Con 51 votos a favor y 8 en contra, la Cámara alta aprobó y giró a Diputados una norma que establece criterios para la asignación de publicidad. Se crea un Registro Nacional, en el cual deberán inscribirse los medios.
Tras años sin abordar una discusión en torno al tema, y habiéndose presentado numerosas iniciativas al respecto, el Senado dio media sanción este miércoles a una ley que regula la pauta oficial y fija una serie de criterios para su asignación.
La iniciativa, consensuada entre diferentes bloques, cosechó en el recinto 51 votos positivos y 8 negativos, y fue girada a la Cámara baja.
El punto central del proyecto es que se fija que un 20 por ciento de la pauta estará destinada a los medios del interior, de universidades nacionales, comunitarios, de organizaciones reconocidas de pueblos originarios, de cooperativas y comerciales.
A través de la iniciativa se establecen como “principios” para la distribución de la publicidad oficial, la “transparencia”, el “federalismo”, el “pluralismo informativo” y el “respeto a la libertad de expresión”, entre otros tantos.
Al abrir el debate, la presidenta de la Comisión de Medios, Liliana Fellner, destacó que la pauta oficial ya no quedará concentrada “para los grandes medios que se encuentran en Capital Federal”, sino que los medios del interior tendrán garantizada la publicidad.
“(La ley) establece con claridad las reglas con las que se va a distribuir la pauta oficial, permitiendo de esta manera a lo que todos queremos, un mayor control por parte de la ciudadanía sobre en qué se gastan los recursos”, explicó. Y agregó que garantizará “que lo que el gobierno quiere comuinicar nos llegue de forma pertinente”.
Por su parte, el radical Juan Carlos Marino, impulsor de una de las propuestas, resaltó que con anterioridad se presentaron 39 iniciativas, que fueron perdiendo estado parlamentario; por eso, pidió “velar” para que “esta media sanción no duerma luego el sueño de los justos en Diputados”.
Otra de las autoras de los proyectos trabajados fue la senadora Marta Varela (Pro), quien consideró que los criterios establecidos “van a reducir la discrecionalidad y van a prevenir el uso injustificado de los fondos públicos”. Mientras que Liliana Negre de Alonso (Compromiso Federal) celebró la defensa del federalismo.
A su turno, Jaime Linares (GEN) aseguró que la ley será “una plataforma desde donde no se vuelve”. “De aquí para adelante seguramente va a haber correcciones, pero es un avance sustancial para la transparencia”, añadió.
En tanto, Magdalena Odarda (CC-ARI) dijo que permitirá “salir de la discrecionalidad, no fomentar la concentración y terminar con la autocensura de los medios que viven de pauta oficial”.
El proyecto
Los medios, soportes o productoras que deseen ser contratistas de publicidad oficial deberían inscribirse en el Registro Nacional Público de Publicidad Oficial (RENAPPO), que se creará bajo la órbita de la autoridad de aplicación –a definir por el Poder Ejecutivo-.
En tanto, la autoridad de aplicación estará obligada a desarrollar un Plan Anual de Publicidad Oficial donde quede enunciada cada campaña de comunicación, y a su vez deberá elaborar un informe semestral para poner bajo consideración del Congreso.
Además, se acordó una “reserva para emergencias”, que sería del 10% del presupuesto total previsto para la pauta oficial, para los casos que no estén contemplados en el Plan Anual, como catástrofes naturales o alteraciones del orden social.
El proyecto con media sanción también indica que la autoridad de aplicación no podrá contratar campañas de publicidad oficial en los períodos electorales nacionales, salvo casos extremos o cuestiones que tengan que ver con el proceso electoral mismo.
