La Cámara baja dio media sanción, con 114 votos positivos, 29 negativos y 17 abstenciones, la iniciativa que le da potestad a la Federación Argentina del Colegio de Abogados para otorgar matrículas federales.
La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto de ley que le otorga a la FACA (Federación Argentina del Colegio de Abogados) el control de la matrícula para los letrados que podrán litigar en el fuero federal. La iniciativa cosechó 114 votos a favor, 29 en contra y 17 abstenciones.
La ley, impulsada por el diputado del Frente Renovador Raúl Pérez, generó revuelo y fue rechazada, por ejemplo, por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que dirige Jorge Rizzo. 
En el inicio del debate, el radical Diego Mestre destacó la “importancia que tiene para todos los abogados de la Argentina poder avanzar en la matrícula federal”. Mencionó que actualmente para poder litigar en los tribunales federales, los letrados deben tramitar la matrícula en cada provincia.
“Se va a terminar esta situación”, subrayó el presidente de la Comisión de Justicia y dijo que con esta ley el Congreso da “una respuesta a la abogacía” después “de 30 años”. También sostuvo que “la mayor tarea sigue recayendo en los Colegios”.
Por su parte, María Emilia Soria (FpV) reclamó que a la propuesta “le faltó profundidad” de debate y que “no fueron escuchados los Colegios Públicos de las provincias”. Consideró que la matrícula federal la debería otorgar “un ente de derecho público estatal” y denunció que el proyecto “es una caja”.
Desde Cambiemos, la legisladora Anabella Hers Cabral (Pro) se manifestó en contra de la propuesta. “No encuentro fundamentos para que una asociación privada tenga injerencia en el otorgamiento de matrículas”, señaló y dijo que esto “atenta contra la Constitución Nacional”.
Luis Tailhade (FpV) criticó que se le otorga “a una ONG facultades de control de la matrícula que son públicas”. “Nos quieren meter por la ventana esta ley sin discusión de ninguna naturaleza. Sin escuchar la voz de los abogados, los colegios e inclusive la beneficiaria de esta ley, la FACA”, agregó. 
A favor de la norma, el diputado Juan Brügge (UNA) enfatizó en que “parece lamentable” que los abogados del interior cuando quieren litigar en la Capital Federal tengan que volver a matricularse. “Roza lo extorsivo”, manifestó.
Daniel Lipovetzky (Unión Pro), vicepresidente segundo del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, propuso modificar uno de los artículos de la ley para que el costo de la matriculación, que estaba fijado en 0,5 por ciento del salario básico de un juez federal de primera instancia, bajará a 0,3, algo que fue aceptado por el titular de la Comisión de Justicia, Diego Mestre.
La ley le otorga a la FACA (Federación Argentina del Colegio de Abogados) el control de la matrícula para los letrados que podrán litigar en el fuero federal.
La iniciativa, impulsada por el diputado del Frente Renovador Raúl Pérez, generó revuelo y fue rechazado, por ejemplo, por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que dirige Jorge Rizzo.
Propone delegar la coordinación en el otorgamiento de la matrícula federal y el control disciplinario de su ejercicio a la FACA. En el caso de las provincias donde no existiere colegiación legal de los abogados y hasta tanto la misma se implemente, será la FACA quien otorgue la matrícula.
En los fundamentos del proyecto, se consideró que esta ley permitirá que “sean los propios abogados quienes asuman la responsabilidad de velar por el prestigio del ejercicio profesional y la custodia de los intereses públicos vinculados con el desempeño de los abogados, a través de sus propias instituciones”.
Entre las funciones que se delegan a FACA, la organización podrá llevar el registro centralizado de las inscripciones en la matrícula federal y un registro centralizado de sanciones disciplinarias aplicadas a los profesionales inscriptos.
