ENERO. Sin actividad parlamentaria, el primer mes de 2016 estuvo signado por la cuestionada decisión del Gobierno de nombrar a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto. Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti fueron designados “en comisión” y el verano arrancó con una lluvia de críticas de todos los sectores. Otro decreto polémico, firmado al filo del cierre de 2015, fue el que modificó la Ley de Medios y la de Argentina Digital. El Congreso fue el gran ausente en ambas discusiones.

FEBRERO. El Poder Ejecutivo reculó y finalmente envió al Senado los pliegos de los candidatos a jueces supremos, que fueron avalados en el recinto recién en junio, en una votación que superó ampliamente los dos tercios requeridos por la Constitución Nacional. En paralelo se realizó el reparto de comisiones, que demoró más de lo habitual por la composición pareja que arrojó el resultado de las últimas elecciones.

MARZO. El presidente inauguró por primera vez el período de sesiones ordinarias en el Congreso, con un discurso que duró apenas una hora, al estilo macrista. No hubo grandes anuncios ni militancia en los palcos, a diferencia de las Asambleas Legislativas encabezadas por Cristina Kirchner. El mismo mes, el Senado avaló los pliegos de la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas.

El primer gran acuerdo parlamentario que consiguió Cambiemos fue con la ley de pago a los holdouts. Fue una discusión forzosa y de alto voltaje político en ambas Cámaras –en Diputados, la sesión duró 20 horas-. Culminó con un contundente apoyo de la oposición y de la mayoría de los gobernadores. El proyecto para arreglar con los holdouts recibió en Diputados 165 votos a favor y 86 en contra. En el Senado, la votación resultó 54 a 16. El 22 de abril la Argentina salió del default.

Cambiemos también sufrió en marzo su primer revés legislativo. El Frente para la Victoria se impuso en la Comisión Permanente de Trámite Legislativo y firmó dictamen para derogar el decreto delegado del presidente que aumentó el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias e incluyó a más personas bajo la órbita del tributo. Pero, como el dictamen nunca fue sometido a la aprobación del recinto del Senado ni de Diputados, el decreto original siguió en pie.

ABRIL. En la primera sesión del mes, Diputados ratificó un conjunto de DNUs, entre ellos el de creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). También designó nuevos integrantes en la Auditoría General de la Nación (AGN): Juan Carlos Forlón por el Frente para la Victoria y Gabriel Mihura Estrada por el Frente Renovador.

Entre fines de mayo y principios de abril, la visita al Congreso de las cinco centrales obreras –aun sin la CGT unificada- dio origen al pedregoso debate por la ley antidespidos, que tuvo en vilo al Congreso durante dos meses. Con 48 votos positivos y 16 negativos, el Senado dio el primer paso al aprobar la declaración de la Emergencia Ocupacional, que preocupaba al Gobierno por incluir la doble indemnización para trabajadores despedidos. Pero la discusión más dura se daría al mes siguiente en Diputados, tras una demora inusual en el giro del proyecto.

MAYO. Una porción de la oposición liderada por el Frente para la Victoria convocó a una sesión especial, pero no consiguió quórum por la ausencia del Frente Renovador. Cambiemos terminó accediendo al debate, a la semana siguiente. La discusión terminó al amanecer del 19 de mayo con una jugada maestra: el oficialismo se abstuvo para permitir que se aprobara la media sanción del Senado, evitando así que triunfara el proyecto alternativo de Sergio Massa, mucho más dañino para el Gobierno. Fue una victoria de la oposición, tan costosa como efímera. El final es conocido: veto presidencial y un curioso silencio de las centrales obreras.

Para ese entonces, a principios de mayo, el diputado José Luis Gioja era elegido presidente del Partido Justicialista (PJ) en reemplazo de Eduardo Fellner.

JUNIO. Fue el mes donde se trató uno de los principales proyectos del año: la famosa “ley ómnibus” que incluyó el pago de sentencias y retroactivos a jubilados; un nuevo blanqueo de capitales; el acuerdo con las provincias por la devolución del 15% de los fondos coparticipables; y una serie de reformas tributarias. Una nueva sesión maratónica en Diputados terminó con 162 votos a favor y 76 en contra. No sólo se consiguió acordar con la oposición, sino que se eximió del impuesto a las Ganancias al medio aguinaldo de junio para quienes no tributaran Bienes Personales, a pedido de Massa. La ley –que sufrió numerosos e importantes cambios- vio la luz en el Senado con 56 votos positivos y 11 negativos.

Por otra parte, el Senado convirtió en ley por unanimidad el reintegro del IVA para jubilados y beneficiarios de programas sociales. En la misma sesión, la Cámara alta sancionó el feriado del 17 de junio en conmemoración del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes.

El presidente de Diputados, Emilio Monzó, y su par del Senado, Gabriela Michetti, firmaron este mes la remoción del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, luego de que el juez Claudio Bonadio lo procesara por el presunto delito de falso testimonio.

Cambiemos también logró, tras dos intentos fallidos, aprobar la resolución para autorizar el allanamiento de las propiedades del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien se amparaba en sus fueros como diputado nacional. Fue una discusión acalorada, con cruces y hasta insultos.

JULIO. Un mes de escasa actividad en los recintos, habida cuenta del receso invernal. El Senado convirtió en ley dos proyectos consensuados que otorgan incentivos a las pequeñas y medianas empresas y al sector autopartista. Fue luego de que el arco opositor consiguiera aprobar cuatro proyectos de declaración y comunicación que instaban al Poder Ejecutivo a suspender los “tarifazos” en los servicios públicos.

Por otra parte, la Asamblea Legislativa sesionó en Tucumán para conmemorar el Bicentenario de la Independencia, con un homenaje histórico a sus próceres y la firma de una declaración conjunta.

AGOSTO. Tal como sucedió con la ley antidespidos, la oposición volvió a aunar esfuerzos en la Cámara de Diputados y el 10 de agosto reunió quórum sin la presencia de Cambiemos. El objetivo: aprobar una serie de proyecto para anular los tarifazos e interpelar al ministro de Energía, Juan José Aranguren. Apelando al reglamento, el oficialismo exigía una mayoría de dos tercios para avanzar con las iniciativas. La discusión reglamentaria duró aproximadamente dos horas, con acusaciones cruzadas y un desenlace con sabor a victoria para la oposición: no logró suspender los aumentos, pero consiguió que Cambiemos citara a Aranguren a un plenario de comisiones. Así fue, el 16 de agosto, día en que rindió cuentas por más de 10 horas ante las comisiones de Presupuesto, Obras Públicas, Energía y Obras Públicas. Allí, blindado frente a las críticas, responsabilizó a la herencia del kirchnerismo por los tarifazos y afirmó que la quita de subsidios fue “gradual”.

También en agosto, el Senado avaló los pliegos de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani como director y subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que habían sido impugnados por la Coalición Cívica de Elisa Carrió. Por otra parte, a fines de mes, un diputado nacional, Héctor Daer, se convertía en uno de los conductores de la CGT junto a Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid.

SEPTIEMBRE. El Congreso saldó una vieja deuda de la democracia y sancionó la Ley de Acceso a la Información Pública. El proyecto había sido enviado en abril, en medio del escándalo de los Panamá Papers, que copó las primeras planas de la Argentina y el mundo con el presidente Macri como uno de los involucrados. La sanción de la norma se demoró porque el Senado le introdujo modificaciones, que finalmente fueron rechazadas por la Cámara baja.

Antes, el primer día del mes, Diputados sancionó la “ley Cobos”, que tiene como fin el fomento a la adquisición de viviendas a través de un instrumento de ahorro, préstamo e inversión denominado “Unidades de Vivienda” (UVIs).

El tema de la seguridad también estuvo presente en septiembre, cuando el Senado aprobó por amplia mayoría el procedimiento para los casos de flagrancia. Con la ley, se busca resolver con mayor rapidez aquellos casos donde el delincuente es descubierto al momento de cometer el ilícito. En otro orden, la Cámara alta dio luz verde por unanimidad al proyecto que reduce la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los diarios y revistas, publicaciones periódicas, y ediciones periodísticas digitales de información en línea.

El 15 de septiembre, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, presentó su primer y último Presupuesto como ministro de Hacienda y Finanzas. “Está basado en la verdad”, resumía el funcionario. Semanas después comenzaba a discutirse en paralelo el límite a los “superpoderes” del jefe de Gabinete.

Otra de las figuras del mes fue Carrió, quien utilizó la Comisión de Relaciones Exteriores –la cual preside- para criticar el acuerdo con Gran Bretaña por la cuestión Malvinas. La diputada no sólo consiguió avanzar con una declaración al respecto –donde se reafirmó el rol del Congreso en la política exterior- sino que también citó al vicecanciller Carlos Foradori, quien fue puesto en aprietos por los miembros de la comisión. Casi tres meses después, el funcionario terminó renunciando.

OCTUBRE. Por unanimidad, Diputados aprobó la ampliación de la figura del arrepentido a los casos de corrupción y otros delitos. El Senado le había introducido cambios que fueron aceptados. La norma, promocionada por los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Germán Garavano, adquirió un significado especial en el contexto de las investigaciones sobre el empresario Lázaro Báez. La sesión se vio salpicada por una nueva edición de la marcha Ni Una Menos, con fuertes cruces en el recinto.

Buena parte del mes estuvo dedicada al desfile de funcionarios por la Comisión de Presupuesto de Diputados, una tradición que la mayoría kirchnerista había abandonado durante sus años de bonanza.

La madrugada del 20 de octubre, tras 11 horas de debate, Cambiemos conseguía aprobar el Diputados la reforma electoral. El proyecto que triunfó con 152 votos a favor y 75 en contra establecía la aplicación de la boleta electrónica en todo el país desde 2017. Durante la votación en particular, el oficialismo fracasaría en su intento de ponerle un “corralito” a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Tampoco avanzó la ampliación de la Cámara de Diputados, a pesar de intentos de negociación entre gallos y medianoches. En paralelo, el Senado daba media sanción a la paridad de género, para garantizar el 50% de representación femenina en los cargos nacionales electivos y partidarios. También convertía en ley por unanimidad la penalización del desvío de precursores químicos a la producción legal de estupefacientes.

Párrafo aparte merece el capítulo de la reforma del Ministerio Público. Tras largas y duras negociaciones, Diputados tenía todo listo para tratar el proyecto en la sesión del 25 de octubre, pero horas antes Carrió calentó la previa del debate con declaraciones explosivas: tildó al proyecto de “inconstitucional” y aseveró que, si el Gobierno pretendía deshacerse de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, debía impulsar su juicio político. Esos dichos despertaron malestar no sólo en Cambiemos, sino también en el Frente Renovador, que trabajó para consensuar el proyecto y aportar los votos. La reforma también sumó el rechazo de la Asociación de Magistrados y de familiares de víctimas de la AMIA. Finalmente, el oficialismo decidió bajar el proyecto del temario y la discusión no se retomó nunca más. Fue una de las grandes derrotas legislativas para el interbloque oficialista.

Otra de las escenas del mes mostró al Frente Renovador y el Frente para la Victoria votando juntos. ¿Cuál fue el motivo? La vuelta a comisión del proyecto de Participación Público Privada (PPP), con el que el Gobierno buscaba atraer inversiones extranjeras. Cambiemos habló de “deslealtad parlamentaria” por parte del massismo, con el que se habían acordado cambios. De todos modos, fue apenas un simple tropiezo: el proyecto terminó siendo aprobado el 2 de noviembre por amplia mayoría y con las modificaciones consensuadas. Dos semanas después, el Senado cerró con éxito el debate.

En octubre también hubo una sesión especial de Diputados con homenajes al cura Brochero –que fue canonizado-, y a Hipólito Yrigoyen en el centenario de su asunción como presidente. Asimismo, obtuvo luz verde el proyecto que declara “de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de los sujetos con Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA)”, más conocido como “ley de dislexia”. Otros de los proyectos aprobados este mes fueron el régimen de ejercicio de la abogacía y dos iniciativas del programa Justicia 2020.

NOVIEMBRE. En la primera sesión del mes, el Frente de Izquierda llevó al recinto el reclamo por al aumento “inconsulto” de las dietas legislativas, que había alcanzado el 47%. Si bien fracasó la moción para someter a votación la anulación del “dietazo”, el oficialismo quedó en jaque por el dichos del propio Macri, quien pidió a los legisladores “no pasarse de largo” con los incrementos. Así, durante la madrugada, Monzó anunció la decisión de suspender la suba en los gastos de representación, y abrir la discusión sobre los pasajes aéreos. Lo aplaudieron en todo el recinto.

El Senado aprobó la ley de nuevas Técnicas Especiales de Investigación (TEI), que creó las figuras de agente encubierto, agente revelador, informante y entrega vigilada, herramientas para ayudar a resolver los delitos complejos. Formaban parte del paquete presentado por la ministra Bullrich, que incluía además la figura del arrepentido para casos de corrupción, también aprobada.

En noviembre, Diputados dio media sanción a dos proyectos que quedaron pendientes en el Senado: la obligatoriedad de la sala de 3 años y la ley de fomento a emprendedores. Por otra parte, el Senado sancionó un régimen previsional excepcional para excombatientes de Malvinas, aunque uno de los artículos –el que garantizaba el cobro de dos jubilaciones mínimas- terminó siendo vetado por el presidente. Otro de los temas del mes fue, sin duda, la prohibición de carreras de galgos: galgueros y proteccionistas de animales se concentraron en las afueras del Congreso y calentaron el clima de la sesión en la Cámara baja, donde finalmente se votó por el sí.

Diputados de la oposición consiguieron colar en la agenda parlamentaria el tema del Cannabis medicinal, impulsado por familiares de pacientes. El proyecto que resultó vencedor en comisiones no autorizaba el autocultivo, pero sí obligaba al Estado a proveer el aceite cannábico para atender ciertas enfermedades. En el recinto, ese texto cosechó 221 votos a favor, ninguno en contra y una sola abstención, del salteño Alfredo Olmedo. Pero el Senado pateó el debate para 2017.

También quedó a medio camino la regulación de la pauta oficial, que por primera vez tuvo un avance concreto en el Congreso. En el Senado se aprobó con 51 adhesiones y 8 rechazos un proyecto para fijar una serie de criterios objetivos de distribución de la pauta. Falta que Diputados dé el último paso. En sentido inverso, quedaron truncos en el Senado los proyectos para terminar con la “puerta giratoria” para los delincuentes y fortalecer el rol de las víctimas en el proceso penal. Dos iniciativas de Massa, que quedaron para el año que viene. Lo mismo sucedió con un régimen de traspaso de mando, promovido por el Poder Ejecutivo después de la mala experiencia de la última transición de gobierno.

El 24 de noviembre, una reunión de gobernadores peronistas con los senadores del Frente para la Victoria terminó por poner un freno a la reforma electoral, en un duro golpe para Cambiemos. En el bloque de Miguel Pichetto había posiciones encontradas en torno a la boleta electrónica y la posibilidad de eliminar el famoso “chip”, alentada por Juan Manuel Abal Medina y Omar Perotti. Fue el fin de una prolongada discusión en la Comisión de Asuntos Constitucionales, por donde pasaron representantes de partidos políticos, del Poder Judicial, de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y del mundo informático.

El último día del período ordinario, el Senado dio luz verde al primer Presupuesto de la era Macri. Los principales cambios ya habían sido acordados en Diputados: el más importante fue una partida adicional de 5.000 millones de pesos para las provincias, canalizados por el denominado como “Fondo Sojero”. El kirchnerismo duro encabezó el rechazo del proyecto, aprobado por abrumadora mayoría -59 votos contra 8-. Desde la presentación del proyecto, el debate duró en total casi 11 semanas: un verdadero golpe de timón en el tratamiento de la “ley de leyes”. Se sancionó en paralelo la restricción a los superpoderes.

A contrarreloj por el vencimiento del período ordinario, el Senado también avanzó con la ley de protección de humedales y la expropiación del hotel Bauen. El primer proyecto fue girado a Diputados para su sanción definitiva, mientras que el segundo no pasó la barrera del Poder Ejecutivo: fue vetado.

DICIEMBRE. Un mes dedicado enteramente a la reforma del impuesto a las Ganancias, anunciada casi una veintena de veces por el Gobierno a lo largo del año. Tanto se retrasó el envío del proyecto, que Massa se adelantó con una jugada y no sólo presentó su propio proyecto, sino que convocó a una sesión especial para tratarlo el 24 de noviembre, a sabiendas de que no alcanzaba los dos tercios necesarios para tratar el tema sobre tablas. Finalmente, el día anterior a la convocatoria, el Gobierno cerró un acuerdo con movimientos sociales que hizo caer la sesión: se logró consensuar un nuevo proyecto de Emergencia Social, y, a la vez, el Ejecutivo se comprometió a debatir Ganancias en extraordinarias, con el proyecto oficial sobre la mesa. Así fue como se inició una penetrante discusión en Diputados que terminó con un miércoles negro para Cambiemos: la oposición consiguió unificar un proyecto con un costo fiscal dudoso y nuevos impuestos al juego y la renta financiera, entre otros puntos destacados. Tras un debate que se desarrolló más en los pasillos que en el recinto, la oposición se anotó una importante victoria y se instaló fuerte la foto de Massa votando junto al kirchnerismo. En el Senado, los gobernadores consiguieron frenar la iniciativa con un reclamo canalizado por el bloque peronista para convocar a un diálogo multisectorial. Así, el Gobierno recibió primero a la CGT, luego a los mandatarios provinciales y por último, se reunió con legisladores. El resultado fue un proyecto intermedio entre las pretensiones originales del Ejecutivo y la media sanción de la oposición. El 21 de diciembre se aprobó esa propuesta en el Senado, y Diputados cerró el segundo capítulo con éxito: el tablero marcó 167 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, con las bancas vacías del FpV.

La Emergencia Social fue el otro de los temas urticantes del mes. El reclamo se había gestado durante la marcha de San Cayetano, el 7 de agosto, y fue receptado por legisladores de la mayoría de los bloques de la oposición. El clímax se produjo con la multitudinaria movilización del 18 de noviembre, encabezada por la CGT. Finalmente, el Gobierno se comprometió a reasignar partidas por 30 mil millones de pesos para cumplir con las exigencias de Barrios de Pie, la Corrientes Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). El proyecto vio la luz en el Senado el 14 de diciembre, por unanimidad.

Las otras discusiones que se dieron en diciembre fueron por el nuevo régimen de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), aprobado en el Senado con la venia de la CGT; y el decreto que incluyó en el blanqueo de capitales a familiares de funcionarios, que obtuvo dictamen de mayoría en comisión pero no pudo ser tratado en el recinto.