El primer proyecto abordado en la sesión de Diputados fue, poco antes de las 14, el del Régimen de Protección a las Víctimas de Delitos. Impulsado por el massismo con el apoyo de todos los bloques, la iniciativa contempla el asesoramiento gratuito de un abogado a la víctima desde el inicio del proceso legal.

La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos, defendió el proyecto destacando que en su artículo 1° “entendimos que al hablar de los derechos de las víctimas, nos estamos refiriendo a un derecho de fondo, no de forma”. Señaló en cuanto a las finalidades de la iniciativa que “se reconocen y garantizan los derechos de las víctimas de delitos”, como así también derechos de asistencia, para proteger y garantizar el efectivo derecho de las víctimas.

Tras detallar qué se entiende como víctima -toda persona que haya sufrido daños o lesiones físicas o mentales, o menoscabo como consecuencia de la comisión de un delito, entre otras cosas-, dijo que a través de esta norma se establecen principios rectores, como el principio de la dignidad, la buena fe, la gratuidad… Habló de la necesidad de las víctimas de recibir un trato digno, ser informado convenientemente del avance de las causas, y remarcó derechos tales como el de ser notificado del estado de las causas.

Al enumerar puntos centrales de la nueva norma, citó que toda víctima que haya sido reportada como desaparecida pueda ser buscada de inmediato, sin esperar como hasta ahora 48 horas. También se establece que se les reciban las declaraciones en sus domicilios.

“Sin lugar a dudas esto viene a zanjar una deuda que se tenía con las víctimas. Por mucho tiempo las víctimas estuvieron calladas. Hoy las víctimas hablan; no tendrán un resarcimiento aquellos que perdieron a sus familiares, pero quieren que el Estado les brinde lo menos que necesitan: Justicia y un trato digno e igualitario”, concluyó la diputada jujeña.

El régimen previsto en el proyecto de ley estipula a su vez que las denuncias no se radiquen más en comisarías sino que se efectúen en Centros de Asistencia y Protección a la Víctima de Delito, que estarán disponibles las 24 horas, y que contarán con un equipo interdisciplinario de médicos, psicólogos, asistentes sociales y abogados a disposición.

La diputada radical jujeña Silvia Martínez consideró por su parte “de suma importancia estas iniciativas que se abordan hoy”. Señaló que las garantías actuales “alcanzan a los victimarios, pero no alcanzan a las víctimas, y eso es lo que se pretende cambiar”. Agregó que “hemos escuchado a las víctimas de delitos hablar en primera persona de situaciones que han vivido en el marco del proceso de las investigaciones”.

A continuación, el radical mendocino Luis Petri agradeció a “los verdaderos promotores para que esta iniciativa se trate en esta cámara: las víctimas de delitos y las asociaciones de víctimas de delitos, que a partir de un muy buen proyecto del diputado Sergio Massa, al que le hicimos agregados, permiten darle la atención que reclaman las víctimas”.

“Esto supone un cambio de paradigma”, aseguró el presidente de la Comisión de Seguridad Interior, y recordó que “un delito ocasiona dos traumas; el primero, el que ocasiona un hecho delictivo (…), por eso el proceso penal se encargan de restablecer la confianza ante el quebrantamiento de las reglas. Pero también se genera el trauma que sufren las víctimas a partir de las repercusiones posteriores: su ingreso al proceso, y allí, prácticamente son olvidadas. También sufrían etiquetamiento, falta de apoyo; tenían una mínima participación en el proceso penal. Eran consideradas apenas como un objeto de prueba, y tenían mínimos derechos”.

Por el kirchnerismo, la diputada Diana Conti recordó que “históricamente la víctima ha sido raleada del proceso penal”, por lo que lo consideró “un debate de larga data”. Advirtió que el problema se empezó a plantear después del año 1991, con un Código Procesal Penal que definió como “muy viejo”. Tras esa puja, recordó que la víctima fue “revictimizada por la desidia de los poderes públicos”.

“Nos dimos durante el gobierno kirchneristas un nuevo Código Procesal Penal, que le dio a la víctima un lugar central”, agregó, pero recordó que la implementación de ese código fue pospuesta, lo que obliga a “llenar una laguna”. Así las cosas, reclamó que “este debate no tiene que tener ni nombre ni apellido, ni color partidario, aunque advirtió que “tampoco es que con esta ley las víctimas van a tener resuelta la posibilidad de ejercer el derecho que tienen”.

Cuestionó la postergación del Código Procesal Penal, que atribuyó a “una puja de poder” dentro del Poder Judicial, al que acusó de ser “lento en aplicar las penas”, y advirtió sobre “el riesgo de caer en la inflación punitiva”. A continuación le apuntó al Frente Renovador, al alertar sobre “una andanada oportunista, en general, de los que van por la ‘avenida ancha’, pero que les va a quedar muy finita”, y comparó sus propuestas con las leyes Blumberg. Tras ello, Diana Conti anunció el acompañamiento de su bloque al proyecto.

Por el Frente Renovador habló en primer lugar la diputada Mónica Litza, presta a contestar la crítica de Diana Conti. En primer lugar dijo que la ponía contenta que acompañaran la iniciativa, pero les recriminó no haber participado de los debates en las comisiones, en los que escucharon las posiciones de las víctimas. Rechazó de paso los cuestionamientos hechos en el marco de una cuestión de privilegio por el kirchnerista Remo Carlotto con relación a irregularidades en la emisión del dictamen de comisión por una supuesta falta de quórum.

“Para nosotros este proyecto es uno de los más importantes que va a tratar esta Cámara este año”, aseguró Litza, y les reclamó al FpV que no hubieran hecho nada respecto de las críticas durante sus 12 años en el poder. “Lo nuestro no es oportunismo; lo planteamos también en nuestro Código en el año 2013. Hace tiempo que venimos sosteniendo que la balanza de la Justicia está desnivelada”, recordó, agregando que “en el debido proceso hay un ausente que es la víctima”.

La diputada massista señaló que en la actualidad las causas llevan el nombre del victimario, y ellos reclamaron que sea al revés: que lleven el nombre de las víctimas. Por otra parte señaló que “esta es una ley de orden público; invitamos a la Ciudad de Buenos Aires y todas las provincias a adherir”, y pidió que su implementación sea gradual, en la medida que cuenten con los recursos correspondientes.

“Venimos a equilibrar la balanza de la justicia poniendo en el platillo los derechos de las víctimas, que antes no estaban”, señaló.

Por el bloque Justicialista, Néstor David (Salta) resaltó que la norma impulsada posibilita “una mejora de nuestro sistema, la posibilidad de transformar una realidad que hoy nos duele”, y destacó el artículo 5°, que enumera los derechos de las víctimas, que “impide que jueces, fiscales, funcionarios públicos, puedan mirar para otro lado”.

“La atención a las víctimas existe en muchas provincias -advirtió sobre el final-. De nada sirve que estos centros que esta ley prevé, sea un centro nacional, y no compatibilizar ese aporte con lo que hacen las provincias, los municipios, los distintos poderes del Estado. No sirve si en mi provincia, o mi ciudad, existe el centro de atención a la víctima municipal, nacional, provincial… Todos con muy poquitos recursos para ayudar a las víctimas. Prefiero que unifiquemos esos centros y sus competencias”.

La diputada del GEN Margarita Stolbizer sostuvo por su parte que “la mejor respuesta que esta Cámara está dando a una demanda de las víctimas es el gran consenso que hay sobre esta ley, para confluir en un dictamen con un apoyo muy contundente como el que va a tener esta norma”. Tomó esa actitud como un norte para los legisladores en otras cuestiones donde se demandan respuestas del Congreso. la legisladora destacó que el dictamen “tiene la importancia de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos”.

“Esta norma tal cual está redactada, permite avanzar en la especificidad de cuales son los derechos”, añadió, pero también hizo una observación, con relación al artículo 2°, donde se especifica sobre la tutela judicial, que hubiera preferido como “una tutela integral”. Resaltó también que otra de las ventajas del dictamen es que se les permita a las víctimas “ser informadas verbalmente”. Quitarles así el proceso escrito, lo cual no solo establece una relación mucho más directa, sino también permite que sean oídas.