Mediante un proyecto de ley que tomará estado parlamentario este jueves, Fuerza Cívica Riojana impulsa la puesta en marcha del Defensor del Pueblo de la Provincia de La Rioja.
El bloque Fuerza Cívica Riojana presentó un proyecto de ley mediante el cual se propone la reglamentación del Art. 158 de la Constitución Provincial, para poner en funcionamiento el Defensor del Pueblo.
La diputada Inés Brizuela y Doria resaltó que “se trata de una gran deuda pendiente de la democracia, ya que, a pesar de haber sido pioneros en la incorporación del instituto en nuestra Constitución provincial, incluso antes que en la Nación, hasta la fecha nunca se puso en funcionamiento en la Provincia”.
El Defensor del Pueblo está previsto en el Art. 158 de la Constitución Provincial, diseñado como un órgano independiente que actuará con plena autonomía funcional y sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su función es la defensa de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y las leyes frente a hechos, actos u omisiones de la administración pública provincial y municipal, de empresas públicas o privadas prestatarias de servicios públicos, o cuando por cualquier motivo se vean afectados los recursos naturales o se altere el medio ambiente humano.
La misma Constitución exige una ley especial para su puesta en marcha, y una mayoría agravada (2/3) para su designación.
En este sentido, el proyecto de ley presentado establece un proceso de publicidad y un plazo de impugnaciones respecto de los postulantes propuestos para el cargo, a fin de que la ciudadanía en general pueda opinar y manifestar sus objeciones sobre los mismos.
También le asigna autonomía presupuestaria y financiera, a fin de que cuente con la independencia necesaria para cumplir su función.
“El Defensor del Pueblo debe tener las herramientas suficientes para tener independencia en su tarea y autonomía funcional. Esto no será posible si no cuenta con la facultad de elaborar y manejar su presupuesto. También es fundamental que el Defensor o Defensora no respondan políticamente al gobierno, para poder ejercer la tutela asignada por la Constitución con real autonomía respecto del poder político”, advirtió Brizuela y Doria.
Según el proyecto, la primera minoría con representación parlamentaria deberá presentar una propuesta con hasta tres (3) postulantes, los que serán sometidos a un proceso de publicidad de antecedentes e impugnaciones. Luego la Comisión de Asuntos Constitucionales en reunión pública deberá aceptar o desechar las impugnaciones, y elaborará un dictamen que será incorporado en la primera sesión ordinaria siguiente, para su tratamiento por la Cámara.
“La puesta en marcha del Defensor del Pueblo es absolutamente necesaria, no solo para que la Constitución deje de ser letra muerta, sino para que los ciudadanos de la Provincia contemos con un órgano capaz y competente para la tutela de nuestros derechos, sobre todo en una provincia como la nuestra, donde la concentración del poder en el partido de gobierno genera innumerables situaciones en las que se vulneran derechos y garantías básicas en democracia”, finalizó Brizuela y Doria.
