El Poder Ejecutivo elabora una norma que modificará una legislación vigente desde la época de la dictadura facilitando la obtención de personería jurídica.
No será en lo que resta del año, sino que seguramente quedará para el próximo período legislativo, pero avanza de manera concreta un proyecto que hoy está elaborando el Gobierno, derogando la obligatoriedad de inscripción en el Registro de Cultos para las colectividades religiosas. La norma facilita su obtención de la personería jurídica, actualizando así al nuevo Código Civil.
Se trata de una modificación de la legislación de la dictadura militar, que según anticipó la agencia Télam, pasará de la obligatoriedad a la voluntariedad de la inscripción legal, con el añadido de que la inscripción, en caso de hacerse, otorgue una personalidad jurídica especial a las instituciones religiosas, haciendo operativa la norma del nuevo Código Civil.
Cabe consignar que el artículo 148 en su inciso E del Código Civil, reformado en 2013, establece que son “personas jurídicas privadas (entre otras) las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas”, algo que está en fricción con la reglamentación vigente.
Debe recordarse que durante la dictadura, en 1979 se promulgó el decreto ley 21.745, que establece la obligatoriedad a todos los cultos religiosos de inscribirse en un registro oficial para ser considerados legales, además de forzarlos -para obtener la personería con los beneficios impositivos correspondientes- a que se anoten también en la Inspección General de Justicia (IGJ).
El artículo 1° de ese decreto instaura el Registro Nacional de Cultos, creado con fines estadísticos, de ordenamiento administrativo y para acreditar el carácter representativo de las religiones que haya intención de profesar.
En la actualidad, a excepción de la Iglesia Católica que por la Constitución tiene personería pública, los cultos religiosos deben tener una doble inscripción, tanto en el Registro de Cultos, como en la IGJ, para no quedar al margen de la ley.
Ello obliga a un “papeleo innecesario y a que muchas organizaciones deban disfrazarse y adopten formas asociativas ajenas a su naturaleza”, admiten desde el Gobierno.
En el gobierno precisamente hablan de la necesidad de que sea una ley de “consenso”, y en la discusión participen las colectividades religiosas, por lo que el anteproyecto está libre de recibir modificaciones y aportes de los diferentes cultos.
Esa ronda de diálogo está a cargo de la Secretaría de Culto de la Nación, que encabeza Santiago de Estrada. El principal clamor por levantar las restricciones para ejercer cultos proviene de las comunidades evangélicas, quienes ya han manifestado su aval a esta iniciativa, y también la Iglesia Católica ha anticipado su visto bueno -un giro a la postura mantenida varios años atrás-.
