Tiene como objeto la prevención y cese de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en los lugares de detención e internación públicos y privados con asiento en la Ciudad, o fuera de ella cuando se encuentren bajo la órbita de alguno de los poderes locales.
En la última sesión ordinaria del año se aprobó, con 51 votos positivos y 3 abstenciones, la creación del “Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en la órbita de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, quien garantiza la correcta integración, funcionamiento y puesta en marcha del ente.
El proyecto tiene como autor al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, José Cruz Campagnoli (FpV-Nuevo Encuentro) y como co-autor al diputado Pablo Ferreyra (FpV).
El diputado Campagnoli explicó el surgimiento de la iniciativa: “En este contexto donde las denuncias por abusos y torturas en lugares de encierro van en aumento, en esta Ciudad donde ocurrieron episodios como lo que sucedió con Iván y Ezequiel, los pibes de la Garganta Poderosa que fueron torturados por efectivos de la Prefectura en la Villa 21-24, y donde se efectuó el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad con sus 54 comisarías creemos que es fundamental poder implementar un Mecanismo local para la prevención de la tortura que evite nuevos casos de abuso policial”.
En tanto, el legislador Ferreyra manifestó que “la sanción del mecanismo de prevención de la tortura es de vital importancia en el control de las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad en instituciones de la Ciudad. Fueron numerosos los casos que conocimos este año en la Comisión contra la Violencia Institucional, ahora contaremos con una herramienta que nos permitirá una actuación más rápida y efectiva”.
Según el texto del proyecto, el Mecanismo se crea en el ámbito de la Defensoría del Pueblo, y se integra por el Comité para la prevención de la tortura y un Consejo asesor conformado por organismos de derechos humanos.
El Comité está integrado por siete miembros. Dos en representación de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, uno por la Subsecretaria de Derechos Humanos, uno por la Defensoría del Pueblo, uno por la Defensoría General y dos representantes de organizaciones de la sociedad civil. Tendrá la función de evaluar la aplicación de la Convención contra la Tortura (tratado internacional contra la tortura), realizar visitas de inspección periódicas a los lugares de detención de personas, fomentar la participación comunitaria a través de las visitas de ONGs, realizar entrevistas a las personas privadas de la libertad y crear el Registro de casos de tortura, entre otras tareas.
Este Mecanismo local se crea como un órgano independiente del Ejecutivo y tiene como principal objetivo propiciar la participación comunitaria en la prevención de la tortura. Con este objetivo también se crea el Consejo para la prevención de la tortura, el cual se integrar por representantes de las organizaciones dedicadas a los DD.HH. interesadas en el cumplimiento de los objetivos del Protocolo Contra la Tortura.
