La previsible caída del proyecto de reforma del Ministerio Pública Fiscal desencadenó una crisis política en el oficialismo, aunque desde Cambiemos aclaran que será superada. El cuestionamiento de Elisa Carrió implicó, por ahora, que Alejandra Gils Carbó continuará en su cargo sin fecha de vencimiento. Hay promesas de acelerar el juicio político, más allá de que todos son conscientes de que los números para alcanzar los dos tercios no dan.
El martes 25 de octubre fue una jornada destacada por tres hechos que repercuten en la estructura de poder del oficialismo. Lo protagonizaron dos mujeres, la diputada nacional Elisa Carrió y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, y el restante correspondió al anuncio del Vaticano de la apertura de los archivos de la Iglesia Católica sobre lo acontecido en la última dictadura militar y tal vez antes de la represión estatal del 24 de marzo de 1976.
Tanto Vidal como Carrió parieron gestos de una potencia política que sacudió a la dirigencia. La mandataria avanzó en forma decidida para descabezar al Servicio Penitenciario en la provincia de Buenos Aires, de probada connivencia con la marginalidad delictiva. Una acción que desde el regreso de la democracia ningún Gobierno -ni radicales ni peronistas- se animó a emprender, pues representaba cambiar las reglas de juego. Por el contrario, se optó siempre por parches parciales.
En el caso de Elisa Carrió, hubo un renovado cuestionamiento al proyecto de reforma del Ministerio Publico Fiscal firmado en un plenario de comisiones. La promesa de modificarlo en el recinto no la convenció; al contrario, la incitó a descalificarlo y recordar que en ese plenario dos legisladores de su bloque firmaron en disidencia.
Fracaso anunciado
Toda ley tiene un texto y un contexto. Una frase que resume lo sucedido con la idea macrista de eyectar de su cargo a la radical kirchnerista Alejandra Gils Carbó, y que al final del actual período legislativo se estima que al menos por ahora debe ser archivado. Se conjetura mientras tanto que la embestida se puede retomar con un pedido de juicio político presentado hace meses y que quedó en el temario de una comisión que nunca lo puso a consideración de sus integrantes. En rigor, nadie decía una palabra sobre el tema, simplemente por la convicción de que los números no daban para destituir a la procuradora
Cuando las autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación resolvieron que las comisiones de Justicia, de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda, presididas por el radical cordobés Diego Mestre, la radical jujeña María Burgos y el macrista rosarino Luciano Laspina, trataran el proyecto, surgieron las críticas de Carrió y de más de un legislador, por eludir la Comisión de Asuntos Constitucionales.
La polémica diputada Carrió puso sobre el tapete el artículo 62 del Reglamento de la Cámara de Diputados, donde se señala claramente que “compete a la Comisión de Asuntos Constitucionales dictaminar sobre todo proyecto o asunto que pueda afectar principios constitucionales y sobre aquellos que versen sobre legislación electoral, ciudadana y naturalización”.
Un detalle a la hora de dar cuenta del fracaso de la embestida no se puede soslayar: la fragmentación legislativa incide a la hora de la sanción de las leyes, lo que se potencia con que la alianza Cambiemos carece del poder de los números para imponer su aprobación con la versión original. Una debilidad que genera que todos metan la cuchara en los plenarios de comisiones, lo que obliga al oficialismo a aceptar esas modificaciones sin chistar.
No es cosa de este proyecto; con todas las leyes aprobadas pasó lo mismo: hasta ahora ninguna conservó la idea original pergeñada en el primer piso de Balcarce 50, más bien lo contrario. Cambiemos avanzó con ellas a partir de acuerdos transitorios con la bancada del Frente Renovador que lideran Sergio Massa y Graciela Camaño y el bloque Justicialista de Oscar Romero y Diego Bossio, más otros monobloques siempre dispuestos a acompañar al oficialismo de turno.
Un panorama que se repite en la Cámara alta, donde el peronismo ejerce si piedad ni pudor su mayoría numérica, lo que obliga a los senadores de Cambiemos -con ayuda del senador 73 Rogelio Frigerio- a negociar con el jefe de la bancada del bloque del FpV-PJ, Miguel Angel Pichetto, quien por su parte afirma que se debe colaborar con la gestión del presidente de la Nación Mauricio Macri. En rigor -y como en más de una oportunidad se reflejó en las páginas de Parlamentario- colaboraron a la hora de la aprobación de las leyes.
Uno de los argumentos fundamentales de Elisa Carrió es que el proyecto es anticonstitucional, pues viola el artículo 120 de la Constitución nacional, de cuya reforma ella fue una de sus activas participantes, lo que le mereció irrumpir en la escena nacional.
“El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República. Está integrado por un Procurador General de la Nación y un defensor general de la Nación y los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones”, reza el artículo 120, de la Constitución Nacional aprobada en 1994, durante la gestión del actual senador nacional Carlos Menem.
A la carga
Para más de un legislador -no solo del oficialismo, sino también del oposición-, las actividades de las fiscalías del Ministerio Público Fiscal, como las de Criminalidad Económica, de Corrupción, de Lesa Humanidad, de Violencia Institucional, de AMIA, de Género, de Usuarios y Consumidores, de Ciber-delincuencia, entre otros organismos, exceden sus atribuciones, y conjeturan que eso se dio en especie de “snobismo intelectual” con algunas de estas fiscalías desparramadas a lo largo y ancho del país.
Consideraciones que tal vez no sean las que preocupan a Elisa Carrió. Para ella, las que estima que son merecedoras de iniciar el Juicio Político son las irregularidades administrativas y la esmerilización de fiscales, cuyo caso emblemático fue José María Campagnoli, al que se llevó a un juicio político que terminó en un fracaso político. El hombre finalmente regresó a la fiscalía de Saavedra, a partir de un pedido de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Luego Campagnoli fue promocionado para reemplazar a Gils Carbó gracias a la movida del periodista Jorge Lanata, que cosechó más de 120 mil firmas recolectadas desde un sitio web.
El serrucho al fiscal se había originado cuando metió las narices en las andanzas del empresario Lázaro Báez y que fue completado por el fiscal Carlos Gonella, el que actualmente está imputado en una de las causas, por haber esquivado profundizar las investigaciones sobre la ruta del dinero K. Gonella fue enviado a la fiscalía de Córdoba, para sacarlo de la escena nacional, lo que para más de un entendido fue un gesto de Gils Carbó para enfriar la cuestión.
Y la lista de acusaciones que fundamentan el renacido pedido de juicio político se suma a las designaciones de fiscales en distritos para los que no fueron elegidos cuando se presentaron sus pliegos en la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación. No está de más recordar que los integrantes de la oposición dejaron constancia de esa futura irregularidad, la que finalmente se cumplió, como se puede leer en el sitio web del Senado de la Nación.
Pero como en esos años la comisión estaba controlada por el oficialismo K, las quejas pasaban de largo y después se repetían en el recinto. La oposición volvía a insistir en que ninguno de ellos cumpliría con el destino fijado, sino a gusto y paladar de la titular del Ministerio Público Fiscal, pero el tablero terminaba cantando que el oficialismo ganaba la pulseada política.
Nadie es neutro
Una de las acusaciones del macrismo sobre Alejandra Gils Carbó es que pertenece a Justicia Legítima, una playa de maniobras gestada por Carlos Zannini para poner en duda el accionar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia, entre otros organismos, considerados adversarios de la gestión de la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.
Un detalle a tener en cuenta es que el cuestionamiento ideológico es únicamente contra Gils Carbó y no contra la titular de la Defensoría General de la Nación, Stella Maris Martínez, también miembro de Justicia Legítima.
Empero, pensar que los miembros de la Justicia son neutros y que no tienen pensamientos ideológicos es una utopía. Por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, fue militante en San Rafael cuando cursaba el secundario de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), afín a los movimientos políticos de esos trágicos años de la década del setenta, lo cual fue uno de sus antecedentes para que el entonces presidente Néstor Kirchner impulsara su candidatura al Tribunal Superior, a instancias del entonces senador Nicolás Fernández, hoy alejado del mundo K.
Claro que no es el tema en cuestión. Es simplemente un aporte para una discusión sobre la construcción de una nueva Justicia, alejada de los vaivenes políticos de los habitantes de Balcarce 50.
Cómo sigue la historia
Tras la caída del proyecto de reforma al Ministerio Público Fiscal, se desató una serie de cuestionamientos internos en la alianza Cambiemos y de parte de los aliados que se sumaron a la propuesta del Pro, entre ellos el Frente Renovador, en la persona de la diputada nacional Graciela Camaño, a quien no le hicieron ninguna gracia estas idas y vueltas del oficialismo, dado que ella puso en juego su capital político para avanzar con la sanción de esta frustrada ley. Inclusive propuso modificaciones al original de la ley, la que con el correr de los meses fue podada y finalmente aprobada en un plenario de comisiones con un texto que no pudo cruzar la calle y quedó -por ahora archivado- en el Edificio Anexo.
En los pasillos del Congreso se especula con que estas idas y vueltas del macrismo pueden desatar una crisis en la relación y el trabajo en común de la alianza Cambiemos con los bloques Renovador y Justicialista.
De acuerdo con legisladores consultados sobre este panorama, más de uno aclaró en la intimidad que el malestar será superado, aunque no dejan de admitir que las heridas no cerrarán rápidamente. Llevará su tiempo.
Ese es el panorama de una norma, que al igual que las demás sancionadas en lo que va del año, recibió tantas modificaciones producto de que -reiteramos- el oficialismo carece del número para imponer la versión original de sus proyectos. Algo que llevó en su momento a Elisa Carrió a destacar la pluralidad en la redacción de las leyes. “Hasta los chicos de La Cámpora están contentos”, dijo riendo.
Claro que puertas adentro reconocen que esta frustración implica una derrota política de envergadura para el macrismo en particular. Una derrota que los obliga a repensar que en política no se puede avanzar a tontas y a locas, máxime en un Congreso de la Nación donde la fragmentación impone las condiciones.
Por esas ironías de la historia que comenzó el 10 de diciembre le tocó a una integrante de la alianza Cambiemos infringir esta derrota política. La diputada nacional Elisa “Lilita” Carrió se encargó de aclarar que no fue una sorpresa su decisión, sino que le avisó a todos, en particular al presidente de la Nación y a integrantes del Gabinete nacional. “A todos les transmití que no iba a compartir esa violación a la Constitución nacional”, recordó cuando la suerte de este proyecto ya estaba echado.
