El final imprevisto del miércoles pasado, en el que el oficialismo vio como una votación que creía simple y ganable terminó mandando el tema a comisión, terminó siendo una suerte de cuarto intermedio, pues el proyecto de Participación Público Privada (PPP) es el primero en ser tratado en la sesión de este miércoles.

La discusión fue más sencilla este miércoles, pues las diferencias habían sido subsanadas en comisión, donde se acordaron las modificaciones que se habían esbozado la semana pasada en el recinto. En su vuelta a comisión, se estableció entre otras cosas que este tipo de contratos deberá contemplar un 33% de participación de bienes y servicios de origen nacional, algo con lo que Cambiemos buscó “llevar tranquilidad” a la CGT.

Para exponer sobre el tema, el macrista Daniel Lipovetzky consideró que el proyecto “es una contribución a resolver los problemas de infraestructura que tiene nuestro país”, y recordó que en 2005 el entonces presidente Kirchner aplicó algo similar a través de un decreto.

“Brasil, Chile y Colombia han utilizado este régimen, y han avanzado mucho” en cuestiones de infraestructura, recordó, y destacó las modificaciones introducidas en la Cámara baja “para cuidar al trabajo argentino, a las Pymes, y al medio ambiente”.

Entre las modificaciones destacó la aplicación de la ley de Compre Nacional, como así también “la obligación de que en la provisión de bienes y servicios al menos el 33% debe ser nacional”. Por eso estimó que el proyecto permitirá además de mayor obra pública, “también va a generar un impulso sobre la industria nacional y la pequeña y mediana empresa”.

Respecto de los controles, destacó la creación de una comisión bicameral de seguimiento con facultades no solo para seguir los procesos de PPP que se vayan avanzando, sino también la fiscalización y la obligación de las partes de concurrir a la bicameral a informar al menos una vez al año.

Lipovetzky detalló a continuación los requerimientos de obras de infraestructura que necesita el país.

En contra se pronunció el diputado Axel Kicillof, que habló de “leyes neoliberales” con las que el Gobierno pretende “cerrar el año”. Cuestionó el proyecto, señalando que la iniciativa es “de interés para el proyecto neoliberal que está implementando” el Gobierno, “de manera solapada”. El exministro consideró que “lo más grave es que no se le ha comunicado a la sociedad de qué se trata”.

“Cada vez que (el Ejecutivo) presenta una ley, lo que presenta es un error”, aseguró. Y rechazó que hubiera “ensayo y error”, pues todo es “voluntad del Ejecutivo”. Kicillof negó que así se vaya a terminar con la falta de transparencia, afirmando que “donde se aplicó este tipo de proyectos, hubo casos de corrupción”, y habló de un intento de “tercerizar el proceso de contratación de la obra pública del país”.

“Se desnacionaliza, se desestatiza”, denunció, asegurando que “como está planteado el proyecto, casi cualquier obra y servicio que realizaría el Estado ahora va a aparecer como iniciativa privada”, garantizó, y cuestionó que la ley plantee la jurisdicción de tribunales extranjeros en los litigios que puedan plantearse. Concluyó afirmando que “esta ley no sirve, mata a las pymes, mata al trabajo nacional”.

Luego habló el diputado de izquierda Pablo López, que consideró que el dictamen con modificaciones fue solo un “maquillaje”, y reiteró sus críticas formuladas la semana anterior. “Esta es una ley (planteada) ante la desesperación de que no vienen inversiones, para entregar los manejos a los extranjeros”, y aseguró que “los privados no van a poner un peso” y van a ser los que disfruten de la realización de esas obras. Denunció a continuación que el debate del Presupuesto no se hubiera dado en el marco de una sesión ordinaria y que en cambio fuera puesto a consideración el proyecto de contratación público privada, estimando que fue para “asegurarse los votos”.

“Este Gobierno va a hacer lo que hizo el Gobierno anterior: entregar la jurisdicción”, alertó.

Luego fue el turno de Carlos Heller (Solidario SI), que reconoció que algunos aspectos del proyecto “mejoran”, pero no cambian el eje del proyecto. “En el contenido central sigue siendo un proyecto que apunta a la privatización, a profundizar las políticas de privatización”, se quejó, y dijo que “este proyecto debería llamarse ‘proyecto de pérdida de soberanía nacional’”.

A continuación, el radical Luis Pastori defendió la iniciativa oficial destacando que “es un régimen de contrataciones alternativo a los distintos regímenes que ya existen; no estamos derogando ningún régimen de los que actualmente tenemos”, sino que “estamos agregando un nuevo régimen a la pléyade de regímenes que existen en el derecho administrativo argentino”. Destacó que es un nuevo mecanismo, que no es novedoso pues ya existe en varios países y provincias que no están gobernadas por Cambiemos. “Por ejemplo mi propia provincia, Misiones”, aclaró. Recordó también el decreto de Fernando de la Rúa que en el año 2000 fue calificado de “muy bueno”, aunque en esa oportunidad no prosperó, porque por entonces no ayudó el contexto en el que se promovió.

“Pero después, cinco años después Néstor Kirchner también propuso una nueva norma de Participación Público Privada; y aquí es donde aparecen las primeras incoherencias del primer informe de minoría”, señaló Pastori. Señaló que el kirchnerismo, por más modificaciones que se le hubieran hecho, “nunca lo habría aprobado porque no cree en este régimen”.

Aclaró que “siempre va a haber licitación pública”, y destacó que “para que esto funcione” y pueda canalizarse “la enorme necesidad de infraestructura, se requieren condiciones mínimas, como credibilidad”. Recordó que el decreto de Kirchner en 2005 fracasó, tal vez porque ese gobierno no la tenía, y porque hacía falta una ley en lugar de un decreto. Destacó el papel de la AGN para auditar todos los proyectos que se emprendan, que a su vez figurarán en los presupuestos que se envíen al Congreso.

Respecto de la prórroga de jurisdicción, negó que exista una cesión de soberanía. Leyó el artículo en cuestión y destacó que un eventual arbitraje debe ser aprobado por el Ejecutivo, que debe avisar al Congreso. “Arbitraje internacional, no jurisdiccional… No estamos cediendo jurisdicción, es arbitral la cesión, no jurisdiccional”, aclaró, y pidió al kirchnerismo “que no agiten fantasmas que no existen”.

Francisco Furlán fue el que impulsó el pedido de votación que la semana pasada provocó el envío del proyecto a comisión, y al hablar este miércoles dijo mantener sus reparos respecto de la iniciativa. Aclaró que “no venimos a alimentar fantasmas”, sino a “manifestar nuestra preocupación respecto de las cosas que han sucedido en este Parlamento”. Citó que en su momento se había dicho que resolviendo el problema con los fondos buitre la Argentina conseguiría las inversiones necesarias para encontrar una salida a la crisis. “Nada de lo que se nos dijo como argumento para pagarles a los fondos buitre ocurrió, porque las inversiones no llegaron”, dijo, citando luego la ley de las autopartistas. En ese sentido leyó titulares publicados este miércoles referidos a las caídas en la industria y la construcción.

Puso en duda la efectividad de la cláusula que dispone que un 33% de la participación en las obras sea nacional y cuestionó la ausencia de las cámaras del sector en los debates en comisión. “Cuando se dice de parte del oficialismo que efectivamente se podrían haber introducido mayores cambios, pero que por más cambios que hubiéramos hecho, nosotros hubiéramos votado en contra, está admitiendo implícitamente que se le podían hacer más cambios”, deslizó.

El kirchnerista Guillermo Carmona habló de preocupación de los trabajadores e industriales argentinos frente a un proyecto que nos pone “a las puertas de la extranjerización no solo de la obra pública”, sino que “es tan amplio que amerita todas las contrataciones públicas”. A su juicio “estamos ante la situación de que sin haber negociado ningún tratado con otro país, ningún tratado de libre comercio, se están estableciendo las mismas concesiones, privilegios para venir a la Argentina a tener situaciones de beneficio respecto de la industria nacional”. Consideró “calcados” algunos párrafos del proyecto PPP que los del Tratado Trans Pacífico.

Desde el interbloque UNA, Juan Brügge adelantó el voto positivo de su sector a la iniciativa, y destacó las modificaciones planteadas, considerando que “con esta ley hay un avance” respecto de otras leyes que hay en la Argentina, y puso como ejemplo la Ley Dromi, donde “no había la serie de controles que hay aquí”. Aseguró que “esto es diametralmente diferente a lo que pasó en la década menemista”, y remarcó que “se ha establecido concretamente que una vez determinada la posibilidad de una contratación público privada, debe ser publicada en el Boletín Oficial” entre otros elementos publicitarios que la diferencian de la Ley Dromi. Destacó los agregados hechos al proyecto, compatibilizados con otros bloques, y consideró “un aspecto no menor el agregado de los componentes nacionales en los bienes y servicios que deben obligatoriamente estar presentes en este tipo de contratos”, aludiendo al 33% que se exige en el proyecto entre las correcciones hechas al proyecto este martes.

“Hemos avanzado en forma cuantitativa y en calidad, comparado con aquel intento de querer incorporar al sector privado, que se hizo en la época de Menem”, remarcó.

Por el mismo sector se pronunció Sergio Ziliotto, quien destacó la incorporación de modificaciones, destacando la incorporación de la participación nacional y el respeto al trabajo argentino, como así también que se tengan en cuenta a las pymes. Asimismo advirtió que “si esto tiene algún tipo de extranjerización, cuando vuelva al Senado, el sector político que corresponde al mismo sector que la denuncia hoy, puede hacer las correcciones” pertinentes. Pero destacó que al hablar de “extranjerización”, acuerdos con China como los realizados por la anterior gestión eran precisamente esa misma extranjerización que denuncia el kirchnerismo con esta ley.

La diputada Graciela Cousinet (Libres del Sur) ratificó la oposición del bloque Progresista, por considerar que más allá de los esfuerzos para modificarlas, “que valoro”, dijo, sigue “siendo esencialmente lo mismo”. Tras ella, Darío Giustozzi pidió acompañar el proyecto y recordó “lo que han acompañado en los años 90” los que hoy se oponen, y les pidió recordar el alineamiento con el Consenso de Washington, “ramal que para ramal que cierra”, o el abrazo con el almirante Rojas.

A su turno, Myriam Bregman denunció que “se ha conformado una nueva mayoría que cogobierna la Argentina”, y aseguró que “ahora seguramente los gobernadores también estarán llamando a los diputados para que apoyen esta ley en el recinto”. Además, señaló que “es tan escandalosa la ley que hasta se la ha comparado con la Ley Dromi”, y estimó que “esto no se salva con los controles que se han establecido, porque no pueden controlar los que votan la entrega”.

El kirchnerista Alejandro Abraham consideró que esta es “la consagración directa del fracaso de la política del Gobierno”, producto de acuerdos “que se han hecho fuera de esta casa del pueblo”. Asimismo anticipó que “los capitales no van a venir, porque nadie le tiene confianza a un gobierno al que el pueblo no le tiene confianza”.

Otro oficialista, Fernando Sánchez, sostuvo que lo que no puede dejar de hacer el Estado es “la regulación y el control”, que no puede ser delegado. “Esto es una modalidad de contratación o contrataciones alternativas. Alternativa a la ley de obra pública, que establece bastantes requisitos, y que pone en privilegio al Estado, que no necesariamente es el que más cumple”, puntualizó, recordando las violaciones a los contratos que se han dado de parte de los privados y del Estado.

Al citar otras modalidades de contratación, citó la ley de concesiones, y recordó que los que la criticaron lo hicieron porque nació en los 90, pero “se olvidaron de la UNIREND”, en alusión al kirchnerismo, y citó las cuestiones oscuras que se dieron con esa norma, siempre aprobada por la mayoría del Frente para la Victoria. Fernando Sánchez concluyó diciendo que “la diferencia la van a hacer los funcionarios que apliquen esta ley, y espero que se diferencien de los que responden a quienes se oponen a esta ley”.

El kirchnerista Carlos Castagneto hizo un repaso por las obras realizadas durante la gestión kirchnerista, y aseguró que las empresas participantes “fueron todas argentinas”. “La infraestructura creció y creó 2.000.000 de puestos de trabajo de forma directa e indirecta”, dijo, para luego emprenderla contra el proyecto de ley en debate, del que dijo que “cambia todo el sistema actual; propiciará la salida del Estado” en las tareas de infraestructura, y consideró que “implicará la dolarización de los contratos de obra pública a precios y costos internacionales”, propiciando “un mayor endeudamiento del país”.

Desde el oficialismo, el diputado del Pro Eduardo Conesa dio la nota al expresar algunas contradicciones a la ley, referidas a la adjudicación “más conveniente” de la obra, por lo que propuso sin éxito que el artículo 15 establezca que en las licitaciones las ofertas se presenten en dos sobres; en uno, precisando las características del proyecto, y en el segundo el factor de adjudicación. “Tiene que ser una adjudicación indubitable, donde no haya dudas de quién es el ganador”, remarcó.

Respecto de la prórroga de jurisdicción, también la cuestionó, por considerar que eso es contrario a lo que establece la Constitución. Rechazó también que el financiamiento de las obras de autopistas sea a través de peajes. “Si queremos que la ley de PPP sea eficiente en la construcción de rutas y autopistas hay que establecer el sistema de la ley federal de autopistas, que financia una red de 13.400 kilómetros de autopistas que se financian con un impuesto al combustible, y de esta forma se permite fácilmente la financiación del sistema”.