Parece el guión de una mala película, cuyo nombre bien podría ser “Brian vs. Brian”. La historia de dos menores de casi la misma edad, casi vecinos, protagonistas de vidas totalmente distintas. En un giro dramático, uno de ellos -aquel que tiene un futuro hipotecado- mata al otro -el de la mejor vida por delante-. En vísperas del desenlace, los padres de la víctima llaman al juez a la reflexión y le piden que mantenga preso al Brian asesino, pero en un final imprevisible, el chico malo queda libre y se va escoltado al exterior. Final triste.

Más triste es que la historia sea real; y la impotencia de los padres que vieron cómo fue desoído el único pedido que hicieron cuando su tragedia ya no tenía remedio. ¿Pero había otra alternativa, o sólo se aceleró lo inevitable? La inexistencia de un Régimen Penal Juvenil crea un vacío legal que hace que los menores que matan queden librados a la decisión del juez todopoderoso. Es una realidad que subsiste desde la época del Proceso y que hasta el kirchnerismo intentó cambiar, aunque no pudo, o no quiso.

El crimen de Brian a manos de un homónimo de casi su misma edad fue el disparador de la decisión del gobierno de impulsar el debate de esa norma, que se inició esta última semana con la presencia de tres ministros -el de Justicia y la de Seguridad de la Nación, y el de Justicia bonaerense- y representantes legislativos del oficialismo y la oposición. Atinadamente el gobierno sugirió dedicar los próximos meses a la elaboración de un anteproyecto, y dejar para después de las elecciones el trámite parlamentario. La movida tuvo su trasfondo político: fue una rápida respuesta a un debate que periódicamente se reactiva y que este caso pondría en primer plano, como son los menores que delinquen, pero que engloba en su totalidad al drama de la inseguridad. Ahí aparecen las elecciones legislativas como trasfondo, y en ese contexto surge la figura de Sergio Massa, siempre dispuesto a tomar ventaja con temas de impacto social.

Como botón de muestra tiene a mano el gobierno lo que pasó en 2014 cuando Cristina Kirchner impulsó una reforma del Código Penal, a través de una comisión que encabezó Raúl Zaffaroni y en la que el PRO estuvo representado por Federico Pinedo. Massa inició entonces su campaña electoral con el rechazo a esa reforma del Código como caballito de batalla. Es curioso: muchos insisten en adjudicarle al tigrense haber “frenado” la re-reelección de CFK, aunque la comprobación de ese mérito es contrafáctica; pero lo que sí hay que reconocerle sin dudar es haber volteado el Código Penal de Cristina/Zaffaroni.

Al “primerear” el gobierno de Macri con ese tema, le sacó al Frente Renovador un elemento que en cualquier momento enarbolaría para hacer campaña, incomodando de paso la relación entre el tigrense y Margarita Stolbizer, que precisamente fue la primera voz que salió al cruce de la propuesta oficial. Al día siguiente, ambos aliados salieron a aunar criterios a través de un comunicado conjunto en el que el renovador se definió como “el primero en plantear la necesidad de la baja de la edad de imputabilidad”, agradeciéndole al gobierno “que tome nuestra iniciativa para empezar a resolver este flagelo”. Reiteró así la tendencia kirchnerista de mostrarse fundacional en todos los temas, probable herencia de su década en el Frente para la Victoria.

No obstante acordó con la líder del GEN manifestarse ambos “convencidos de que la baja de edad sola es, sin duda, un golpe de efecto que no resuelve el problema”. Para cerrar ese resquicio, durante la primera jornada de debate con especialistas se acordó dejar para el final la discusión sobre la edad de imputabilidad. Previamente el ministro Germán Garavano había recibido al senador Miguel Pichetto, quien también dejó claro que el debate debe exceder a la baja de edad de imputabilidad. Y está dicho que el rionegrino es en el Parlamento la llave de todas las leyes. Recordemos que tras meses de debate el Senado logró en 2009 aprobar un Régimen Penal Juvenil que luego fue “cajoneado” en Diputados.

No trascendió qué otros temas de la agenda legislativa trataron Pichetto y Garavano. ¿Acaso se filtró también un endurecimiento en las leyes migratorias, como en su momento sugirió el rionegrino?

Pero atento a la manera como la cuestión electoral incidirá en el Parlamento, el gobierno no está pensando en las leyes que impulsará allí; más bien todo lo contrario: tal cual Emilio Monzó ha anticipado, el oficialismo está más preocupado por resistir allí lo que intente imponer la oposición, que en sugerir proyectos propios con la actual conformación parlamentaria. De ahí que el Presidente esté inclinado por imponer todo lo que pueda por la vía del decreto, o bien explorar caminos como el recorrido con los petroleros para explotar Vaca Muerta, que le permitieron anunciar exultante un acuerdo que quiere poner como ejemplo ante otros sindicalistas con los que mantiene buen diálogo, pero que muestran resistencias a los cambios, conforme el ADN del sindicalismo argentino. Mauricio Macri rescata la figura del senador Guillermo Pereyra, secretario general del gremio petrolero de Río Negro, Neuquén y La Pampa, con el que forjó una muy buena relación, que incluyó numerosos encuentros privados a lo largo del último año.

La presencia del Gabinete en la presentación del acuerdo por Vaca Muerta, primero, y luego con la jura de los ministros de Hacienda y de Finanzas, al regreso de las vacaciones presidenciales, sirvió para ratificar a dos ministros cuestionados, Jorge Lemus en Salud y Sergio Bergman en Ambiente. Al primero se le adjudica una suerte de deuda de gratitud de parte del hoy presidente, de cuando en su casamiento con Juliana Awada le salvó la vida cuando lo ahogaba el bigote de cotillón que se había tragado. Hay quienes sostienen que esa deuda habría quedado saldada al cabo de la gestión en la Ciudad. Precisamente promediando la misma se habría desactivado el despido de Lemus luego del encendido elogio que en un acto público le dedicó un funcionario de Cristina Kirchner que había sido discípulo suyo.

En el caso de Bergman, no hay quien no se haya sorprendido por su designación al frente de Ambiente y Desarrollo Sustentable, comenzando por el propio rabino, que ha prometido no dar más vuelo a sus reflexiones filosóficas cuando lo entrevisten. Rindió examen el miércoles pasado al ser reporteado en el canal TN, y allí mismo admitió esa premisa.

Sus críticos dentro del oficialismo recuerdan que ya en su momento sorprendió que Macri lo pusiera al frente de la lista para legisladores porteños en 2011, y que insistiera encaramándolo en la de diputados nacionales por la Ciudad dos años después. En ambos mandatos, su gestión fue apenas mediocre. En su caso, esas designaciones fueron atribuidas a algo más que “deudas de gratitud”.

Pero el funcionario que quedó en situación más incómoda esta semana no fue un ministro, sino el Señor 5: Gustavo Arribas, amigo personal del Presidente y titular nada menos que de la Agencia Federal de Inteligencia. Sin antecedentes en esa área y con un pasado como intermediario futbolístico que inevitablemente lo emparenta con un mundo poco cristalino, Arribas aparece mencionado en el supuesto pago de sobornos del gigante brasileño Odebrecht. Llamó la atención que el gobierno no reaccionara ante tal imputación como lo hizo en el caso de Juan José Gómez Centurión, apartado de la Aduana hasta que se aclaró su situación. La persistencia de Mauricio Macri en sostenerlo incomoda sobre todo a los socios de Cambiemos, donde radicales y lilitos no han ocultado su preocupación sobre el tema, y prometen redoblar acciones para forzar que se aclare la situación del amigo de Macri.

En materia económica, se conocieron los datos de inflación del último mes del primer año de Cambiemos. La mitad del vaso vacío muestra un costo de vida anual superior al 40%, que casi duplica a lo previsto oficialmente; la mitad llena habla del diciembre de más baja inflación en años, que confirma una tendencia decreciente. La mirada optimista destaca la menor variación en alimentos y bebidas, y anticipan que más allá de los incrementos tarifarios que se anuncian, el indicador interanual irá derrumbándose a medida que vayan comparándose los datos mensuales con los de 2016, acercándose cada vez más al porcentaje del 20% que desea el gobierno para este 2017.