Hay que reconocer que Cambiemos es el oficialismo con menor capacidad de fuego legislativo que se recuerde desde el retorno de la democracia. Visto desde esa perspectiva, sus miembros deben estar satisfechos de lo realizado hasta ahora en la materia. Pero una revisión de las promesas ofrece muchos flancos abiertos.
A sabiendas de su dificultad de origen a nivel legislativo, el Gobierno puso especial interés a principios de año en tratar de revertir esa adversidad numérica. En Diputados lo logró a través de la partición del mayoritario bloque kirchnerista, que perdió un tercio de su número original, surgiendo en consecuencia Cambiemos como la primera minoría del Cuerpo. En el Senado, con una relación de fuerzas irremontable, la cuestión quedó en manos de los gobernadores, que conforme sus propias urgencias atendieron convenientemente los requerimientos de la Nación. Lo siguen haciendo.
Así fue que el Gobierno logró concretar sonoras victorias legislativas con notable amplitud. En efecto, en la carrera contrarreloj que se había presentado para la aprobación del arreglo con los holdouts, el oficialismo no solo se alzó con la victoria, sino lo hizo con números holgados. En la Cámara baja, logró aprobar la ley por 165 votos afirmativos, contra solo 87 negativos. Y en el Senado le fue aún mejor: 54 a 16.
Y así con el resto de las normas que se propuso el oficialismo.
Incluso cuestiones que se presumían casi imposibles, como los pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para la Corte Suprema de Justicia. Molestos porque hubieran aceptado ser nombrados inicialmente por decreto, varios senadores se habían juramentado no votar al menos una de esas dos designaciones; e incluso el reclamo del cupo femenino se coló en la discusión, todo lo cual tornaba sumamente difícil que los dos fueran aprobados, sobre todo porque necesitaban los dos tercios. Un traspié en ese sentido hubiera significado un duro golpe para la imagen de gobernabilidad del presidente, pero a la postre le aprobaron los dos pliegos: Rosatti por 60 votos a favor y 10 en contra; Rosenkrantz por 58 a 12. Otro pleno de Cambiemos.
Así las cosas, no dejaba de ponderarse la manera como el Gobierno había manejado esas dificultades, destacándose que, contra todos los pronósticos, hubiera logrado sortear las complicaciones políticas, fallando en cambio donde se esperaba que mejor anduviera: la planificación en materia económica.
En ese contexto, el primer traspié del oficialismo en el Congreso pasó casi desapercibido. La aprobación de la ley antidespidos impulsada por las centrales sindicales obligó por primera vez a Mauricio Macri a utilizar el veto presidencial. Y la sangre no llegó al río; por el contrario, el tema fue tomado con cierta naturalidad y hasta no faltaron quienes elogiaran el gesto de autoridad que pudo exhibir el presidente cuando dio curso a su por ahora único veto.
Pero el trasfondo de los éxitos no es tan plácido. Si bien las leyes más rimbombantes fueron aprobadas con holgura, el resto de los proyectos impulsados por el Ejecutivo tuvo serios problemas para avanzar. Botón de muestra es la ley de primer empleo, presentada por el presidente Macri el 25 de abril, con el objeto de eximir de impuestos y subsidiar a empresas que contraten a jóvenes de entre 18 y 24 años.
La iniciativa plantea eximir de impuestos y subsidiar a empresas que contraten a jóvenes, y los beneficios se extenderían “sin límite de edad para las diez provincias que pertenecen al Plan Belgrano”, en el norte del país, afirmó el presidente. “Esperamos que el Congreso trate este proyecto lo antes posible”, afirmó el presidente en un colmado Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Pero la norma nunca pudo hacer pie en el Congreso, resistida por los gremialistas por considerar que podría llegar a afectar al resto de los empleos, introduciendo una cuota de precarización al sistema.
Sobre esa ley hay incluso una anécdota, que tiene como protagonista al presidente, que el 15 de julio celebró durante un acto realizado en Villa Devoto su “aprobación”, cuando en rigor nunca comenzó a tratarse siquiera.
En efecto, pareciera que los problemas para el oficialismo surgieron recién hace pocas semanas, cuando se desarmó la estrategia ideada para modificar la ley del Ministerio Público Fiscal, o cuando a los dos días no pudo avanzar la aprobación del proyecto de Participación Público-Privada. Pero los problemas ya los viene soportando desde hace rato. De hecho, la aprobación de leyes de las que el oficialismo puede vanagloriarse no le ha sido en modo alguno gratis. Más bien todo lo contrario.
“El Gobierno manda un proyecto de este tamaño, que cuando sale termina siendo así…”, ejemplificó ante Parlamentario una figura opositora que supo tener cargo en el Ejecutivo de Cristina Kirchner y que es de las que tiene buen diálogo con Cambiemos. De más está decir lo obvio: el legislador aludía a un tamaño inicial módico, que al final del camino se engrosa copiosamente en función de las demandas de la oposición y los gobernadores.
La reforma electoral fue una de las primeras obsesiones del Gobierno, nacida de la promesa electoral de cambiar ya en 2017 el sistema de votación. El proyecto avanzó rápido hasta llegar al Congreso, donde se frenó. Primero, cuando deliberadamente fue dejado para el segundo semestre; después, cuando curiosamente los que más hacen mover las leyes oficiales no mostraron particular interés por esa iniciativa. Igual, el proyecto obtuvo media sanción en Diputados con 152 votos a favor y 75 en contra, pero con una tardanza que pone en riesgo su implementación, y además el oficialismo debió resignar las modificaciones que quería introducir en el tema de las PASO, cuestión que los votantes pudieran elegir candidatos de un solo espacio.
Ahora se complicó su tratamiento en el Senado, donde el PJ-FpV parece dispuesto a transformar la boleta única electrónica en una simple impresora. “Sin el chip, se pierde el corazón del proyecto”, replicaron desde el Gobierno. Si como todo parece indicar el Senado le aplica ese tipo de correcciones al proyecto, Diputados podría ratificar el texto inicial con los dos tercios, pero necesitaría los votos del Frente Renovador y el bloque Justicialista, de buena relación con Miguel Pichetto.
De todos modos, la oposición ha logrado el cometido de demorar al máximo su aprobación, de forma tal que sea de difícil implementación. El factótum de las demoras fue el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el kirchnerista Marcelo Fuentes, que la semana de las elecciones en Estados Unidos, suspendió los plenarios previstos para escuchar a los expertos, para ira de Federico Pinedo, que reclamó porque solo había dos ausentes y eran del PJ-FpV. Se perdió una semana, justo cuando el jueves el oficialismo pretendía emitir dictamen. Como están las cosas, el Gobierno ya anunció que habilitará extraordinarias para aprobar esa norma, que se descuenta volverá a Diputados, pero lo cierto es que las dudas para que pueda usarse entonces el nuevo sistema en tiempo y forma en 2017 son ahora muy grandes.
En el espacio del “debe”, al oficialismo se le hizo complicado darle curso a una ley de apoyo a emprendedores que recién la última semana pudo llegar al recinto de la Cámara baja. Falta su recorrido en el Senado. Y hay iniciativas que se quedan en los anuncios rimbombantes, como la que presentó la ministra Patricia Bullrich en el Senado, para combatir a las barras bravas, que ni siquiera comenzó a recorrer las comisiones.
El proyecto de modificación del impuesto a las Ganancias es otra de las deudas grandes de esta administración. Aunque en este caso la mora no es por resistencias de la oposición, obviamente, sino por cuestiones presupuestarias del Gobierno, que hizo una leve corrección al principio por decreto y prometió enviar una ley al Parlamento para su debate, cosa que no hizo. En uno de sus informes de gestión ante el Congreso, Marcos Peña anunció el 24 de agosto que entre ese mes y el siguiente estarían mandando un proyecto “a fin de cumplir con nuestro compromiso de que el año próximo tengamos un mejor esquema de escalas y de mínimo no imponible”. Ejem…
Advertido de que la oposición lo correrá con un proyecto propio en cuanto se den las condiciones, o se lo recriminará cada vez más airadamente, el Gobierno anunció esta semana a través de su ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que antes de fin de año el Ejecutivo enviará al Parlamento el proyecto demandado. Pero no hubo más precisiones; no está claro si se habilitará extraordinarias para su tratamiento o cuál será su derrotero en definitiva.
Ya mencionamos el proyecto de reforma del Ministerio Público, abortado por “fuego amigo”, y si bien diputados hablan de “una suspensión transitoria”, nadie en su sano juicio piensa que el proyecto pueda ser reflotado. No será este año, y para el próximo tendrán que encontrarle una vuelta de tuerca gigantesca si pretenden convencer a propios y extraños.
La ley de semillas es otra de las cuentas pendientes. La reforma a la norma actual, vigente desde 1973, apunta a que los grandes productores deban pagar por la reutilización de las semillas a las empresas que las desarrollaron, limitando así la figura del “uso propio gratuito” y también regulando el derecho de propiedad intelectual. Pero el tema sigue muy conversado y como están las cosas quedará para más adelante.
En un informe elaborado por la Fundación Directorio Legislativo, hay otros temas que se definen como las “promesas incumplidas” de la administración Cambiemos. Por ejemplo el impuesto al tabaco. En efecto, el 30 de diciembre del año pasado, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, anunciaba el fin del blanqueo impulsado por el kirchnerismo en 2013. En esa misma conferencia de prensa, Prat-Gay se refirió al impuesto sobre el cigarrillo. El funcionario explicó que el Gobierno mantendría la alícuota en el 7 por ciento solamente hasta abril de 2016, y que enviaría un proyecto de ley al Congreso para que los legisladores definan qué alícuota debería pesar sobre el cigarrillo. El proyecto de ley aun no fue enviado y en mayo de este año el Gobierno volvió a emitir un decreto manteniendo la alícuota del impuesto al cigarrillo en un 7 por ciento, hasta el 31 de diciembre de 2016.
La ley de Humedales es otra promesa incumplida. En este caso, el presidente anunció el 2 de febrero pasado el envío al Parlamento de un proyecto de ley sobre el tema. En esa oportunidad, el presidente encabezó un acto en la Reserva Natural Municipal de Pilar en el que sostuvo la necesidad de “cuidar esto que es tan valioso para nuestro país, desde la Laguna de los Pozuelos en Jujuy, pasando por los Esteros del Iberá, por el Palmar Yatay de Entre Ríos, la reserva de la Costanera Sur hasta la Península de Valdés”. El Poder Ejecutivo no ha enviado el proyecto al Congreso desde entonces y en el Senado duerme una iniciativa consensuada que ya tiene dictamen, impulsada por Fernando “Pino” Solanas.
Hay más. En mayo de este año, el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Marcos Ayerra, adelantó que enviaría al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Mercados de Capitales. Entre los aspectos a reformar, señaló los artículos 19 y 20 de la ley, que permiten el “avance sobre las empresas sin sumario previo”. Consultado por los tiempos para la presentación del proyecto, Ayerra afirmó que el objetivo era “hacerlo en el año”. Recién esta semana el proyecto ingresó al Parlamento. Se afirma que cuenta con un acuerdo político para su aprobación, y tal vez sea incluida en un combo con Ganancias. Veremos.
El 12 de septiembre pasado Mauricio Macri anunció desde la Usina del Arte un proyecto de ley de “mecenazgo”, en el marco de la firma del “Compromiso Federal por la Cultura”. Se trataba de una iniciativa que enviaría el Ejecutivo al Congreso para que empresas privadas puedan financiar emprendimientos culturales a cambio de beneficios impositivos. Horas antes de la presentación, el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, brindó algunos detalles de lo proyecto, que debía replicar a nivel nacional una norma que está vigente desde 2006 en la Ciudad de Buenos Aires. “Imaginemos a empresarios que pudieran tener incentivos, por ejemplo una reducción en su Impuesto a las Ganancias, para financiar proyectos. Entonces, el Estado lo que hace es decirle a los empresarios que directamente transfieran el dinero a quienes tienen que realizar esos proyectos pero sin pasar por el Estado”, explicó el funcionario en diálogo con radio Continental. El Ejecutivo aún no envió ningún proyecto, aunque sí lo hizo la senadora oficialista Marta Varela, exlegisladora porteña.
Otra promesa oficial tiene que ver con una ley de lobby, o de Gestión de Intereses, anunciada en febrero. Entonces anticiparon que el secretario de Asuntos Políticos Adrián Pérez se pondría a trabajar, para tenerla lista para mediados de año. Pero para el mes de octubre todavía estaba por verse y el propio Pérez anticipó que “en breve” sería enviado al Congreso. Se sigue esperando por la misma.
Así es que el Gobierno llega a fin de año alardeando sobre la aprobación de una cantidad de leyes entre las que se destacan reformas verdaderamente sustanciales, pero está claro que ni el número es muy grande, ni el costo de las mismas mínimo. Por el contrario, como dijimos, cada ley le ha costado a Cambiemos sangre, sudor y lágrimas. Tal vez no tanto, pero no tan poco.
Y en este clima, el oficialismo llega a fin de año convencido de que el próximo será mucho peor, por ser electoral. Mientras tanto, nada garantiza que no lo esperen más sinsabores, como por ejemplo una ley que se debate en el Senado para declarar la emergencia social. Motorizada por las organizaciones sociales, prevé la creación por parte del Estado de un millón de empleos y la instauración de un salario social equivalente a medio salario mínimo para los trabajadores informales. Hay un acuerdo opositor para apoyarlo cuando llegue a Diputados, aunque los tiempos ya no dan para que salga este año. Empero, cualquiera sea la instancia en que quede, será una espada de Damócles lista para convertirse en ley, y si así sucede, el presidente debería volver a usar el veto, aunque en este caso no es de esperar de parte de las organizaciones sociales una actitud tan calma como la que tuvo la CGT con la ley antidespidos. El costo fiscal de una norma de esas características asciende a 50 mil millones de pesos.
Leyes en veremos
* Primer empleo
* Reforma electoral
* Barras bravas
* Ley de emprendedores
* Impuesto a las Ganancias
* Ministerio Público Fiscal
* Ley de Humedales
* Mercado de Capitales
* Ley de Mecenazgo
* Ley de Semillas
* Reforma de las ART
