La gobernadora María Eugenia Vidal, vetó un artículo del Presupuesto General de Gastos y Recursos 2017 que daba participación a una comisión bicameral de la Legislatura bonaerense en la adjudicación de obras, con lo cual concentró en el Ministerio de Infraestructura el destino de los 8.500 millones de pesos del Fondo de Infraestructura.

Se trata del inciso 1° del artículo 45 del Presupuesto, que facultaba a la Comisión Bicameral de Seguimiento del Fondo de Infraestructura a opinar sobre las prioridades de obras previstas para las comunas, e incluso la habilitaba a recomendar la realización de determinados trabajos.

Durante la negociación por el Presupuesto, el oficialismo había accedido a la creación del Fondo de 8.500 millones de pesos, no vinculado directamente con el endeudamiento, tal la versión del Fondo de Infraestructura del 2016, para entre otras obras, financiar proyectos de los gobiernos locales. La idea de no vincular el Fondo al endeudamiento fue impuesto por los opositores que aducían cierta suspicacia del oficialismo, pues algunas partidas se retrasaron en 2016 con el argumento que no estaba tomado el endeudamiento correspondiente.

En la negociación, los opositores limitaron la “decisión discrecional” que adjudicaban al oficialismo en el manejo de los recursos y crearon una “comisión bicameral de seguimiento” de ambos fondos, del correspondiente al año 2016 y 2017.

Entre otras atribuciones, los legisladores acordaron que la Comisión podía “asesorar y dictaminar previamente respecto a las prioridades previstas en los respectivos planes de obras, practicando las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinente”, y aquí es donde recayó el veto parcial de Vidal.

También consignaron que la Comisión podía “requerir, en caso de que se considere pertinente, la presencia de funcionarios Provinciales o Municipales en virtud de poder dar efectivo cumplimiento” a los planes de obras.

Al mismo tiempo, los legisladores se garantizaron cierta presencia mayoritaria de oposición en la integración de la Comisión Especial, pues dispusieron que fuera compuesta por “cuatro senadores y cuatro diputados, siendo ellos los presidentes de los cuatro bloques políticos mayoritarios de cada una de las cámaras”. En la práctica significaba dos legisladores de Cambiemos y el Frente Renovador y cuatro del FpV-PJ, en sus distintas variables.

La observación parcial y la promulgación del Presupuesto con esta modificación, generará seguramente la reacción de la oposición. La decisión de Vidal fue oficializada a través del decreto 2.102, publicado en la última edición del Boletín Oficial de 2016, el 30 de diciembre pasado.

En la fundamentación del veto, se consideró que “le corresponde a las áreas técnicas” del Ministerio de Infraestructura “todo lo inherente a las obras públicas de vivienda, hidráulicas, viales, de transporte, sobre la costa y proyectos para apertura y conservación de las vías navegables y, finalmente, su mantenimiento”, atribuciones que, de acuerdo con la interpretación oficial, habían sido atribuidas a la bicameral. El Ejecutivo precisó además que “la objeción planteada no altera la aplicabilidad, ni va en detrimento de la unidad de la ley”.