Por Eleodoro Dof

La gobernadora de la provincia de Buenos Aries María Eugenia Vidal remitió el proyecto de ley de Presupuesto General de Gastos y Recursos 2017 y la correspondiente Ley Fiscal, su tratamiento se desplegará en una Legislatura que muestra diferentes actitudes y una fuerte puja política entre las distintas fuerzas que las componen, una síntesis del contexto político bonaerense.

Desde el Gobierno se encargaron de aclarar, en principio, que en la ley de leyes remitida se contempla las “necesidades reales” de los bonaerenses y que se “prioriza la inversión pública”, tanto en “obras como en inclusión social” promoviendo el desarrollo y atendiendo el atraso en la infraestructura provincial.

Pero el proyecto, rubricado por la gobernadora María Eugenia Vidal ingresa en una Legislatura que no tardará en dar vueltas esos conceptos, en virtud que al mismo tiempo está en curso un nuevo “acuerdo de gobernabilidad”, pues el alcanzado con el massismo parece haber llegado a su fin, o al menos parece estar cerrando su primer capítulo, el que se extiende hasta diciembre de 2016; y nadie puede predecir los acontecimientos inmediatos.

Una expresión, tal vez, que es vox populi en la Legislatura tal vez resuma en parte la situación que está en curso. Dicen que el actual presidente de la Cámara de Diputados, el massista Jorge Sarghini, habría deslizado que el Presupuesto 2017 no le correspondía negociarlo a él; “yo ya aprobé el Presupuesto que me correspondía”, es la frese textual que se le adjudica al diputado platense, que haría referencia al Presupuesto 2016.

Sucede que en el Parlamento provincial, el acuerdo alcanzado entre el FR y Cambiemos, quedó, en parte, expresado por la conducción de la Cámara baja en manos de Sarghini; pero ahora llegaría el momento de rotar cargos con el diputado de Cambiemos Manuel Mosca, el actual vicepresidente del Cuerpo.

Este ordenamiento de las autoridades de la Cámara baja está envuelto en un acuerdo “no escrito” que rompe con los principios establecidos en el reglamento interno de Diputados, pero es la expresión más concreta del acuerdo de gobernabilidad; pero está sujeto a revisión a fin de año y con el Presupuesto ingresado ya en la Legislatura.

La idea primera echada a rodar, el plan A, es que este 10 de diciembre se produzca un enroque en las principales autoridades, sino de nombres, al menos de espacios, Cambiemos en la presidencia y FR en la vice.

El acuerdo de gobernabilidad también funciona como acuerdo parlamentario, necesario para un normal funcionamiento de un cuerpo colegiado como es la Cámara baja, aunque también se traslada al Senado bonaerense y, asimismo, en cierta medida, funciona en el Congreso de la Nación, más que nada en la Cámara de Diputados.

Ese acuerdo FR-Cambiemos se completa con otras formaciones políticas con representación en los recintos; por caso, en Diputados con la vicepresidencia I, que se encuentra en manos del diputado randazzista del FpV-PJ Marcelo Feliú.

En la Cámara alta se repite el esquema con la vicepresidencia III a cargo del senador de San Martín Fernando Moreira, luego de las vicepresidencias del radical Carlos Fernández y del massista Fernando Galmarini.

Feliú y Moreira tiene terminales políticas en lo que muchos identifican como el grupo Esmeralda, espacio que si inscribe dentro del vasto territorio peronista provincial; el bahíense es un randazzista de paladar negro y Moreira camina con el intendente de San Martín Gabriel Katopodis.

Al acuerdo también se extiende, en el caso de la Cámara de Diputados a la vicepresidencia II que ocupa la diputada del bloque del PpV-FpV Patricia Cubría.

Básicamente lo que refleja este ordenamiento institucional -en particular- de la Cámara de Diputados es el entendimiento que se logró sobre la negociación desplegada en torno, precisamente, de la primera ley de leyes que remitió Vidal a la Legislatura.

Si tomamos a la Cámara de Diputados como espejo de situaciones similares que se puedan dar en otros ámbitos; debemos apuntar que, por entonces, cuando se trató el primer Presupuesto del Gobierno de Cambiemos; el FpV, así a secas, tal como se denomina hoy el bloque de 17 diputados, estaba conformado entonces por 36 miembros.

Sucede que 19 diputados que acompañaron el Presupuesto 2016, a partir de una extensa negociación y la incorporación de los famosos 10 mil millones de pesos para los municipios, hoy conforman los nuevos bloques que siguen ostentando la sigla FpV pero con agregados.

El massismo amaga con querer seguir conduciendo la Cámara baja. Hay versiones circulando en los pasillos del Palacio Legislativo que dan cuenta de conversaciones entre los máximos operadores del Parlamento de ese espacio con los tres bloques del FpV. Vinculan además esas tenidas con las que protagonizan el propio diputado nacional Sergio Massa con el senador rionegrino Miguel Ángel Pichetto.

A esto se le suma la exigua tropa que aun posee la diputada nacional Margarita Stolbizer, unos tres diputados estarían dispuesto a ensayar una maniobra de choque frontal con el Gobierno de Cambiemos; perderían uno en esa volanteada.

Haciendo cuentas

Los números puros no desentonan; sí el arco opositor está dispuesto a enfrentar institucionalmente al incipiente Gobierno de Cambiemos para remarcar la duda latente de que se trata de un Gobierno “corto”, “coyuntural” y ya no en la Provincia sino en la República; los números en la Cámara de Diputados del principal distrito del país es la siguiente: el FR aporta 19, el FpV 17, el FpV-PJ 13, el Peronismo para la Victoria-FpV 6 y el GEN 3. Total 58 sobre 92.

Cambiemos, por su parte, se muestra respetuoso del acuerdo con el FR pero, como contrapartida, amenaza con acordar con algún grupo de legisladores peronistas que también puede proporcionar la tan mentada gobernabilidad. Además de sumar a varios intendentes del conurbano a ese acuerdo que hoy el massismo poco aporta en ese sentido. Cambiemos tiene de arranque al menos 32 diputados.

Específicamente, en el oficialismo, se especula con aquellos legisladores con los que ya lograron un entendimiento respecto del Presupuesto General 2016, esos 19 diputados peronistas, 13 del FpV-PJ y 6 del PpV-FpV, que en sintonía con intendentes poderosos del conurbano empujaron para alcanzar aquel equilibrio.

Pero sucede que ese único grupo de intendentes que actuó en aquella primera oportunidad, incluso en sintonía con las autoridades partidarias del PJ, ahora muestra fisuras. Habría al menos tres grupos de intendentes, los ya mencionados Esmeralda (Insaurralde-Katopodis), por otro lado están los Fénix (Magario-Menéndez) y un tercero que algunos denominan “Patria” (Ferraresi-Mussi), que serían, estos últimos, los más cercanos a la conducción de la expresidenta Cristina Fernández.

En esta lucha interna, de tercios en el peronismo, permanentemente sobrevuela la posibilidad de cambiar las composiciones de esos tres bloques legislativos descriptos y hoy la alquimia puede dar resultados sorprendentes; algunos, incluso, tratan de hacer creer que aquellos que fueron los más férreos opositores al endeudamiento hoy podría ser los que aporten el número necesario para que el Gobierno lo tenga.

Pero además, en los últimos días, está levantando exhibición pública el exministro nacional de Cristina Fernández, Florencio Randazzo, un hombre que surgió de la provincia de Buenos Aires y donde aún tiene su predicamento, al igual que Julián Domínguez. Ambos funcionarios tienen línea directa con el principal interlocutor político de Vidal, el ministro de Gobierno Federico Salvai.

Además, Randazzo y Domínguez “juegan en yunta” y tiene una buena representación parlamentaria, mucho más que algunos poderosos intendentes del conurbano, que, dicho sea de paso, no logran, por el momento, personería como para garantizar protagonismo e incidir a la hora de las definiciones.

Este problema es propio de los Esmeralda y de los Fénix; los Patria aquí corren con ventaja. La pregunta que se hacen muchos diputados peronistas es qué poder tendrán este grupo de mandatarios locales cuando, más temprano que tarde, se empiecen a definir las listas del 2017, algo que se sabe, interesa mucho a aquellos legisladores que terminan su mandato. En el universo peronista hay 19 sobre 36 diputados que dejarían los fueros en diciembre de 2017.

Pero este sería el plano líquido, o gaseoso, como se prefiera, de la discusión que se encuentra en todo su esplendor dentro de la dirigencia política; hay planos más concretos, hay un Presupuesto General de Gastos y Recursos con nuevo diseño que, como se sabe, funciona como hoja de ruta de una gestión que también se analiza. Y una fiscal impositiva.

El Presupuesto

El presupuesto enviado a la Legislatura bonaerense por María Eugenia Vidal, triplica para 2017 las partidas destinadas al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, lo que implicará un 70% más de inversión en obras públicas, con lo que estiman crear 70.000 puestos de trabajo directos y algo más de 40.000 empleos indirectos.

El gasto de capital en infraestructura asciende a $43.800 millones, lo que significa un 70% más que lo proyectado en 2016 y cuatro veces lo ejecutado en 2015.

La inversión real directa, destinada a obra pública, será de $26.816 millones, cinco veces más que en 2015, por lo que en términos de participación de las erogaciones de capital en el gasto total, aumenta a 8,4% en 2017, frente al 3,7% en 2015 y el 6,3% de 2016.

El plan incluye 826 obras de las cuales 442 son nuevas por un total de 13 mil millones de pesos, entre las que se consignan inversiones en agua potable, saneamiento y control de inundaciones por más de 9.300 millones de pesos.

También contempla 28 obras en materia de transporte y energía destinadas a mejorar la infraestructura productiva por un monto de 1.578 millones de pesos.

La iniciativa, que prevé gastos por 522.602.411.101 pesos, proyecta un resultado primario negativo de 12.125 millones de pesos y un déficit financiero de 34.733 millones, una necesidad de endeudamiento de casi 60.000 millones e incluye, después de muchos años, una pauta destinada al aumento salarial de los estatales bonaerenses estimada en el orden del 17%.

En materia de inversión social, los recursos destinados a “Promoción y Asistencia” aumentan 84% respecto de 2016 y 120% respecto a 2015; los programas de Salud un 42% anual respecto de este año y el doble que el monto ejecutado en 2015; y los de Educación y Cultura reciben un incremento anual del 26%, un 66% más que en 2015.

Además, durante 2017 se destinarán 74% más de recursos que en 2015 a seguridad y servicio penitenciario.

Esos 522.000 millones -de los cuales 200.000 millones de pesos serán de recursos tributarios de origen provincial- implican 107.000 millones más (26%) que el Presupuesto proyectado-ejecutado de 2016, que estaría en el orden de los 413.000 millones de pesos.

De acuerdo con el proyecto, el total de erogaciones será de 522.602.411.101 pesos, de los cuales 290.257.246.091 estarán destinados a la administración central y 127.480.388.300 a la Dirección General de Cultura y Educación provincial.

El área de Seguridad tendrá un presupuesto de 48.707.278.000 de pesos; Salud 29.565.289.600; casi 13.033.323.800 estarán destinados al Ministerio de Desarrollo Social y otros 13.710.629.000 al de Justicia.

El presupuesto asignado para el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos es de 20.285.314.811; 3.821.739.200 para Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires; 972.153.416 para Producción; 124.901.400 para Ciencia y Tecnología; 523.441.300 para Agroindustria y 1.577.023.000 para el ministerio de Coordinación y Gestión Pública.

Crea 385.567 cargos de la Planta Permanente y 105.082 de la Planta Temporaria para los ministerios y secretarías.

Otros 98.364.774.600 serán los recursos destinados a la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires; el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), Instituto Provincial de Lotería y Casinos; y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, organismos en los que se crearán 15.722 cargos de la Planta Permanente y 2.525 de cargos de la Planta Temporaria.

En el mensaje que acompañó al Presupuesto se solicita autorización para endeudarse por 59.950.000.000 de pesos o su equivalente en otras monedas, “con el objeto de financiar la ejecución de proyectos y/o programas sociales y/o de inversión pública actualmente en desarrollo o que se prevea iniciar durante el Ejercicio 2017, afrontar la cancelación y/o renegociación de los servicios de deuda, como así también tender a mejorar el perfil de endeudamiento de la deuda pública”.

También se requiere autorización para endeudarse por 24.880 millones de pesos para proyectos y programas sociales; letras del tesoro; para la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Banco Provincia y para el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura.

A la vez, incluye un permiso para gestionar unos 670 millones de dólares ante organismos internacionales de crédito destinados exclusivamente a obras de infraestructura.

En el mensaje, la gobernadora destacó que “el proyecto refleja los valores de ‘hacer y estar’ que guían la acción del Ejecutivo provincial, y que se reflejan en los principales lineamientos de la gestión de Gobierno para empezar a resolver la deuda social y de infraestructura que aqueja a los bonaerenses desde hace décadas”.

Detalló que se continuará el plan de infraestructura provincial iniciado en el segundo trimestre de 2016 para rutas, obras hidráulicas, renovación de escuelas, hospitales y comisarías y especificó que “se acompañará a los más vulnerables con programas de asistencia social, para mejorar en cantidad y calidad la prestación de servicios públicos de salud, educación y cultura y seguridad”.

Anticipó que durante 2017 se incorporarán nuevos municipios al Servicio de Atención Médica de Emergencias SAME Provincia; que se actualizarán los valores de los principales planes sociales; y que se desarrollará el Programa Operadores de Calle para realizar un abordaje de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad psicosocial.

“Superada la emergencia financiera que existía en la Provincia al iniciar esta gestión, y a partir de las mejores condiciones macroeconómicas que ofrecerá el país en el año entrante, el 2017 se presenta fértil para consolidar el programa de desarrollo bonaerense iniciado en 2016, donde destaca el ambicioso plan de infraestructura que madurará con pleno impacto en el nivel de empleo, sin descuidar el acompañamiento a los más vulnerables en el camino hacia el desarrollo sostenido”, continuó.

Se sostiene también en los considerandos de la iniciativa legislativa elaborada por el Gobierno de Vidal que “el primer año de Gobierno estuvo abocado a cambiar la ‘emergencia por previsibilidad’: resolviendo la situación de iliquidez financiera; reordenando las cuentas públicas; ordenando la relación fiscal de la Provincia con los municipios; celebrando paritarias con todos los trabajadores del Estado; priorizando la infraestructura; poniendo en marcha un plan de promoción social; y equipando las fuerzas de seguridad”.

Por último, el texto suscripto por Vidal destacó “la reivindicación histórica que inició esta gestión frente a la indiferencia de las anteriores” al plantear la recuperación, por vía legislativa y judicial, de “los fondos de origen federal que se vieron erosionados por la aplicación de mecanismos arbitrarios que contradicen el espíritu de las leyes”.

Con estos números el oficialismo se dispone a una negociación que tiene varias dimensiones y en la que está en juego no solamente el Presupuesto, sino buena parte de su propio devenir. Esta frente al momento donde “el cambio” empieza a ser, aunque luego tendrá que ser ratificado en las elecciones legislativas, o solo fue un vano intento.