La diputada nacional Carla Carrizo (UCR-Cambiemos) presentó un proyecto donde expresa la “preocupación” por la decisión del Gobierno bonaerense de suspender “una resolución del Ministerio de Salud que establecía un protocolo operativo para los casos de aborto no punible por abuso sexual o riesgo de la madre”.

En una iniciativa, acompañada por las legisladoras Victoria Donda (Libres del Sur), Alicia Ciciliani (PS) y Juliana Di Tulio (FpV), la radical afirmó que “ningún gabinete provincial tiene el poder para violar derechos garantizados por la ley nacional”.

Y señaló: “Es lamentable que esto ocurra en una provincia que registra la mayor cantidad de delitos a la integridad sexual de niñas y adolescentes”.

Carrizo dijo que “el mensaje que se da no es el que establece la ley y la Corte Suprema de Justicia, para quienes estas niñas, adolescentes y mujeres son víctimas de una agresión física”, sino que “se legitima un mensaje perverso, propio de la edad media: culpabilidad allí donde lo único que hubo es violencia”.

“Y, con esta decisión, el Estado además agrega, desamparo e impotencia. Es decir, el mensaje que se les da a estas niñas y madres es, ¿para las víctimas? ni derechos ni justicia”, añadió la diputada oficialista.

A raíz de esto, la legisladora propone modificar el artículo 86 del Código Penal de la Nación para que adopte el criterio especificado por el Fallo FAL de la Corte Suprema “que establece, sin ambigüedades, que basta con una declaración jurada de la mujer y en su defecto de quien esté a cargo de su cuidado para hacer operativo el derecho al aborto cuando hubo violación o está en riesgo la salud de la mujer”, explicó.

Asimismo, subrayó que por “el anacronismo con que está redactado este artículo” es del cual “se valen quienes en nombre de posiciones morales, válidas en el ámbito privado pero de ningún modo en lo público, impiden hacer efectivo lo que la Corte ha dicho: garantizar la accesibilidad a este derecho personalísimo en todo el país”.

“Verdaderamente es alarmante que en pleno siglo XXI, los gobernadores y gabinetes de nueve provincias argentinas crean que tienen derecho a interpretar la ley según sus convicciones personales o religiosas, en un acto de irresponsabilidad pública y de apropiación absoluta de un poder que no tienen ni deben así ejercer”, finalizó.