El proyecto de Braillard Poccard apunta a los casos en que uno de los progenitores traslada a la criatura de manera ilegal fuera del país y la justicia demora excesivamente el trámite, produciendo graves daños emocionales a las criaturas.
A raíz del significativo crecimiento que ha tenido el fenómeno de los traslados irregulares o ilícitos de niños de un Estado nacional a otro en los últimos tiempos, como así también de las dolorosas circunstancias que se generan cuando la justicia demora demasiado tiempo en expedirse y los niños son separados de sus madres cinco o seis años después de su ingreso a la Argentina, el senador Pedro Braillard Poccard presentó un proyecto de ley para agilizar los procedimientos judiciales en busca de evitar los graves daños emocionales que sufren los niños cuando se demora el retorno a su país de residencia habitual.
Existen varias convenciones internacionales que se ocupan de las restituciones de niños que fueron trasladados de manera ilegal a otro país, entre ellas el Convenio de La Haya de 1980 aprobada en nuestro país por la ley 23.857, sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de 1989, que la Argentina incorporó a su derecho interno por Ley 25.358, pero no obstante, ocurre que en general la resolución del conflicto lleva en nuestro país entre tres y seis años y en muchos casos ya el niño se ha arraigado en su nueva residencia y ha creado vínculos de amistad y parentesco, romper los cuales por medio de un retorno imperativo en nombre de la ley conlleva objetivamente un daño emocional y psicológico difícil de mensurar adecuadamente, que paradojalmente conspira contra la finalidad misma del convenio.
Se observa entonces una notoria contradicción entre las loables prescripciones de las Convenciones y su aplicación en la práctica debido a una falta de regulación procesal específica, lo que fue debatido en un nuevo encuentro de jueces de familia de todo el país celebrado en fecha reciente en el ámbito de la Corte Suprema de la Nación, en el cual se volvió a reclamar una solución legal para esta cuestión que lleva años de debate en ámbitos diplomáticos, judiciales, doctrinarios y académicos.
“Por ello estimamos que es hora de que el Poder Legislativo Nacional dé una respuesta a este insistente reclamo de los jueces que muy a su pesar se ven muchas veces constreñidos por la legislación procesal vigente a admitir dilaciones temporales que aun siendo legítimas resultan a la postre perjudiciales para el derecho de los menores y de sus padres”, expresa en sus fundamentos el proyecto del senador Braillard Poccard.
Los principios básicos que informan la propuesta del senador correntino son: celeridad, inmediación, oficiosidad, economía procesal, contradicción, reserva, buena fe, definición y concentración de la competencia, restricción del marco probatorio y limitación recursiva conforme el esquema básico de la ley modelo redactada con sentido orientativo por un grupo de expertos conformado por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y el Instituto Interamericano del Niño.
