Consta de 12 artículos y prevé reasignar partidas por 25.000 millones de pesos iniciales. El oficialismo acompañó con su firma; no así el Frente para la Victoria.
Tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y movimientos sociales, diputados de distintos bloques finalmente presentaron este martes el nuevo proyecto de ley para declarar la Emergencia Social por un plazo de tres años, en beneficio a los trabajadores de la economía popular.
La iniciativa, a la que accedió parlamentario.com, consta de 12 artículos y no lleva la firma de ningún representante del Frente para la Victoria-PJ, que desde un principio manifestó sus reparos al proyecto, pero aclaró que votará a favor.
La Emergencia Social duraría hasta el 31 de diciembre de 2019, según indica el artículo primero del texto, que ingresó por Mesa de Entradas en horas de la tarde.
Se establece que la futura ley “tiene por objeto promover y defender los derechos de los trabajadores que se desempeñan en la economía popular en todo el territorio nacional, con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional”.
En ese marco, se crea el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC) en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como “ámbito institucional permanente”.
Este organismo estaría integrado por un represente del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Desarrollo Social, uno del Ministerio de Hacienda y tres de las organizaciones sociales, y debería comenzar a funcionar dentro de los 90 días desde la promulgación de la ley.
A su vez, se crea el Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP), donde deberán inscribirse los trabajadores de esta categoría para poder acceder a los beneficios.
“Los actuales programas sociales nacionales se articularán con la intervención del CEPSSC, promoviendo su progresiva transformación en Salario Social Complementario”, dice el artículo 7 del proyecto.
Con ese fin, bajo el paragüas de los superpoderes, se faculta al jefe de Gabinete a “efectuar las reestructuraciones presupuestarias necesarias” para proveer los fondos adicionales que exige la ley, hasta un monto de 25.000 millones de pesos, durante los tres años que dure la Emergencia Social.
En el caso de que al 31 de diciembre de 2018 esos fondos hubieran sido ejecutados, el jefe de Gabinete podría resignar partidas por otros 5.000 millones de pesos, como máximo.
El oficialismo se comprometió a aprobar la iniciativa en la Cámara de Diputados el próximo martes 6 de diciembre, junto con la reforma del impuesto a las Ganancias.
Suscribieron al proyecto los diputados Nicolás Massot (Pro), Mario Negri (UCR), Sergio Massa, Graciela Camaño (Frente Renovador), Diego Bossio, Oscar Romero (Justicialista), Leonardo Grosso, Lucila De Ponti, Silvia Horne, Araceli Ferreyra (Movimiento Evita), Victoria Donda, Federico Masso (Libres del Sur), Alicia Ciciliani (Partido Socialista), Jorge Franco (Frente de la Concordia Misionero), y Alcira Argumedo (Proyecto Sur).
