La Cámara de Diputados debate desde las 14:01 el proyecto de ley por el cual se declara hasta el 31 de diciembre de 2019 la Emergencia Social en todo el territorio nacional. La iniciativa fue acordada entre el Gobierno nacional y movimientos sociales que reclamaron por la norma.

El proyecto, que deberá ser tratado luego por el Senado ya que implica un nuevo texto respecto del que tuvo media sanción en la Cámara alta el pasado 16 de noviembre, consta de 12 artículos y establece la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC) en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como “ámbito institucional permanente”.

Este organismo, que comenzará a funcionar 90 días después de la promulgación de la ley, estaría conformado por un represente del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Desarrollo Social, uno del Ministerio de Hacienda y tres de las organizaciones sociales.

En el artículo 7 de la norma se indica que “los actuales programas sociales nacionales se articularán con la intervención del CEPSSC, promoviendo su progresiva transformación en Salario Social Complementario”.

Por otra parte, se crea el Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP), donde deberán inscribirse los trabajadores de esta categoría para poder acceder a los beneficios.

Mediante la norma, el jefe de Gabinete estará facultado a “efectuar las reestructuraciones presupuestarias necesarias” para proveer los fondos adicionales que exige la ley, hasta un monto de 25.000 millones de pesos, durante los tres años que dure la Emergencia Social.

En el caso de que al 31 de diciembre de 2018 esos fondos hubieran sido ejecutados, el jefe de Gabinete podría resignar partidas por otros 5.000 millones de pesos, como máximo.

La ley tiene como objetivo “defender los derechos de los trabajadores que se desempeñan en la economía popular en todo el territorio nacional, con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional”.

El debate

En el arranque del debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (Pro), destacó que desde el Gobierno nacional “reconocemos la emergencia social porque lo primero que hemos hecho es poner de pie el nuevo INDEC”. “Hemos heredado una crisis social dramática”, dijo.

Consideró que la ley “ratifica y continúa las sucesivas prórrogas que ha habido” y “viene a reconocer” el “grave diagnóstico” respecto de la situación socio-económica del país. También señaló que la norma “viene a agregar un marco de diálogo que no existía hasta hoy” y “a crear un abordaje distinto al tratamiento de la economía popular”.

A su turno, la legisladora Lucila De Ponti (Peronismo para la Victoria) aseguró que se trata de personas que “no pueden acceder a un empleo” y “muchas veces son ignorados o desconocidos, pero forman parte de nuestra cotidianeidad”.

La dirigente del Movimiento Evita, agrupación pionera en reclamar una norma en este sentido, advirtió que “entre un 25 y 30 por ciento” de la población son personas que “se encuentran excluidas del empleo formal, pero son trabajadores” y enumeró a “la señora que te limpia la casa, el vendedor ambulante, los artesanos, la costurera del taller clandestino y el cartonero que separa la basura”.

De Ponti resaltó que el Registro Nacional de la Economía Popular representa un “elemento fundamental” que les dará “visibilidad y existencia” a los trabajadores informales.

Muy crítico con el proyecto acordado entre el Gobierno nacional y movimientos sociales, y en defensa de su dictamen de minoría, el diputado Néstor Pitrola (FIT) alertó que “la rebelión popular no se puede anular por ley”.

“No recuerdo antecedentes de una tregua de estas características”, manifestó y señaló que la tregua está coordinada “con la CGT”. Para el legislador de la izquierda el registro contemplado en la ley es “un registro de los candidatos a la precarización laboral”.