso, establece a partir del art. 94 un capítulo entero dedicado a la evaluación del Sistema Educativo.
Allí, se establece claramente la responsabilidad del Ministerio de Educación en la realización de una política de información y evaluación continua y periódica para nutrir la toma de decisiones orientadas al mejoramiento de la calidad educativa.
Dice la ley, que dicha política de evaluación, tal como se hizo, debe ser consensuada a través del Consejo Federal por los Ministros de Educación de todas las provincias. Además establece que los resultados de dichas evaluaciones deberán resguardar la identidad de los alumnos/as, docentes y escuelas. Basta esa garantía legal para echar luz acerca de que no es posible, como se dice, construir con los resultados un ranking de instituciones educativas.
¿Por qué evaluar? Está sobradamente dicho, que tener un acertado diagnóstico es la mejor herramienta para pensar posibles soluciones. Hoy tenemos claro que el sistema educativo atraviesa una crisis, pero no sabemos su magnitud, su profundidad, sus causas, ni tampoco conocemos una única salida.
Sabemos sí, que cada vez que nos evaluamos, con las PISA por ejemplo o con las evaluaciones regionales (PERCE, SERCE, TERCE), los resultados no han sido los más alentadores. Sabemos también, por estas mediciones, que Argentina es el país con mayor desigualdad educativa de toda la región. Las varianza en los resultados, nos muestra dos países diferentes. En el medio, entre tanta estadística miles de niños y niñas que no ven en la educación una herramienta genuina que iguale oportunidades.
Cada vez que tenemos esos resultados a la vista, la energía pareciera ponerse en descalificar el instrumento, en decir, que se comparan realidades no comparables. Ni siquiera se ofrece un esfuerzo argumental para explicar los retrocesos que las pruebas internacionales muestran sobre nosotros mismos.
El Ministerio de Educación, en cumplimiento de la Ley Nacional, hizo lo que ya en otras oportunidades: en 2007, 2010 y 2013 se realizaron evaluaciones en todo el país.
Necesitamos tener una evaluación única para poder hacer un diagnóstico. Si cambiamos los instrumentos, si medimos de acuerdo al sentir de cada institución, los resultados no permitirán arrojar conclusiones válidas para pensar políticas educativas en todo el país. El desafío debe ser que los niños y niñas del NOA y NEA, los rurales y los urbanos, los que habitan en contextos de pobreza, los públicos y los privados, todos absolutamente todos, tengan las mismas oportunidades de aprender. El derecho a la educación, no admite matices. No debiéramos tolerar un derecho más o menos intenso, más o menos eficaz. El derecho es a “una educación de calidad para todos los niños y niñas de nuestro país”.
La Ciudad de Córdoba, desde hace ya unos años, lleva adelante un proceso de evaluación censal en los últimos grados de las Escuelas Municipales. Esto, permitió diseñar procesos de reflexión al interior de cada institución, analizar estrategias, desarrollar capacitaciones y pensar propuestas para mejorar los resultados. El ciclo fue virtuoso. Conocimos mejor donde estábamos y desde allí accionamos. El compromiso de docentes, directivos y supervisores fue también muy importante.
Todo proceso es siempre perfectible. El Ministerio deberá agudizar la escucha y construir los espacios necesarios para incorporar más voces y miradas en las acciones medulares.
Quizás el desafío sea no tanto resistirse a la evaluación sino pensar colectivamente como utilizar mejor los resultados. Qué políticas, qué acciones, qué estrategias de formación, qué paradigmas y qué educación queremos construir. Abonar también, pues no son excluyentes, las autoevaluaciones institucionales y las evaluaciones de proceso. El Operativo Aprender debe entenderse como un punto de partida necesario, que debe ser complementado con otras evaluaciones más contextuales.
Finalmente, quizás sea hora de hacer que el Consejo Nacional de Calidad de la Educación, también previsto por la ley, y que integra desde especialistas a organizaciones gremiales, pasando por ministros y organizaciones del trabajo, sea capaz de maridar los resultados y de dar las pistas para construir una estrategia de largo alcance que apunte a revertir el estado de situación de la educación argentina.
Mgter. Brenda Lis Austin
Diputada Nacional por Córdoba – UCR
