Luego de haber torpedeado el acuerdo para reformar el Ministerio Público Fiscal, la líder de la Coalición Cívica aclara que en Cambiemos era conocido su pensamiento sobre el tema.
La reforma del Ministerio Público Fiscal en Diputados marchaba a paso firme, camino a su aprobación este miércoles, hasta que desde su lecho de reposo, Elisa Carrió, advirtió su rechazo. Su postura se conoció en el marco de otras críticas provenientes de diversos sectores, fundamentalmente vinculados al ámbito judicial. Pero las expresiones de la aliada de Cambiemos fueron gravitantes.
Conocida su declaración pública, el Frente Renovador puso en el freezer el acuerdo y reclamó que “primero se pongan de acuerdo en el oficialismo” y después ellos decidirían qué hacer.
Lo cierto es que Carrió insistió este martes en su postura. En declaraciones a Clarín, consideró “un verdadero agravio decir que mi postura haya sido sorpresiva”. Por el contrario, remarcó que “desde que comenzó a debatirse el tema, les adelanté mi postura a dirigentes, funcionarios y legisladores del oficialismo. Por lo menos vengo desde marzo, diciéndoselos a ministros y diputados”.
Luego lo ratificó a través de una serie de tuits en los que reiteró que “mi disidencia con respecto a la ley de Ministerio Público no es para nada sorpresiva”. Y agregó: “Cuestioné este proyecto de ley desde su ingreso al Parlamento, y lo conversé con el Poder Ejecutivo y el Legislativo”.
Y concluyó disparando a dos bandas: “Los integrantes de cambiemos tenían conocimiento. Pero optaron por acordar con Massa”.
La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica rechaza por “inconstitucional” el proyecto que acota a cinco años el mandato del procurador general, con el cual el Poder Ejecutivo puso en la mira a la actual jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó. Carrió -quien se recupera de una angioplastía a la que fue sometida semanas atrás- anunció la presentación de una observación al dictamen que pretendían tratar en el recinto para proponer que el mandato del procurador no dure cinco, sino diez años.
Fuentes cercanas a la legisladora habían señalado que tal como está redactado el dictamen, el proyecto “tiene nombre y apellido” y sugirieron que, si el gobierno de Mauricio Macri pretende desprenderse de Gils Carbó –vinculada a la agrupación Justicia Legítima-, debería ir por el camino del juicio político.
