“Los jueces deben investigar y castigar la corrupción de los últimos años, pero no van a resolver nuestros problemas para terminar con esta mala práctica hacia adelante. Para eso tenemos que tener marcos legales adecuados que permitan erradicar las condiciones que favorecen la corrupción y hacer un gran pacto de la política y los sectores sociales y económicos para un nunca más”, expresó la diputada Margarita Stolbizer.

La legisladora agregó que “el político que no esté dispuesto a que sus cuentas, su vida y sus sociedades sean transparentes y puedan ser sometidas al control social y legal, es mejor que se dedique a otra cosa. No puede haber secreto fiscal ni de ningún tipo para los funcionarios públicos”.

Stolbizer sostuvo que “el kirchnerismo destruyó las instituciones y también las reglas de la ética. por eso hay que reformar la ley e incorporar más requisitos en las declaraciones juradas, para que toda la información este allí y sea accesible y no pueda haber 'olvidos' de ningún tipo”.

Para Stolbizer hay que poner sobre la mesa de discusión como se resuelven los “conflictos de intereses que genera la confusión de empresarios devenidos en funcionarios y políticos que pasan sin intervalos a ser ceos de empresas relacionadas con el Estado”.

La diputada del GEN impulsa una revisión a la Ley de Etica Pública que amplia personas obligadas y la información que obligatoriamente deberá incluirse en las declaraciones juradas, comprendiendo a los tres poderes del estado y a los familiares de los obligados.

En el mismo proyecto se propone la creación de un Consejo Nacional de Etica Pública luego de la derogación por la reforma kirchnerista de la Comisión que se había establecido en la ley original.

Entre los fundamentos de la iniciativa, Stolbizer menciona que “los problemas vinculados a la falta de ética en el ejercicio de la función pública no se relacionan solamente con una cuestión moral. En nuestro país representan un enorme desvío de fondos públicos que dejan de aplicarse a las necesidades de la población, y, lejos de ellos, corrompen comportamientos políticos, gremiales, económicos y culturales. Las voluntades políticas de los distintos actores muchas veces se compran y se venden; y a causa de la corrupción se omiten controles, se direccionan licitaciones, se defienden intereses espurios, se amasan fortunas y se abandonas responsabilidades indelegables en un país donde la pobreza y la indigencia muestras índices inaceptables. Es muy difícil pretender y alegar la defensa de la redistribución de la riqueza y de los ingresos si al mismo tiempo no se lucha por desmantelar los altos niveles de corrupción que existen en nuestro país”.

El proyecto pretende hacer visibles en el marco de las declaraciones juradas patrimoniales y de conflictos de interés, los vínculos entre el sector público y el sector privado, y también visibilizar el patrimonio de los funcionarios aportando herramientas idóneas para controlar su evolución.