Milagro Sala no está siendo investigada por sus opiniones políticas. Tiene el más absoluto derecho de decir lo que quiera. Lo que es objeto de los procesos judiciales que se le siguen es la comisión de hechos delictivos. Son varios, abarcan diversos artículos del Código Penal, pero todos son manifestaciones del empleo arbitrario de fondos públicos en su provecho y de la fracción que lidera, y del uso de la violencia como herramienta de construcción política.

No hay ningún elemento que indique que no se respeta en su caso el debido proceso. Lo que cuestionan algunos sectores es que se la prive de la libertad mientras se sustancian las causas. Pero, si bien la libertad es la regla hasta la existencia de condena, los ordenamientos procesales prevén la atribución de los jueces de denegarla en ciertos supuestos. Es lo que ha ocurrido en el caso de Sala, porque -por muy fundadas razones- se presume que, como cabeza del Estado paralelo que edificó en estos años, podría obstaculizar la obtención de pruebas.

La conductora de la Tupac Amarú centró su defensa en motivos políticos, no jurídicos. En lugar de rebatir los cargos en su contra, se limitó a sostener que es una perseguida política. Así no se cansó de decir que la procesaban por ser “negra” y defender al pueblo contra los villanos que lo quieren oprimir. Supongamos que es la persona mejor intencionada del mundo y que sus adversarios son perversos:

¿eso le da derecho a violar la ley a gran escala? Para ella, para el kirchnerismo y para la izquierda populista latinoamericana, sí. No importan los medios, sino los fines. Lo que sería intolerable en un dirigente de centro o de centro derecha, es admisible en Sala, que representa al “pueblo” contra el “neoliberalismo”.

La misma defensa política ensaya Cristina Kirchner. Al ser procesada por asociación ilícita, preguntó a través de su desopilante cuenta de twitter si también lo sería el 46% de los argentinos que la votó en 2007 y el 54% que la votó en 2011. La traducción de ese curioso interrogante sería esta: “Como el pueblo me votó, soy impune”.

Pero el Estado de Derecho se apoya sobre otras premisas. Se basa en una proposición aparentemente paradojal, que es de muy reciente data en la historia de la humanidad: que el Estado, que crea el Derecho, al mismo tiempo se somete a él. Es el Estado como abstracción y los concretos funcionarios que adoptan las decisiones. La señora de Kirchner podría haber sido votada por el 99% y ese dato no debería influir para nada en el ánimo de los jueces que deben juzgarla. Sabemos que esto no ocurrió en el pasado, pero es una patología que debemos superar.

Otra mala noticia le ha traído este final de año a quien se caracterizó a sí misma como una abogada exitosa: la Cámara de Casación resolvió que se reabra la causa iniciada por la denuncia del fiscal Nisman por encubrimiento del atentado contra la AMIA. Aconsejo la lectura de los votos de la mayoría del tribunal. Son de una impecable lógica jurídica y echan por tierra, uno a uno, los amañados argumentos del juez Rafecas, ahora apartado de esa causa, para disponer el archivo del proceso.

Era absurdo que no pudiera desarrollarse la investigación. El fallo no condena a Cristina Kirchner por el delito denunciado: solo determina que se debe investigar. Puede ser que se pruebe ese encubrimiento en el estricto plano penal o no. En ese ámbito, impera con gran rigor el principio de legalidad y toda duda se resuelve en favor del imputado. Lo que no podrá jamás explicar la ex presidente a sus conciudadanos es qué razones la condujeron a pactar con aquellos a quienes la justicia argentina señala como autores intelectuales del atentado, sirviéndoles un puente de plata para alcanzar la impunidad y un salvoconducto para que se trasladaran sin problemas por el mundo. Tienen que ser razones muy oscuras, porque la obligaron a contradecir sus posiciones previas y a la infamia de erigir como moneda de cambio de contraprestaciones que ignoramos el dolor de los deudos de una de las mayores tragedias ocurridas en nuestro país.