Las elecciones de octubre de 2015 le dejaron al gobierno elegido finalmente en el balotaje de noviembre un Congreso empinado con el que debió lidiar durante todo su primer año de gestión, y que no cambiará mayormente cualquiera sea el resultado de 2017. Pero también le deparó a Cambiemos una situación tan inédita en esta democracia como el panorama parlamentario que acabamos de citar: por primera vez la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y el territorio bonaerense son gobernados por el mismo color político. Tomando a la Ciudad Autónoma como tal, ya que cuando antes de la reforma constitucional era la Capital Federal, su administrador era un delegado elegido por el presidente de turno.

También se da en este tiempo una particularidad notoria: por primera vez en mucho tiempo el gobierno nacional y el bonaerense no solo son del mismo signo, sino también sintonizan la misma frecuencia; una obviedad que hasta ahora no se había cumplido. Ergo, a la Nación le interesa sobremanera que al gobierno provincial le vaya muy bien; de hecho, no es exagerado decir que juega ahí su destino.

Lo sabe la oposición, que puso el grito en el cielo el año pasado cuando a través de un DNU el Presidente le otorgó fondos especiales a la Ciudad de Buenos Aires para atender los gastos de la cesión de parte de la Policía Federal. Y estaban muy atentos a lo que cualquier beneficio extra que pudiera darle a María Eugenia Vidal. Era cuestión de esperar y esta última semana se conoció la asistencia especial de 25.000 millones de pesos, que en realidad se había otorgado los últimos días del año pasado, entre una fiesta y la otra.

Entre los reclamos más estridentes estuvo el gobernador Mario Das Neves, que ya se había hecho notar semanas atrás, cuando fue una de las voces más críticas entre los gobernadores por el tema Ganancias, en favor del proyecto aprobado por la oposición en Diputados. Hasta entonces el chubutense había sido, sino un aliado firme, un mandatario provincial cercano al gobierno. Hasta que Mauricio Macri decidió eliminar el sistema de rembolsos para puertos patagónicos. Ahí se acabó el idilio, y ahora el chubutense fue el primer gobernador en condenar el auxilio nacional a la Provincia, que anticipó generará “un descalabro”. Y advirtió: “No empecemos el año así porque nos vamos a enfrentar mal”.

El Gobierno tratará de recomponer la relación con Das Neves, como suele hacer ante cada cortocircuito, pero lo cierto es que en la práctica ya no cuenta con los legisladores que le responden, tres diputados y un senador, todos más cercanos a los intereses de Sergio Massa, quien ya se sabe que este año jugará un juego muy particular, conforme se aproxime la competencia electoral. Además, como recordó un funcionario en la desolada Casa Rosada ante quien esto escribe, la provincia de Das Neves está entre aquellas que reciben “privilegios” a costa de los habitantes de toda la Nación, que deben pagar combustibles que siguen subiendo cuando en el resto del mundo bajan, solo para posibilitar mantener los beneficios de las empresas del sector y las provincias petroleras.

Pensando en las elecciones de medio término, el Presidente ha prometido que este año inaugurará una obra por día. No está claro a partir de cuando, pero sí que la provincia de Buenos Aires será el territorio donde más cintas piensan cortar. En ese sentido apuntó el veto de Vidal a la comisión bicameral que debía controlar los fondos para obras, una decisión que pone en riesgo la relación con la oposición bonaerense, pero que debió aplicar a sabiendas de que el plan de obras corría serios riesgos de avanzar al ritmo que imponen las necesidades electorales, con la oposición incidiendo en el tema. Recordemos que según lo acordado, en esa comisión de ocho legisladores Cambiemos solo iba a tener dos, otros tantos el Frente Renovador y cuatro el resto del peronismo en sus distintas vertientes. Está claro que las prevenciones oficialistas no eran infundadas.

Que la provincia más importante del país es inviable lo dicen oficialistas y opositores y no ahora, sino desde hace años. La situación debería corregirse con un nuevo régimen de coparticipación federal que es uno de los mandatos incumplidos de la Constitución de 1994. La cláusula sexta de las disposiciones transitorias establece que el nuevo régimen debería ser establecido “antes de la finalización del año 1996”. El año pasado esa mora cumplió 20 años, nada menos. Y nunca se llevará adelante pues ninguna provincia quiere resignar recursos en función de una reconsideración del reparto que otorgue más dinero a los distritos que más recursos generan. Lo tenía claro la propia María Eugenia Vidal aun antes de ser electa. Entrevistada para días antes de las PASO, la entonces candidata descartó que la provincia fuera “inviable”.

“Y si no es con una nueva Coparticipación, que nunca se va a hacer, ¿cómo puede evitar ser tan dependiente del poder central?”, preguntó quien esto escribe, a lo que Vidal respondió: “Volviendo a discutir el 75% de los recursos que no se coparticipan. Porque siempre estamos discutiendo sobre una torta chica, en lugar de discutir sobre el resto de los recursos que la Nación distribuye de manera discrecional. Con que solo los distribuya de manera equitativa y le de a la Provincia el peso que tiene, podría estar mejor”, fue la respuesta de quien entonces muchos llamaban “Heidi”.

En la necesidad de conseguir recursos, Vidal apuntó promediando 2016 a lograr una recomposición del Fondo del Conurbano, para lo cual concurrió dos veces al Congreso y se reunió con diputados y senadores bonaerenses de todos los sectores. Pero la movida no prosperó y terminó acudiendo a la Corte Suprema, presentando una demanda contra el Estado nacional para recuperar la totalidad del Fondo del Conurbano y el retroactivo de los últimos 5 años. El máximo tribunal aceptó hace pocas semanas tratar la causa, a través de la cual la Provincia podría recuperar unos 300.000 millones de pesos. Pero el trámite llevará su tiempo.

El FCB fue creado en 1992, con el objeto de devolverle a Buenos Aires los 8 puntos de coparticipación que había perdido en los 80. Había sido, en rigor, la condición que le puso el entonces vicepresidente Eduardo Duhalde a Carlos Menem para ser candidato a gobernador en 1991. No se recuerdan protestas de gobernadores peronistas de ese entonces.

La Ley 24.073 que creó el Fondo estableció que estuviera compuesto por el 10% de la recaudación del impuesto a las Ganancias. Pero cuando Duhalde decidió enfrentar los deseos de re-reelección de su excompañero de fórmula, el riojano congeló esa cifra poniéndole un tope nominal al Fondo del Conurbano de 650 millones de pesos, a través de la Ley 24.621. El excedente de recursos sobre dicho tope sería repartido entre las demás provincias, según los coeficientes de distribución secundaria de la Ley de Coparticipación.

Fue Menem y no Néstor Kirchner -como han repetido muchos estos días- el que le puso tope al FCB, pero fue la inflación de la era kirchnerista la que licuó los que en su momento fueron -convertibilidad mediante- 650 millones de dólares. Los Kirchner no hicieron nada por mejorar esa cifra; por el contrario, prefirieron establecer una relación directa con los municipios, sin pasar por el gobernador. Ese era el modelo K.

Aceptando una inflación del 35% durante 2016, el economista Orlando Ferreres advierte que la recaudación del impuesto a las Ganancias se ubicaría en los 514.000 millones. Si se volviera al coeficiente establecido originalmente del 10% sobre esa recaudación, la provincia de Buenos Aires debería recibir $51.000 millones: 78 veces más que lo que le dio el gobierno anterior, detalla Ferreres para graficar el nivel de distorsiones que se han creado en el país. Por eso es que Vidal recuerda que los 25.000 millones que está recibiendo de la Nación son solo la mitad de lo que debería corresponderle a su distrito.

En este marco, el jefe del bloque PJ-FpV del Senado, Miguel Pichetto, alertó sobre “la preocupación de los gobernadores” por el impacto que la medida podría tener en las finanzas provinciales. Teléfono para el gobierno: negociar leyes podría complicarse más este año. Lo sabe el gobierno, que considera que no hay nada relevante que vaya a necesitar del Parlamento hasta las elecciones. Por eso hace anuncios como la reforma penal juvenil y la del Código Penal, pero solo para debatir fuera del Congreso, y habilitar el debate allí de esos temas recién en 2018.