Hace exactamente dos años, el país se conmovía ante la noticia de la muerte del fiscal Alberto Nisman. A horas de fundamentar ante diputados su denuncia contra la presidenta Cristina Kirchner. Cómo fueron los frenéticos cuatro días previos.
Por José Angel Di Mauro
Fue, por lejos, el suceso más conmocionante en años. De hecho, uno de los pocos diarios porteños que reprodujo la noticia en una edición publicada muy avanzada la madrugada, sintetizó la situación con este título: “Conmoción política”.
“Encuentran muerto al fiscal Nisman”, complementaba el anuncio.
El hombre que apenas cuatro días antes había acusado a la Presidenta de la Nación de encubrir a Irán por el atentado contra la AMIA, había sido hallado sin vida en su departamento de Puerto Madero. En la tarde del lunes en que se conoció la noticia, el fiscal debía presentarse ante una comisión del Congreso para dar detalles de la denuncia que él mismo había hecho estallar como una bomba.
Tal anuncio, al que hay que remontarse para tomar dimensión de los hechos, fue formulado el 14 de enero de 2015. Ese día, el fiscal especial para el caso AMIA denunciaba a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; al canciller Héctor Timerman; al diputado nacional y secretario general de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque; al dirigente Luis D’Elía y al líder de Quebracho, Fernando Esteche. La acusación era demasiado pesada: “Decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA con el propósito de fabricar la inocencia de Irán” en la investigación por el atentado perpetrado en Buenos Aires en 1994. La presentación incluía un pedido de indagatoria a la jefa de Estado y un embargo de 200 millones de pesos. Quedó radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo.
El texto de la denuncia expresaba que el gobierno había ideado un “sofisticado plan delictivo” destinado a favorecer a Irán y desvincular definitivamente a los sospechosos buscados por la Justicia argentina.
El fiscal decía creer que la maniobra había comenzado dos años antes de que el Congreso ratificara el Memorando de Entendimiento con Teherán en 2013, y acompañaba su extensa presentación con escuchas telefónicas que involucraban a los protagonistas del complejo tratado, en las que había contactos que se habían mantenido nada menos que con Mohsen Rabbani, uno de los máximos acusados por el ataque terrorista.
Según Nisman, las instrucciones partían de la propia Presidente, quien instruía a Larroque, que a su vez daba indicaciones a D’Elía y Esteche. Por parte del Estado religioso, el vínculo en la Argentina sería un representante iraní sin cargo diplomático: Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil.
Nisman atribuía la concreción del pacto a factores estrictamente económicos. A su juicio, Argentina -necesitada de energía- negociaría con Irán impunidad a cambio de “granos y carne”. Sin embargo, para poder cumplir con este acuerdo se necesitaría algo más: garantizar la caída de las circulares rojas que pesaban sobre varios funcionarios del régimen iraní, hecho que no había ocurrido.
En una de las escuchas, Khalil señalaba: “Los tipos quieren restablecer relaciones, que lo van a hacer multidimensionalmente eso. A nivel gobierno, te digo, a nivel Estado… lo que tiene que ver con establecer relaciones entre los dos Estados (…) El tema que necesita Argentina es petróleo… hay un verdadero interés en empezar y entablar las relaciones comerciales de gobierno a gobierno”. Esos dichos correspondían a mayo de 2013.
En otra conversación que involucraba a D’Elía, el expiquetero afirmaba: “Ahí hablé con Julio (De Vido), acá hay urgencia energética (…) Ellos están dispuestos a mandar a la gente de YPF con nosotros a hacer negocios allá. Está muy interesado en cambiar lo de aquellos por granos y carne. La reunión fue porque la pidió la jefe, ¡eh!… Estamos al más alto nivel”.
La reacción de la oposición fue convocar al fiscal al Congreso para dar detalles de semejante denuncia. El jefe de los diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, fue el primero en hacerlo, dada “la importancia de los denunciados”. El cordobés advirtió entonces que “este gobierno tenía y tiene un problema energético gravísimo; y la hipótesis de un negocio sobre ello, lo dijimos, siempre había estado presente en nuestro análisis”.
Por la Coalición Cívica, la diputada Elisa Carrió y el diputado Fernando Sánchez exigieron la nulidad del memorando y reiteraron el pedido de juicio político contra Cristina y Timerman.
Desde Unión PRO, las diputadas nacionales Laura Alonso y Patricia Bullrich anticiparon la presentación de una ampliación del pedido de juicio político contra Timerman, y el desafuero del diputado Larroque. Más tarde confirmaron que el fiscal concurriría el lunes venidero a las 15 a la Comisión de Legislación Penal, para fundamentar su denuncia.
El primer rechazo a la acusación vino de parte del jefe del bloque de senadores del FpV, Miguel Pichetto, quien calificó a la denuncia de “demencial”. Para el rionegrino, “imputar de encubrimiento por sus acciones como presidenta de la Nación por la firma de un acuerdo y por la búsqueda de la verdad, no puede en absoluto ser interpretado como encubrimiento”. Desde Diputados, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Guillermo Carmona, calificaba de “escandalosa” la decisión de Nisman, que encerraba a su juicio “una grosería judicial que acompaña una campaña armada desde la corporación judicial”. Y mientras para Margarita Stolbizer se trataba del “mayor escándalo desde la recuperación democrática”, Héctor Recalde calificaba la denuncia como “vergüenza, mentira y daño institucional”.
Si bien en un primer momento el oficialismo había dejado entrever que no asistirían a la reunión de comisión -Diana Conti dijo que no le veía “mucho sentido” al encuentro, al que definió como “una convocatoria política” a la que entendía que no debían convalidar-, al día siguiente cambiaron de táctica, claramente a instancias de Cristina Kirchner. La diputada Diana Conti, vicepresidenta de la Comisión de Legislación Penal, dio cuenta del cambio de postura al anunciar que “el lunes vamos a salir con los tapones de punta contra Nisman. Vamos a correr el velo de la mentira”.
Entrevistada por radio La Red, Conti sugería que Nisman deseaba “ser corrido de la fiscalía AMIA, por eso denunció a la Presidenta”, para luego señalar con ironía: “Le decimos a la hija de Nisman que se quede tranquila, que no vamos a agredir ni a insultar a su papá”.
El entonces secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, era de los más críticos con Nisman, y sugería que el lunes “veremos qué es lo que tiene para mostrarle a los argentinos como para llamar a indagatoria a la Presidenta”. Vaticinaba que cuando presentara lo que tenía “se van a agarrar la cabeza” y le restaba valor a la denuncia con el argumento de que al no ser las pruebas “suficientes ni serias”, la jueza Servini de Cubría no había concedido la habilitación de la feria para tratarla.
El sábado 17 de enero, el oficialismo insistía en presionar porque la reunión con los diputados fuera pública, cosa que rechazaba de plano la presidenta de la comisión, Patricia Bullrich, por la información que allí se revelaría. En caso de que así no pudiera hacerse, se negociaría que al menos una parte fuera a puertas cerradas. De por sí, había invitado a los 30 integrantes de la comisión por correo electrónico, como así también a los titulares de la DAIA y la AMIA, junto a otros miembros de la comunidad judía. Margarita Stolbizer sugería que asistieran también la Presidenta de la Nación y el canciller Timerman, pero el que sí anticipaba que iba a estar era Fernando Esteche.
Los diputados del oficialismo anticipaban que no irían a escuchar, sino a hacer preguntas, y se sabía que la Cancillería les suministraría documentación para que pudieran manejarse durante el encuentro. Pero la polémica rondó todo el fin de semana en torno al carácter público o secreto de la reunión. Patricia Bullrich mantenía la decisión de que fuera a puertas cerradas, porque así lo había pedido el fiscal que consideraba “que el informe que va a brindar contiene información sensible, que él no quiere que pueda ser editada”.
“Yo convoqué al fiscal y confirmé con él la forma de exposición. Las condiciones de la reunión las pongo yo”, dijo terminante.
Pero el kirchnerismo insistía en que el encuentro sería “abierto” y lo dejaba claro en un comunicado en el que anticipaba que participarían de la “reunión informal convocada por la diputada del PRO Patricia Bullich”, y aclaraba que “este encuentro es público por su carácter informal y por estar en época de receso”.
“El Frente para la Victoria está desesperado por hacer estallar la presencia del fiscal Nisman que solicitamos ni bien se produjeron sus denuncias”, señalaba Mario Negri, advirtiendo que “no vamos a permitir que lo logren, por más que amenacen e insulten”. Agregaba que “acusan a opositores de montar un circo político y son ellos los que piden reunión pública y televisada (…) Si no quieren, que no vayan; no son los que la convocaron y no es una reunión formal de la Comisión. Esperamos que el fiscal contribuya a la verdad, es su responsabilidad si no lo logra, y si lo hace el que estará en grave problema es el gobierno, por eso reitero, no vamos a permitir ni patoteadas ni agresiones, buscamos la verdad”.
En la noche de ese domingo 18 de enero, comenzaron a circular a través de las redes sociales datos inquietantes en torno a lo que ocurría en el departamento de Nisman, a partir de un tuit del periodista Damián Pachter. Pasada la medianoche, ya había trascendido el supuesto “suicidio” del fiscal. La inquietante información fue adquiriendo ribetes verosímiles a medida que fuentes confiables iban dándole crédito a las versiones. Lo primero que pudo confirmarse fue la participación de personal de Gendarmería en el operativo, y al verificarse la presencia en el lugar del secretario de Seguridad, Sergio Berni, la especie tomó mayor vuelo.
Pasadas las 2 de la madrugada, parlamentario.com pudo confirmar de fuentes de Gendarmería que esa fuerza ya no estaba a cargo del tema, pero se admitía que “el incidente” había sucedido “en Le Parc”, que allí vivía Alberto Nisman y que el fiscal era la persona involucrada. Recién minutos después de las 3 de la madrugada fue confirmada oficialmente por el juez interviniente, Manuel de Campos, la muerte del fiscal.
El grueso de la gente se encontraría al despertarse con la conmocionante noticia.
