Por Daiana Solange Zunino

En el marco de las denuncias de dos jóvenes integrantes del colectivo “La Garganta Poderosa”, se sumaron nuevos hechos que la Red de Organizaciones Contra la Violencia Institucional (Rocvi) señala como “represivos”, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos José Cruz Campagnoli y el legislador por FIT Marcelo Ramal, impulsaron una iniciativa para detener este tipo de situaciones.

Los legisladores en conjunto con Rocvi y otras organizaciones sociales y políticas, llevaron a cabo una conferencia de prensa en la Legislatura porteña en donde presentaron diversos hechos en donde las distintas Fuerzas Armadas (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Metropolitana) se cruzaron en situaciones poco claras con jóvenes pertenecientes a barrios humildes de la Ciudad de Buenos Aires.

En una entrevista exclusiva con Parlamentario, Ramal indicó que a raíz de la difusión de las acusaciones vertidas por Ezequiel Villanueva Moya e Iván Navarro, pertenecientes a La Garganta Poderosa, “comenzaron a salir a la luz en el barrio muchos otros hechos que tienen la misma matriz represiva, por ejemplo: intimidaciones físicas y verbales a miembros de organizaciones sociales y políticas como el Movimiento Popular “La Dignidad”, el Partido Obrero y el comedor de la Organización Cambalache”.

El legislador señaló que no es la primera vez que los vecinos de las villas 21-24 y Zavaleta se reúnen para tratar este tipo de situaciones, y que fue gracias a estos encuentros que “les propuse que hiciéramos una convocatoria en la Legislatura y que esa convocatoria fuera la oportunidad de una iniciativa parlamentaria” en donde “estamos impulsando es la citación al ministro Martín Ocampo a la Comisión de Derechos Humanos, para que de cuentas de este accionar en la zona”.

En la conferencia llevada a cabo en el Palacio Legislativo un integrante del Frente Juvenil Hagamos lo Imposible en La Brecha y que forma parte de la Rocvi, Germán Solero, explicó cuáles son las inquietudes de los jóvenes y que es lo que les exigen a las autoridades. “Nosotros hace poco más de un mes realizamos una charla en Villa 21 en la que denunciamos las creciente violencia policial, del creciente hostigamiento y persecución hacia organizaciones sociales, vecinos y vecinas del barrio, y en particular de los jóvenes; identificábamos que al joven y villero era el más afectado”, resaltó Solero.

El militante afirmó que “esto tiene que ver con que el joven es el más propenso a revelarse, a no aceptar las cosas como le son dadas, como vienen de arriba”, mientras que para Ramal estos hechos ocurren dado que “todo da a pensar que existe una clase de orientación , que baja del propio poder ejecutivo, para actuar de este modo por un lado, frente a jóvenes en general del barrio por la famosa ´portación de cara´, pero también con un criterio más selectivo en el sentido de que se han hecho, por ejemplo, visitas de efectivos policiales a comedores, situaciones de tensión en la que grupos de militantes nuestros estaban haciendo una pintada y que sufrieron una intimidación y fueron detenidos, así paso con varios grupos”.

Marcelo Ramal aseguró que estas situaciones no son aisladas sino que “esa zona tiene una tradición de atropellos policiales”, quien además añadió que “es indudable que esta presencia de efectivos de las fuerzas de seguridad, supuestamente destinada a combatir el narcotráfico es completamente estéril a la hora de combatir el delito organizado, pero en cambio se muestra efectiva para ejercer esta suerte de intimidaciones y de control social”.

Entre los hechos denunciados por los grupos se destacan tres situaciones en concreto, la primera de ellas la de un adolescente de 18 años vinculado a un espacio musical y creativo, quien asegura que “fue detenido, golpeado, obligado a desnudarse en reiteradas oportunidades frente a policías y presionado a firmar papeles en blanco”; por otro lado, una familia de barrio Zavaleta afirmó que fue “agredida y amenazada por Gendarmería”; y finalmente, otro chico que acusa a algunos efectivos de la Policía Bonaerense de haberlo “violado y atacarlo físicamente”.

Los vecinos de la villa 21- 24 y Zavaleta también sostienen que “se realizan trabajos de inteligencia y hostigamiento a referentes, organizaciones sociales y políticas” y que además “Policías Federales se presentan sin identificaciones y piden violentamente la nómina de los integrantes de las organizaciones”. A su vez, señalaron que “Policías Federales y de la Prefectura Naval golpearon a trabajadores de la Casa de la Cultura de Villa 21” y que además “se los llamó por sus nombres sin que estos se los hubiesen dado”, entre otras situaciones.

Al respecto de estos hechos, Ramal aseguró que “hay una suerte de encubrimiento – por parte de las Fuerzas Armadas -de esta complicidad con el delito”, ya que “en la villa cada 100 metros se puede encontrar un dealer, un vendedor de drogas y que actúan ante la completa inoperancia policial”. Es así que la forma de ocultar estos actos ilícitos llevando a cabo “ante esta intimidación sobre organizaciones sociales y políticas del barrio”, además agregó que “aparecen como una fuerza activa, actuando seguramente contra el eslabón más débil de la cadena social de los barrios que son los jóvenes”.

“Hay una acción que tiene que ver con intimidar al joven que no tiene trabajo, no estudia, y que se los puede encontrar dé a centenares en un barrio; pero nuevamente la gendarmería no fue colocada allí con esa función, entonces mientras las raíces del delito están intactas se persigue al eslabón final que es un joven”, sentenció Ramal.

Por otra parte, Solero detalló cuales son los cambios que esperan obtener con la iniciativa impulsada por Campagnoli y Ramal, entre las que se encuentran “que se le dé tratamiento a esta problemática en la Comisión de Derechos Humanos y de Seguridad; en particular que la última cite al ministro de Seguridad y Justicia, Martín Ocampo, a que dé explicaciones; que se confeccione un registro de acceso público en el que este la lista de que efectivos están afectados y a que barrio, y que se obligue a los efectivos a estar identificados porque lo que pasa es que andan sin identificación personal y actúan desde el anonimato; el cese de las tareas de inteligencia, el cese de la tortura y el castigo efectivo de los responsables de estas tareas de inteligencia y tortura”.

A su vez, el legislador del FIT destacó que “fundamentalmente queremos saber dos cosas: por un lado, si el ministerio de seguridad va a tomar alguna disposición frente a todos estos casos de atropello que estamos denunciando, y por el otro, si esta conducta intimidatoria es circunstancial o si por el contrario forma parte de una instrucción deliberada que baja desde el poder ejecutivo”. No obstante, aseguró que desde las organizaciones buscan “el cese de este tipo de intimidaciones, en algunos casos como el caso de la Garganta Poderosa, reclaman poder ejercer un control popular sobre las organizaciones que están allí, es decir que los vecinos puedan tener injerencia en el tipo de patrullaje que realizan las fuerzas policiales en el barrio”.