Fue por orden del juez Bonadio, en el marco de la investigación por supuesto lavado de dinero que involucra a la familia Kirchner.
La inmobiliaria del diputado nacional Máximo Kirchner, “Sanfelice Sancho & Asociados”, fue allanada este viernes por orden del juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la causa por presunto lavado de dinero conocida como “Los Sauces”.
El allanamiento que se realizó en la inmobiliaria ubicada en la Ciudad de Río Gallegos fue con el fin de buscar documentación vinculada a la investigación sobre la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo.
Desde la mañana los efectivos se presentaron en la inmobiliaria ubicada sobre la calle Néstor Kirchner 496 y también un segundo operativo en Maipú 2200, de Río Gallegos, donde se encuentra la sede de Negocios Patagónicos, también del empresario Osvaldo Sanfelice, socio inmobiliario de Máximo Kirchner en la ciudad.
Bonadio buscaba acceder a documentos, comprobantes y libros contables referidos a dos sociedades supuestamente vinculadas a la familia Kirchner.
El allanamiento sobre la inmobiliaria “Sanfelice Sancho & Asociados” fue clave pues es la que lleva adelante la administración de varias propiedades atribuidas a los Kirchner: los efectivos de la Policía Federal se llevaron varias cajas con documentación del lugar.
En la causa se investigan supuestas maniobras de lavado de dinero y el presunto enriquecimiento de la expresidenta a raíz de esos negocios sospechados de ilegalidad.
La investigación apunta al presunto retorno de dinero por parte de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López a través de alquileres de complejos habitacionales que pertenecen a los Kirchner, y a través de la sociedad Los Sauces que integran Cristina y Máximo.
El pasado 15 de diciembre Bonadio había dispuesto la intervención por seis meses de la sociedad Los Sauces y también sobre los bienes de la sucesión del expresidente Néstor Kirchner.
Bonadio consideró clave la información sobre “el entrecruzamiento comercial, financiero y jurídico entre los imputados o sus sociedades”, donde -advirtió- se podrían descubrir “actos de lavado de activos de origen ilícito”.
