Un proyecto de ley, que fue aprobado en el Senado bonaerense, propone que todos los organismos públicos provinciales y municipios paguen los haberes de los trabajadores a través del Banco Provincia.
La intención no es perjudicar a otras entidades, sino que se trata de una razonable limitación que atiende a la naturaleza de banca social del BAPRO.
El proyecto de ley, que tiene el aval de senadores y que ahora fue girado a Diputados, establece que todos los organismos públicos provinciales y los Municipios paguen los haberes de sus trabajadores a través de cuentas sueldo en el Banco Provincia (BaPro).
La propuesta del bloque Peronista en la Cámara alta surgió luego de que el Banco Central diera vía libre para que los empleados puedan abrir cuentas bancarias en entidades privadas sin la intervención de su empleador.
Uno de los impulsores, el senador Patricio García explicó que “la intención no es perjudicar a otras entidades, sino que se trata de una razonable limitación que atiende a la naturaleza de banca social del BAPRO”.
En este sentido, el legislador justicialista consideró que la resolución del Banco Central “puede perjudicar a la entidad bancaria estatal, y por ende a la Provincia y sus trabajadores, beneficiando a la banca privada”.
“La masa salarial es un genuino fondeo del BAPRO, que promociona con ello la actividad productiva provincial”, agregó García.
Según explicaron en los fundamentos del proyecto de ley, el BAPRO es la más importante institución financiera provincial, primer banco del país, agente financiero de la Provincia, tesorería de las Municipalidades, con sucursales que cubren todo el territorio provincial, inclusive en localidades de menos de 1.000 habitantes; tiene la obligación legal de asistir a los Municipios con adelantos y préstamos, asistir a productores agropecuarios declarados en emergencia o desastre, y a los habitantes que sufren catástrofes por fenómenos climáticos.
La iniciativa, explicaron, se basa en las facultades provinciales que surgen del Pacto de San José de Flores de 1859, instrumento reconocido constitucionalmente al momento de la incorporación de la provincia de Buenos Aires al resto de la Confederación Argentina.
