Néstor Kirchner asumió en 2003 agobiado por un temor que no era el del infierno del que debía emerger la Argentina, pues esa había sido en realidad la situación que había enfrentado su antecesor, Eduardo Duhalde, que le entregó un país en pleno rebote. Incluso le dejó al piloto de tormentas, Roberto Lavagna, como más de uno se ocupó de recordar esta semana en la que el exministro de Economía de esos dos gobiernos se enfrascó en una curiosa polémica por las características del plan económico vigente. La obsesión del santacruceño pasaba entonces por tener el control de la calle, clave para los tiempos que corrían.

Fue la calle lo que asustó a Duhalde tanto que decidió acortar su mandato -recuérdese Kosteki-Santillán-. Por eso Kirchner exploró dos caminos: negoció con Hugo Moyano, al que le dio todo lo que le pidió, con el objeto de recuperar las calles en manos de los piqueteros; y a las organizaciones sociales se ocupó de seducirlas con plata y cargos.

Con una economía en alza y un país en recuperación, la ecuación funcionó. Muerto Kirchner, su viuda decidió deshacerse del líder camionero, y más temprano que tarde perdió el control de la calle. Los cacerolazos completaron el cuadro: Cristina dejó el poder sin dominar la vía pública; en su repliegue había tenido que cambiar la Plaza por los patios militantes. Su despedida multitudinaria es parte de otra historia.

Mauricio Macri no tiene la calle y difícilmente alguna vez la tenga. No es su obsesión. Sí lo es evitar allí un desmadre; elemental instinto de conservación. Teme, sí, incidentes inducidos; cuenta en la materia con la amenaza de un kirchnerismo deseoso de ponerlo en apuros, de ahí el celo extremo con el que diariamente se preparan las visitas presidenciales.

Conforme su origen, le costaría mucho a Cambiemos sobrellevar la presión de cacerolazos, pero de momento esa no es una amenaza. Sí son concretas las movilizaciones que ha debido soportar, la última el viernes, cuando las organizaciones sociales volvieron a hacerse fuertes en las calles, esta vez con la asistencia de la CGT, que por primera vez no fue protagonista central, sino actor invitado. Principalísimo, de ahí que se le cediera el cierre a Juan Carlos Schmid.

El gobierno asimiló el acto con una sensación ambigua. La de saber que fue multitudinario, de fuerte tinte opositor, cargado de críticas y no exento de amenazas; pero también con el alivio de que ni fue tan masivo, ni las críticas demasiado hirientes. El viernes, un funcionario que había seguido el acto desde su despacho en Balcarce 50 le ponía paños fríos a la situación; rubricaba el discurso oficial marcado temprano por el ministro Jorge Triaca de darle a esa demostración un tinte “político”, y resguardaba el papel de la CGT, a la que no dejan de reconocerle no haber cedido a las presiones y concederle al gobierno la gracia de transcurrir su primer año sin un paro nacional, por el valor simbólico que ello implica.

Convengamos que no le salió barato a un gobierno al que cada concesión se le factura con creces.

Transcurrido el capítulo callejero, ahora la acción vuelve al Congreso, al que estuvo originalmente dirigida esta movilización. No hay tiempo material para que el proyecto que el miércoles recibió media sanción en el Senado se convierta en ley en un futuro inmediato. Pasa que a diez días del cierre del período ordinario, venció el tiempo para la emisión de dictámenes, por lo que el proyecto de emergencia laboral debería esperar hasta el año que viene. A menos que la oposición fuerce su tratamiento sobre tablas, para lo cual necesitaría reunir una mayoría de dos tercios del cuerpo para sumarlo al temario. Podría hacerlo este miércoles y/o el siguiente; el oficialismo espera que suceda esta misma semana, según confió a este medio una encumbrada autoridad legislativa, que en principio dio por descontado que la oposición no logrará su cometido. Con asistencia perfecta, a Cambiemos le sobra un diputado para evitar que eso pueda suceder, sin contar eventuales aliados, o ausencias puntuales y “predeterminadas”.

De todos modos, tal cual dijimos oportunamente, el proyecto ha sido planteado precisamente para presionar al gobierno y así no sea aprobado en lo que queda del año, el próximo estará presente para perturbar al oficialismo, que -a diferencia de lo que pasó en el Senado- en la Cámara baja al menos tiene el número para cajonearlo un buen tiempo. En el gobierno tienen claro también que más que su puesta en práctica, el objetivo de la aprobación de la ley es que Macri la vete; las consecuencias de ello son parte del plan de desgaste.

Habrá que ver hasta donde llega la presión de las organizaciones sociales, y en qué medida los diputados de la oposición se comprometen con esa causa. Será determinante ver el comportamiento del massismo, que en su momento anticipó su apoyo a través de algunos miembros -Felipe Solá anticipó que lo votaría “con las dos manos”-, pero habría que ver la actitud de Sergio Massa frente a un proyecto que buena parte de la sociedad no ve con buenos ojos por considerarlo por lo menos fiscalmente inviable.

No es la única controversia que debe afrontar el oficialismo en el Congreso en el final de un año legislativo con más alegrías que tristezas para Cambiemos. Transcurrió otra semana sin poder encarrilar la reforma electoral, a la que el kirchnerismo duro ha logrado empantanar en el Senado. Así como el oficialismo puede confiar en manejar los tiempos de los proyectos por presidir las comisiones claves, es justamente lo que la oposición puede hacer y hace en el Senado. El manejo del plenario que analiza la reforma electoral está en manos del kirchnerista Marcelo Fuentes, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que postergó los debates la semana de las elecciones en Estados Unidos argumentando ausencia de senadores, cuando en realidad solo faltaban dos, y eran del Frente para la Victoria.

Luego Fuentes y compañía resistieron los intentos de apurar la firma del dictamen y estiraron las reuniones hasta el próximo martes. El oficialismo quiso dar una demostración de fuerza al reunir a un puñado de gobernadores opositores en Olivos para brindar su apoyo a la boleta única electrónica, pero Miguel Pichetto replicó convocando para el próximo jueves a los gobernadores peronistas para que les cuenten a él y a su bloque qué opinan realmente. Piensa que lo que dicen en privado no es lo que han expresado en público junto a Macri.

De hecho, es lo que opinó ante este medio una encumbrada fuente de Cambiemos, que interpretó como “un acting” lo que se vio en la residencia presidencial, pues piensa que en el fondo la mayoría no quiere cambiar el sistema de votación. Y a esta altura, es lo que francamente el oficialismo supone que sucederá: no hay tiempo material para su tratamiento en el Senado, ya que la sesión del 30 de noviembre será para el Presupuesto, y el Ejecutivo pensaba tratar el proyecto en extraordinarias en Diputados si el Senado le introducía modificaciones, como se descontaba que haría. No quiere agregar una instancia de ese proyecto en la Cámara alta.

El Poder Ejecutivo piensa convocar a extraordinarias para el 14 de diciembre a fin de tratar la modificación del impuesto a las Ganancias, que en realidad pensaba dejar para el año que viene, pero optó por hacerlo ahora para descomprimir. Igual, solo le dará este año media sanción en Diputados. También planea tratar en extraordinarias los proyectos de reforma del mercado de capitales; de apoyo a emprendedores; la obligatoriedad de la sala de 3 años; la extinción de dominio para bienes provenientes de la corrupción; y los proyectos sobre protección de víctimas del delito y endurecimiento de las penas por tenencia y portación de armas.

Sin tiempo material para ponerlo en práctica, el nuevo sistema para votar quedaría para 2019, y las facturas se las pasará a la oposición.