Defender la fruticultura significa defender la actividad en su conjunto. Es la defensa del interés social que va más allá de los intereses individuales de los productores. La desaparición de los fruticultores como consecuencia de las sucesivas crisis en la actividad, tiene otra consecuencia más directa e inmediata que es la merma en la contratación de mano de obra, la disminución de los trabajadores requeridos para las labores culturales, como la poda y la cosecha, por ejemplo. Cuándo estas labores no se hacen, por efecto cascada son muchos los trabajadores que quedan en la calle.

Y además aparece el problema de la informalidad laboral. No solo por la imposibilidad de los chacareros de hacer frente a costos laborales elevados, sino también por empleados que no encuentran incentivo en estar registrados afrontando descuentos que bajan su salario neto en un contexto inflacionario que eleva mes a mes los precios de una canasta básica que a veces se torna inalcanzable.

La situación se da en un contexto de avance de la industria petrolera sobre las chacras, con impactos ambientales visibles, casi cotidianos y sin estudios de impacto ambiental ni audiencias públicas. 240 mil litros de agua salada de un pozo secaron recientemente plantas y frutales en Allen.

Pero volviendo al tema central, estamos hablando que la actividad frutícola en Rio Negro en lo que va del año expulsó a 3.380 trabajadores, según el estudio de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera), sobre todo en la cosecha y la poda.

Los productores perciben desde hace varios años valores que rondan el 60% del costo de producción de sus peras y manzanas, es decir, todos los años tienen rentabilidad negativa. A esto se suma que bajó el volumen de la fruta comercializada este año y que se perdieron miles de kilos en las chacras, debido a que resultaba más costoso cosecharla que dejarla. De esta problemática resulta una situación que afecta a una larga cadena de intereses y de sectores. Un análisis minucioso de este efecto sería excesivo aquí, pero lo que sí quiero resaltar es que es necesario pensar y concretar las soluciones de fondo para la fruticultura.

Las políticas adoptadas desde nación y la creciente concentración de la tierra, van camino a un oligopolio. La falta de rentabilidad para los productores que no pueden ser sujetos de crédito aun con tasas subsidiadas, es parte de un proceso continuo que los fue descapitalizando.

Como hemos dicho varias veces, el gobierno nacional debe cumplir su rol con políticas activas que defiendan al eslabón más débil de la cadena. Si dejamos a los productores primarios desprotegidos frente a las leyes del mercado, el precio de equilibrio no será el “precio justo”. Si eliminamos impuestos y otorgamos beneficios al negocio frutícola sin la implementación de una transparencia comercial, esos beneficios nunca van a llegar al productor. Si dejamos a las cooperativas y agrupaciones de productores competir contra multinacionales, van a desparecer a corto o mediano plazo.

No inventemos nada, copiemos acciones de países que sí han reconocido la importancia de los productores primario en la sociedad. Por la riquezas que generan, por la entrada de divisas al país, por la importancia del arraigo rural, y en este caso al ser una actividad mano de obra intensiva, por la distribución de la riqueza más equitativa y eficiente que existe que es a través del salario. Por esto, vuelvo a proponer la implementación del Instituto de la Pera y la Manzana, similar al de la yerba mate. Discutámoslo, modifiquémoslo de acuerdo a la actividad, pero avancemos rápido para que en la próxima temporada tengamos un precio por encima del costo de producción.