APEMIA y la Asociación 18J denunciaron en un comunicado conjunto que “la ley para echar a Gils Carbó es un acuerdo para echar a los fiscales de la Unidad AMIA”.
La reforma de la Ley del Ministerio Público, que por estas horas abrió una grieta entre distintos bloques de la Cámara de Diputados, sumó este lunes el rechazo de APEMIA (Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA) y la Asociación 18J.
En un comunicado conjunto, las dos agrupaciones -críticas de la instrucción de la causa y de las organizaciones DAIA y AMIA- denunciaron que “la ley para echar a (Alejandra) Gils Carbó es un acuerdo para echar a los fiscales de la Unidad AMIA”.
La declaración de APEMIA y 18J advirtió que, de aprobarse, el proyecto tendrá como efecto práctico remover en un plazo de quince días a los miembros de la Unidad Fiscal AMIA, integrada por los fiscales Sabrina Namer, Roberto Salum y Leonardo Filippini, que reemplazaron al fallecido Alberto Nisman, así como a los integrantes de fiscalías especializadas en delitos de lesa humanidad.
“En el caso particular de la AMIA, el acuerdo para echar a los fiscales implicará la acefalía de la Unidad Fiscal por segunda vez en dos años tras la muerte del fiscal Nisman, y pone en cuestión el trabajo e investigación que los fiscales están realizando pese a los límites que el mismo Poder Ejecutivo le impone a su tarea, toda vez que se niega a abrir y desclasificar los archivos secretos que permanecen en poder de los Servicios de Inteligencia”, dicen los familiares de víctimas y sobrevivientes.
Además, criticaron la creación de una “Procuraduría de Terrorismo” que, según ambos nucleamientos, “responde más a las viejas exigencias de la embajada de Israel y/o de la DAIA que a necesidades de la investigación de la causa AMIA”.
“¿Van a disolver la Unidad Fiscal AMIA en una fantasmal unidad ‘antiterrorista’ en nombre del esclarecimiento del atentado?”, se preguntaron las agrupaciones.
