El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo, brindó este martes una conferencia de prensa , luego de haberse reunido con familiares y amigos de Brian, el chico asesinado por motochorros en Flores, para despejar dudas y explicar las medidas que se adoptarán para prevenir este tipo de situaciones.

Ocampo aseveró que “los cambios en la seguridad no son mágicos” y resaltó que “nosotros nos hacemos cargo de este tema, hace falta mucho trabajo y en eso estamos”. En este sentido aseguró que están “trabajando en políticas de seguridad y en el diseño de un plan para el barrio de Flores” y añadió que “sabemos que la situación del barrio es difícil y que una minoría usó este reclamo genuino para destrozar la comisaría”, en clara referencia a los disturbios que se provocaron en la puerta de la Comisaria 38, una vez que se conoció la trágica muerte del adolescente.

“Seguramente no alcanza pero estamos comprometidos en resolver el problema”, completó y afirmó que “vamos en la dirección correcta” ya que “definimos un plan de acción, se lo comunicamos a los vecinos y acordamos un mecanismo de trabajo con ellos” dado que “creemos en la participación ciudadana”.

En esta línea, agregó que “la semana que viene vamos a tener una reunión de seguimiento con los vecinos, para evaluar la situación”, y aprovechó la ocasión para manifestar que van a impulsar un proyecto de ley para que los que viajen en moto sean identificados a través de chalecos que tengan grabados el número de patente del vehículo, además de reforzar la cantidad de efectivos policiales en la zona.

La lucha contra los motochorros

Los intentos por combatir los robos cometidos a bordo de motocicletas vienen hace años, no obstante, hasta el momento no hay ninguna ley firme que proteja a los porteños al respecto. Ya en el 2010, la Legislatura porteña había sancionado una norma “piloto”, con 46 votos afirmativos y 4 en contra, que estipulaba que durante 180 días todo aquel ciudadano que viajará en moto no podría llevar un acompañante abordo durante el horario bancario, además de usar chalecos identificatorios.

En aquel entonces los legisladores establecieron que sería una prueba para “evaluar su eficacia ante el creciente fenómeno de los motochorros, con vistas a una eventual extensión”. De esta manera, también se establecía que quienes no cumplieran con lo estipulado serían penados con multas de 500 a 2000 pesos y hasta la clausura de las estaciones de servicio que provean de combustible o lubricante a los conductores que no posean el casco y cuyos rodados no posean la matrícula correspondiente.

No obstante, pese a las promesas de campaña del macrismo por terminar con esta modalidad delictiva, el tiempo transcurrió y lo cierto es que hasta el momento el fenómeno no llegó a su fin dado la falta de regulación al respecto.

Las leyes que habían sido sancionadas para terminar con los motochorros y trapitos se vienen tratando hace años, sin embargo no alcanzaron el quórum necesario para poder votarlas en ninguna de las oportunidades, luego de que la ley sancionada en el 2010 hubiese sido vetada en el 2012 por el ejecutivo porque “en lugar de prohibir la actividad la regularizaba”.