El diputado de La Cámpora Marcos Cleri presentó una cuestión de privilegio contra los presidentes de ambas cámaras y los secretarios administrativos por no haber aceptado el dictamen que la Comisión Bicameral de Trámite Permanente quiso ingresar respecto del decreto sobre blanqueo de familiares de funcionarios.

El legislador santafesino se amparó en la Constitución y los reglamentos de ambas cámaras, y sostuvo que “el tratamiento que realizamos sobre el decreto de necesidad y urgencia 1206/16, y le digo DNU porque interpretó la mayoría de la comisión bicameral que ese era un decreto de necesidad y urgencia y se solicitó la nulidad del mismo”. Recordó que fue el dictamen mayoritario de esa comisión, pero cuando el secretario de la misma lo llevó a las mesas de entrada de ambas cámaras no se lo tomaron, “diciéndole que no era válido, con una interpretación jurídica inmoral, que era la misma que habían expresado en minoría los integrantes de la alianza Cambiemos en la Comisión Bicameral”.

Por eso reclamó al presidente Emilio Monzó que le de ingreso a ese dictamen. Cleri afirmó que ese decreto es de necesidad y urgencia, “pero no lo pudieron presentar como tal, porque es de materia prohibida, para realizar de manera legislativa por parte del Poder Ejecutivo, porque es derecho tributario, y derecho penal, y está prohibido expresamente por la Constitución Nacional”. Por eso, dijo, lo presentaron como decreto reglamentario “para tratar de que al blanqueo ingresen familiares que este Congreso determinó que no ingresen”.

Cleri fue aún más lejos, al pedir que ese dictamen se tratara en el recinto, y en ese sentido reclamó que se votara su tratamiento. El titular del cuerpo lo aceptó, pero salió al cruce Elisa Carrió, quien sostuvo que “el poder reglamentario del presidente de la Nación no puede ser discutido en el Parlamento nacional”. Aclaró que “no se trata de una ley delegada, porque no hubo delegación, no se trata de un DNU”.

Luego recordó que hubo casos puntuales, “hasta que comenzó el abuso de este Parlamento de delegar todas las facultades del Ejecutivo, destruyendo el Parlamento Nacional”, y aseguró que eso se vio incrementado durante la última década. Empero, aclaró que “en un caso concreto es a la Justicia a la que le corresponde declarar si hubo exceso o no reglamentario”.

Asimismo y por el tema puntual de este decreto, recordó que ella fue la que se opuso durante el debate de la ley de blanqueo a que los funcionarios estuvieran dentro de la ley. “A mí se me consultó”, puntualizó con referencia a este decreto firmado por el presidente, y lo defendió por sostener que “es reglamentar sin alterar el espíritu de la ley”.

Luego señaló que ella no puede ser alcanzada por el decreto, pues “yo soy funcionaria desde los 22 años”, pero defendió la potestad que les corresponde a aquellos que ingresaron recientemente a la función pública y tienen bienes que deseen blanquear. En caso contrario, dijo, “lo que podría pasar es que se estaría violando el principio de igualdad de la ley”.

Finalmente, Carrió actuó fiel a su estilo y disparó mirando al kirchnerismo: “Si esto se estima irrazonable, la verdad que me conviene, porque entran todos los hijos de ustedes, todos los padres, todas las madres, así de una vez por todas van todos presos, porque estoy harta de que no vayan presos… Pero no violen la Constitución nacional, este es un tema constitucional”.

Luego pidió la palabra el presidente del bloque FpV-PJ, Héctor Recalde, que dijo tener “mucho respeto con su conocimiento constitucional de la diputada Carrió, pero este decreto es una simulación ilícita porque no está reglamentando, está sustituyendo un DNU”. Con todo, la votación fue perdida por el kirchnerismo.