La reforma de la Ley de Tarjetas de Crédito y Débito era el último tema a tratar en la prolongada sesión de la Cámara baja. Ya en la madrugada de este jueves, el debate concluyó con la aprobación del proyecto por 134 votos a favor, 34 en contra y 7 abstenciones.

En la votación en particular se modificaron dos artículos, el 4° y el 13°. En particular, este último cambia los porcentajes de las tasas estableciendo una gradualidad en la baja de los aranceles. La misma lleva a partir del 31 de diciembre próximo la suma de 2,6% para tarjetas de crédito y 1,3% para débito; a partir del 1° de enero de 2018, la suma de la tasa de intercambio será de 2,3% para crédito y 1,15 débito; y a partir de 2019 2% y 1%.

El oficialismo aclaró que para las pymes la reducción sería inmediata, pero ante un pedido expreso de la diputada Elisa Carrió se dejó constancia de que las medianas empresas estaban incluidas en ese beneficio.

El tratamiento de este proyecto se extendió durante una hora y 8 minutos y concluyó a las 4.02 de la madrugada, luego de que a las 3.18 se pasara a un cuarto intermedio para tratar de evitar que, como todo parecía indicar, terminara pasando a comisión. Lo cierto es que el debate había estado signado por una maniobra sin antecedentes de parte del oficialismo, que ignoró la media sanción del Senado y dictaminó sobre su propio proyecto.

Esta situación fue cuestionada incluso por diputados del propio oficialismo, y fueron muchos los que advirtieron que en caso de aprobarse el proyecto, el Senado no lo votaría, por una cuestión de “colisión de intereses”. Así, al cabo de un debate de poco más de una hora, cuando los diputados estaban a punto de votar, el presidente del bloque FpV-PJ, Héctor Recalde, presentó una moción para remitir el proyecto a comisión, ante lo cual el diputado de la Coalición Cívica Fernando Sánchez advirtió que todos debían saber que el tema no volvería a ser tratado hasta el año que viene. Asimismo recordó que a pesar de las diferencias, en la comisión todos los bloques habían firmado el dictamen.

“De ninguna manera tenemos ánimo de demorar”, aclaró Héctor Recalde, quien sostuvo que bien podía tratarse el proyecto del Senado en extraordinarias. Sin embargo, justo antes de votar, Recalde volvió sobre sus pasos y pidió en cambio constituir la Cámara en comisión para modificar el proyecto directamente en el recinto.

Sergio Massa intervino para aclarar que “todos los bloques tenemos la voluntad de encontrar una solución esta misma noche”, por lo que sugirió “hacer un cuarto intermedio de 15 minutos y tratamos que esta noche misma podamos votar un proyecto que resuelva el problema de los comerciantes y solucionar el tema de los consumidores”.

El presidente del bloque oficialista, Mario Negri, aclaró que el orden natural del tratamiento del proyecto establecía la necesidad de votar a continuación del debate, e introducir en particular las modificaciones correspondientes. “No podemos inventar cosas”, aclaró, con lo que coincidió el presidente del Cuerpo, que llamó a votar el cuarto intermedio solicitado por el líder del FR, el cual fue aprobado. Pasado el mismo, a las 3.35 se procedió a votar el proyecto con el resultado mencionado.

La iniciativa motorizada por los diputados Daniel Lipovetzky y Eduardo Amadeo y apoyada por la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa).

Como miembro informante, Lipovetzky recordó que la ley de tarjetas de crédito “hace 10 años que no se modifica”, y destacó la necesidad de aplicar una modificación más amplia que la de las comisiones. “El proyecto prevé una rebaja de las comisiones que le cobran a los comercios para las tarjetas de crédito y de débito”, dijo, pero sumó la propuesta de que “en el mercado de la adquirencia no esté monopolizada por una sola empresa como hoy, y que cada empresa de tarjeta de crédito tenga más de una empresa de adquirencia”.

Acotó que el proyecto otorga facilidades para los consumidores en la posibilidad de darse de baja, que a partir de la aprobación de la norma podrán hacerlo a través de internet.

“Creemos que las comisiones que hoy se cobran a los comercios son muy altas”, comentó y dijo esperar que la baja en las comisiones repercuta también en los precios.

A continuación, el presidente de la Comisión de Finanzas, Eduardo Amadeo, apuntó que “llegamos a este proyecto después de una larga tarea de consenso, entre los comerciantes”, destacando puntualmente a CAME y la CAC, tras lo cual citó también las importantes funciones que se le están dando al BCRA. “Estamos introduciendo un cambio copernicano en este negocio”, aseguró, precisando que “esta ley obliga a que esta estructura oligopólica se rompa”, pero atribuyó al Banco Central la obligación de evitar que eso no suceda. “En este proyecto ganan claramente las pymes y los consumidores, que van a tener más competencia y menores costos”, garantizó.

Desde la otra vereda, el diputado del FIT Pablo López cuestionó la forma como se llegó a la discusión de la ley, criticando que la semana pasada se convocara a debatir un proyecto que no figuraba en el sitio web de la Cámara, y que luego ni siquiera se conociera qué proyecto se estaba discutiendo. “Los proyectos los discuten con los empresarios y no los discuten con los diputados”, se quejó el legislador salteño, que consideró que “esta modificación no modifica nada en cuanto a la usura que sufren los usuarios de tarjetas, todo se mantiene en pie”.

Por el Frente para la Victoria-PJ habló en primer lugar el exministro de Economía Axel Kicillof, quien se quejó porque el proyecto tratado fuera conocido recién el jueves pasado, en una reunión en la que pensaron que iban a tratar el proyecto aprobado por el Senado. Sin embargo se encontraron con la sorpresa de que “se había echado prácticamente a la basura ese proyecto y se había presentado otro”. Y el otro proyecto, dijo, en lugar de un solo artículo tenía 15, y con el mismo “se le permite a las tarjetas de crédito subirles el cargo que les cobran a los usuarios”, dijo entre otras críticas.

Habló de “un subterfugio” consistente en que se hubiera aprobado un proyecto en el Senado en un sentido y en Diputados se avanzaría en otro similar pero que iría en colisión con el del otro cuerpo. Consecuencia: no saldría ninguno, anticipó.

Criticó también se desregularan las comisiones para todas las tarjetas que no sean las bancarias, y por otra parte señaló que el proyecto establece que la autoridad puede regular las comisiones, lo que puede terminar en que en lugar de bajar, las comisiones suban.

Advirtió que “va a ser más caro comprar con tarjeta que en efectivo”, y terminó alertando que “todo este proyecto se quería aprobar a carpeta cerrada”. Así las cosas, y por entender que el proyecto “tiene oscuros intereses encerrados”, anticipó su rechazo al proyecto.

Por el bloque Justicialista, Gustavo Fernández Mendía calificó también de “insólita” la manera como se cambió el proyecto a discutir, y señaló que prefería el del Senado porque en caso de ser aprobado se hubiera convertido en ley, mientras que con este proyecto -que CAME les pidió ahora apoyar, aclaró- “si lo aprobamos, vamos a entrar en la hoguera de las vanidades legislativas y ninguna cámara va a querer aprobar el proyecto de la otra”. Conclusión: no habrá ley, anticipó, por descontar que ambas iniciativas “van a colisionar”.

Por el mismo bloque, Néstor David (Salta) coincidió también en que hubiera sido mejor aprobar el proyecto que venía del Senado, y advirtió sobre “una actividad del oficialismo para trabar esta ley. No juzgo los motivos, pero nos ponen en una situación de no saber si este proyecto va a ser ley, por lo del doble proyecto del Senado y Diputados”. Empero, se mostró contrario a no votar el proyecto, pues el deseo es no dejar al sector sin ley.

A su turno, Elisa Carrió consideró “indiscutible” que con esta ley bajan las comisiones. “No creo que ninguna de las grandes empresas esté avalando este proyecto si no mejora su condición”, dijo, mientras que Graciela Camaño expresó que le genera “una controversia muy grande” no haber modificado directamente la ley del Senado, para no generar en cambio “este choque de planetas que lo único que va a hacer es obstruir la ley”.

La puntana Berta Arenas prefirió “no pensar que ha sido un acuerdo de cúpulas entre empresarios” lo que llevó a esta situación, y advirtió que “si es una puesta en escena de algo que sabemos que va a terminar en la nada, porque va a colisionar con la otra ley que está en el Senado, deberíamos replantearnos el tratamiento de esta ley o la vuelta a comisión”.

El kirchnerista Alejandro Abraham atribuyó la situación que lleva esta demanda de los comercios a la necesidad de los mismos a demandar “un paliativo” frente a la crisis generada por el Gobierno. “Hubo una intención deliberada de llegar hasta el final (del período ordinario) para meter otro proyecto”, estimó, calificando esa actitud de “cuasi extorsiva”. Para el mendocino, “se ha querido ayudar al sector bancario”, y estimó que no saldrá este año ninguna ley en ese sentido.

El salteño oficialista Guillermo Durand Cornejo adelantó su voto positivo, pero confesó su “fastidio” por la forma como se trató el proyecto. “Esta ley es un trípode; un trípode tiene tres patas, por un lado están los bancos; por el otro los comerciantes”, y por último el consumidor, al que anticipó que “no le va a llegar un centavo de baja”. Negó por otra parte que estuvieran todas las partes involucradas en el proyecto “cuando jamás se giró a la Comisión de Defensa del Consumidor”, ni se convocó a las asociaciones para consultar. Muy crítico del proyecto, el legislador de Unión Pro fue irónico al señalar que no compartía nada con su comprovinciano del Partido Obrero Pablo López, pero advirtió que pensaba que “hasta fue conservador por lo que pudo haber dicho”.

Luego habló otro salteño, Alfredo Olmedo, quien se preguntó para qué votar, si la colisión de intereses evitaría que salga la ley. Sugirió ver la manera como se podría votar el proyecto del Senado, y concluyó: “No se qué hacer, tengo claro que tengo que ser positivo”, pero aclaró que de esta manera “no le solucionamos a nadie nada”.

“La verdad, me quedé sin palabras por primera vez (…) A CAME le digo que los voy a apoyar, pero no entiendo por qué cambiaron la monta a mitad del río. Y si lo cambió el oficialismo, no me hagan que les diga que parecen igual que los otros”, concluyó, advirtiendo que “cuando se cambia la monta a mitad del río, algo se moja. Y en este caso se moja el bolsillo de los usuarios”.

La massista Liliana Schwindt fue en el mismo sentido que sus colegas, anticipando que un senador de su propio espacio (Alfredo Luenzo) impulsó el proyecto en la Cámara alta “a instancias de CAME”, por unanimidad, y ahora en Diputados el mismo fue cambiado, con la anuencia de esa cámara. Se preguntó por qué CAME había accedido a cambiar el proyecto. “Porque no sale, porque no sale… ¿A quién le preguntaron?”, inquirió.

Al final, otro diputado del Pro, Eduardo Conesa, se quejó porque un proyecto suyo en el mismo sentido jamás hubiera sido tratado, pero ponderó el proyecto puesto en consideración ahora, aunque se quejó por la comisión del 1% impuesta a las tarjetas de débito, al que consideró “mezquino”. “Un impuesto que estamos pagando a los bancos”, señaló, en referencia a ese dato que figura en el artículo 15°.

El proyecto sancionado por unanimidad en el Senado que no fue tomado en cuenta proponía rebajar del 3% al 1,5% las comisiones bancarias por el uso de tarjetas de crédito, y eliminaba las correspondientes a las tarjetas de débito, que actualmente son del 1,5%. En cambio el oficialismo fijó otros aranceles: 2% para las tarjetas de crédito y 1% para las de débito.

Además, la iniciativa impulsa fomentar la competencia en el mercado de tarjetas, para evitar la monopolización –hoy la firma Prisma concentra buena parte de este mercado-, y propicia que para las ventas a realizar con tarjeta de crédito, el comerciante pueda incluir en el precio final el costo de las comisiones.

También, se establece que el titular podrá comunica su voluntad de finalizar la relación contractual en cualquier momento, “a opción del titular, en forma presencial, por instrumento privado de fecha cierta o por mecanismos electrónicos de comunicación”.

“Consideramos que el presente proyecto tiene a ordenar el proceso de adquisición de bienes con tarjetas de crédito y/o débito, y a su vez a poner un límite a las tasas que se pretenden cobrar por su uso, protegiendo tanto al comerciante como al usuario/consumidor”, expresan los fundamentos.