Un pedido de informes elevó la senadora Silvina García Larraburu, quien también denunció el “financiamiento de los sectores concentrados, en un contexto donde se castiga el bolsillo de la población”.
La senadora por el FPV Silvina García Larraburu solicitó informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre los motivos y fundamentos de la condonación de deuda para las empresas Edenor, Edesur, Edelap, Epec, Secheep, DPEC, Edemsa y EPE, en base al saldo deudor que mantienen con CAMMESA por el monto de $19.000.000.000.
“Mientras el Presupuesto 2017 recorta áreas clave, como salud, educación, ciencia y tecnología, el Gobierno nacional prioriza una vez más los intereses de grandes empresas”, señaló.
“Esta disposición es similar a lo que el Gobierno hizo con las mineras o las retenciones; se está tomando la decisión política de financiar a los sectores concentrados de la economía, en beneficio de personas congraciadas con el presidente Mauricio Macri y en un contexto donde se castiga el bolsillo de la población a través de tarifazos y ajuste”, remarcó.
Consideró que la medida resulta “sumamente injusta y discriminatoria con varias empresas provinciales, que están al día con Cammesa y han aumentado las tarifas como consecuencia del incremento de la energía mayorista dispuesto por el Poder Ejecutivo”. Advirtió, además, que “se sienta un precedente para que estas obligaciones puedan eludirse y sea el Estado Nacional quien deba cargar con su financiamiento”.
“En el articulado no se aclara la fecha límite, por ende, la deuda de las distribuidoras puede aumentar en los próximos meses y seguir beneficiándose a costas del Estado nacional y el bolsillo de la población”, agregó.
Finalmente recordó: “Se trata de empresas que no invirtieron y deterioraron profundamente el servicio, la falta del suministro representa cerca del 75% de los reclamos de los usuarios registrados y en las audiencias públicas sólo se comprometieron a reducir los cortes apenas en un 55% a lo largo de cinco años en toda el área metropolitana”.
