Elisa Carrió revolvió el avispero este lunes y calentó la previa del debate sobre la reforma del Ministerio Público en la Cámara de Diputados, con declaraciones que despertaron malestar no sólo en el interbloque Cambiemos, sino también en el Frente Renovador, que trabajó para consensuar el proyecto y aportar los votos.

Según trascendió, la diputada nacional y líder de la Coalición Cívica rechazó por “inconstitucional” el proyecto que acota a cinco años el mandato del procurador general, con el cual el Poder Ejecutivo puso en la mira a la actual jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó.

Carrió -quien se recupera de una angioplastía a la que fue sometida semanas atrás- anunció que presentará en las próximas horas una observación al dictamen que será tratado el miércoles en el recinto de la Cámara baja, para proponer que el mandato del procurador no dure cinco, sino diez años.

Fuentes cercanas a la legisladora señalaron que tal como está redactado el dictamen, el proyecto “tiene nombre y apellido” y sugirieron que, si el gobierno de Mauricio Macri pretende desprenderse de Gils Carbó –vinculada a la agrupación Justicia Legítima-, debería ir por el camino del juicio político.

El rechazo de la diputada al dictamen de mayoría abrió una fisura en el interbloque oficialista, que se podría plasmar en votos en contra por parte de los tres integrantes restantes de la Coalición Cívica en la sesión de este miércoles.

De todos modos, voceros de Carrió aclararon que, antes de hacer trascender su rechazo, la líder de la CC-ARI había formulado esos planteos al propio presidente de la Nación.

Pero el malestar se extendió al Frente Renovador de Sergio Massa, el bloque que garantizará el éxito o el fracaso de la ley, luego de arduas negociaciones que tuvieron como fruto la aceptación de Cambiemos de gran parte de los reclamos de ese bloque.

“En este nivel de confusión, es muy difícil trabajar. Nosotros trabajamos sobre la base de que ellos tienen consenso. Si no lo tienen, es problema de ellos”, sentenció la jefa del bloque massista, Graciela Camaño, en diálogo con periodistas parlamentarios.

Y agregó: “Nosotros tuvimos una actitud de colaborar y nos bancamos el costo político de que nos dijeran que defendíamos a Gils Carbó. Pero somos conscientes de que el Gobierno tiene que gobernar”.

Lo cierto es que el Frente Renovador se encamina a votar a favor del proyecto en general, pero pedirá una serie de cambios a varios artículos, entre ellos para restarle facultades a la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público, que preside la propia Camaño.

Por ejemplo, el bloque ahora propondrá que el traslado de fiscales sólo deba ser notificado a la bicameral, sin requerir su aprobación.

Además, pedirán dar marcha atrás con la cláusula transitoria que establece que “todos los magistrados a los que se les hayan asignado funciones que impliquen un traslado de la jurisdicción para la que recibieron acuerdo (…) deberán retornar a su cargo dentro del plazo de 48 horas”.

“Es un plazo muy perentorio”, aseguraron desde el massismo, que se reunirá este martes a las 18 para analizar el tema después de las declaraciones de Carrió, que calaron hondo en el bloque.

Mientras tanto, el límite al mandato del procurador sigue siendo por estas horas la clave del proyecto, y en ese sentido el Frente Renovador todavía no dio a conocer una posición clara, si bien desde un principio promovía llevar ese plazo a siete años, y fijar la situación de Gils Carbó en una cláusula transitoria.

A pesar de toda la discusión que rodea al proyecto, desde Cambiemos salieron a poner paños fríos y aseguraron que la sesión del miércoles sigue en pie.