Sólo la izquierda se abstuvo en la votación del proyecto, acordado entre el Gobierno y movimientos populares. Aseguran que la ley beneficiará a 3,5 millones de trabajadores de la economía popular.
La declaración de la Emergencia Social por tres años en todo el país fue aprobada este martes en la Cámara de Diputados con apoyo casi unánime, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y movimientos sociales con el acompañamiento de la CGT.
El proyecto, impulsado por el Movimiento Evita, obtuvo 227 votos a favor, y se estima que beneficiará a 3,5 millones de trabajadores, lo que significará para las arcas estatales un costo de 30.000 millones de pesos.
Al momento de la votación hubo 4 abstenciones, del Frente de Izquierda, que reclamó otras medidas como el blanqueo y el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados. Hubo un solo voto en contra, del monobloquista salteño Alfredo Olmedo.
La iniciativa, que ahora deberá tratar el Senado, propone declarar la Emergencia Social hasta el 31 de diciembre de 2019 en todo el territorio nacional, y fue negociada por la CCC (Corriente Clasista y Combativa), la CTEP (Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular) y Barrios de Pie, que este martes llevó adelante cortes en la Capital Federal y numerosas ollas populares en distintos puntos.
En el inicio del debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (Pro) destacó: “Reconocemos la Emergencia Social porque lo primero que hemos hecho es poner de pie el nuevo INDEC”. “Hemos heredado una crisis social dramática”, acotó.
El macrista consideró que la ley “ratifica y continúa las sucesivas prórrogas que ha habido” y “viene a reconocer” el “grave diagnóstico” respecto de la situación socioeconómica del país. También señaló que la norma “viene a agregar un marco de diálogo que no existía hasta hoy” y “a crear un abordaje distinto al tratamiento de la economía popular”.
A su turno, la legisladora Lucila De Ponti (Peronismo para la Victoria) aseguró que se trata de personas que “no pueden acceder a un empleo” y “muchas veces son ignorados o desconocidos, pero forman parte de nuestra cotidianeidad”.
La representante del Movimiento Evita advirtió que “entre un 25 y 30 por ciento” de la población son personas que “se encuentran excluidas del empleo formal, pero son trabajadores” y enumeró a “la señora que limpia una casa, el vendedor ambulante, los artesanos, la costurera del taller clandestino y el cartonero que separa la basura”, entre otros casos.
De Ponti resaltó que el Registro Nacional de la Economía Popular que crea el proyecto representa un “elemento fundamental” que les dará “visibilidad y existencia” a los trabajadores informales.
Por el mismo bloque, Leonardo Grosso celebró que el acta firmada entre el Gobierno y las organizaciones populares fue “la primer paritaria de la economía popular”, cuyo “broche de oro” es la declaración de la Emergencia Social.
En este sentido, aclaró que en este documento “se consiguieron aumentos”, por ejemplo en las partidas para comedores y merenderos, además de un aguinaldo social de 2030 pesos por única vez en diciembre.
También se expresó en el recinto uno de los líderes de la CGT, Héctor Daer (Frente Renovador-UNA), quien respaldó la ley, pidió “autocrítica” al Gobierno y llamó a terminar con “el asistencialismo de los planes sociales”.
Daer, quien conduce la central obrera junto a Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid, reclamó además por “trabajo digno” y sostuvo: “No es el camino a la pobreza cero el que encaramos”.
El legislador del Frente Renovador-UNA destacó que “fue fundamental el trabajo de las organizaciones sociales”, que junto a la CGT marcharon hace tres semanas al Congreso en reclamo por la Emergencia Social.
Muy crítico con el proyecto acordado entre el Gobierno nacional y movimientos sociales, y en defensa de su dictamen de minoría, el diputado Néstor Pitrola (FIT) alertó que “la rebelión popular no se puede anular por ley”.
“No recuerdo antecedentes de una tregua de estas características”, manifestó, y denunció que la tregua está coordinada “con la CGT”. Además, para el legislador de la izquierda, el registro contemplado en la ley es “un registro de los candidatos a la precarización laboral”.
Por el Frente para la Victoria, Fernanda Raverta cargó contra la gestión de Mauricio Macri e ironizó que “habría que declarar la emergencia en la gestión de gobierno, no la Emergencia Social”.
El proyecto aprobado
El proyecto consta de 12 artículos y establece la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC) en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como “ámbito institucional permanente”.
Este organismo, que comenzará a funcionar 90 días después de la promulgación de la ley, estaría conformado por un represente del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Desarrollo Social, uno del Ministerio de Hacienda y tres de las organizaciones sociales.
En el artículo 7 de la norma se indica que “los actuales programas sociales nacionales se articularán con la intervención del CEPSSC, promoviendo su progresiva transformación en Salario Social Complementario”.
Por otra parte, se crea el Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP), donde deberán inscribirse los trabajadores de esta categoría para poder acceder a los beneficios.
Mediante la norma, el jefe de Gabinete estará facultado a “efectuar las reestructuraciones presupuestarias necesarias” para proveer los fondos adicionales que exige la ley, hasta un monto de 25.000 millones de pesos, durante los tres años que dure la Emergencia Social.
En el caso de que al 31 de diciembre de 2018 esos fondos hubieran sido ejecutados, el jefe de Gabinete podría resignar partidas por otros 5.000 millones de pesos, como máximo.
La ley tiene como objetivo “defender los derechos de los trabajadores que se desempeñan en la economía popular en todo el territorio nacional, con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional”.
