El Senado debate desde las 16:50, el proyecto de ley que declara la Emergencia Social y dispone un aumento del 15% para la Asignación Universal por Hijo y para la Asignación por Embarazo. La iniciativa, impulsada por organizaciones sociales, fue presentada por los senadores Juan Manuel Abal Medina, Teresita Luna (PJ-FpV) y Jaime Linares (GEN).

Desde el Gobierno nacional resisten la ley, por la cual marcharán este viernes al Congreso distintas agrupaciones junto a la CGT. Desde el oficialismo advierten que la implementación tendrá un costo fiscal de alrededor de 50 mil millones de pesos.

En tanto, en Diputados la oposición se encuentra trabajando un proyecto para financiarlo a través de impuestos al juego y a la renta financiera.

Además, la propuesta prevé la creación de un millón de puestos de trabajo, bajo el Programa de Ingreso Social con Trabajo, y la conformación de un Consejo de la Economía Popular para que intervenga en la fijación de un Salario Social Complementario que permita alcanzar un Salario Mínimo, Vital y Móvil a los trabajadores más vulnerables.

La propuesta de ley fue impulsada originalmente por el Movimiento Evita y reúne el apoyo de los distintos sectores del peronismo en ambas Cámaras, además de los legisladores del frente Progresistas.

El debate

Autor de la iniciativa, Juan Manuel Abal Medina (PJ-FpV) afirmó que la propuesta tiene como origen “un reclamo social concreto” de “diversos sectores” que luego de la marcha del 7 de agosto –día de San Cayetano- trasladaron el reclamo al Congreso.

El senador dijo que la “necesidad” es “muy urgente” y que a través de esta ley “estamos empezando a dar un paso muy importante para pasar del plan social” al “fomento del trabajo de la economía popular, a generar empleos genuinos”.

Explicó que el proyecto “supone la reasignación de un conjunto de partidas del presupuesto”. “El Estado tiene que apoyar a la economía popular”, enfatizó y consideró que “un sector importante de la Argentina tiene que ser tenida en cuenta”.

“Este Senado va a estar a la altura de las circunstancias en este momento difícil que está atravesando nuestro pueblo”, agregó.

En tanto, Teresita Luna aseguró: “Buscamos apaciguar los efectos que las políticas de este gobierno generan hoy en los bolsillos de los trabajadores”. “Esta iniciativa busca reconocer a un actor que exige un respuesta estatal: el trabajador de la economía popular”, continuó.

La riojana señaló que el sector de la economía informal “implica a emprendimientos de mínima tecnología y baja productividad, sin protección legal”. Se trata, para la senadora, de “un nuevo subsuelo de la patria se está sublevando y nosotros como senadores estamos escuchándolos”.

A su turno, Jaime Linares (GEN) subrayó que un “40 por ciento de la población está trabajando dentro de la economía informal”. Calificó que el “tema central” del proyecto es la creación del Consejo de la Economía Popular, que “monitoree las políticas publicas que se vayan haciendo”. Y manifestó que “estamos frente a un nuevo escenario que demanda nuevas respuestas, junto a las organizaciones sociales estamos buscando las herramientas para poder salir de esta crisis y tener un país menos desigual”.

Desde Cambiemos, el radical Luis Naidenoff reconoció que “el país está pasando por un momento complejo” que desde el oficialismo “no tapamos”, pero remarcó que “hay que actuar con mucho sentido de responsabilidad” más allá de que “muchos podemos compartir la inclusión de un millón de nuevos trabajadores”.

“Esos sectores sociales necesitan una respuesta mucho más madura, no solo para la coyuntura”, sostuvo y rebajó el proyecto al decir: “Es un catalogo de buenas intenciones”. También, mencionó que “ya estamos en emergencia social”, en alusión a la ley 25.561 sancionada en 2002 y prorrogada en 2015, donde se declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.

Como habitualmente lo hace, la kirchnerista Virginia García discrepó con los miembros de su bloque y expresó que la iniciativa está marcada por el “voluntarismo” y el texto tiene “serias deficiencias de carácter técnica legislativa”. Igualmente, dijo: “Voy a acompañar porque reivindico la lucha de las organizaciones sociales”.

La presidenta del bloque Pro, Laura Machado, resaltó que el gobierno de Macri ha “mantenido y mejorado” políticas sociales aplicadas por el kirchnerismo y destacó que en el presupuesto para 2017 hay “un aumento importante en el PBI para gasto social”. “Creemos en la universalidad de las políticas sociales. La generación de empleo es lo mejor para combatir la pobreza, el resto son herramientas”, afirmó.